Los abogados de los detenidos en Guantánamo afirman que la redada
realizada por el Reino Unido en su oficina fue ilegal
Daniel De Simone
Corresponsal de investigaciones, Tribunales Reales de Justicia
BBC News
6 de febrero de 2026
Las autoridades estadounidenses acusan a Abu Faraj al-Libi de ser un alto cargo de Al Qaeda.
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El Gobierno entró ilegalmente en el despacho de una abogada y se incautó de documentos legales de
su caja fuerte en un importante caso de seguridad nacional, según ha informado
el Tribunal Superior.
El caso se centra en las acusaciones de complicidad de los servicios de inteligencia del Reino Unido en
la tortura por parte de la CIA del presunto miembro de Al Qaeda Abu Faraj al-Libi,
que se encuentra recluido en Guantánamo.
Durante una vista celebrada en Londres, su abogada, Jesse Nicholls, afirmó que los agentes de seguridad del
Gobierno habían llevado a cabo una “entrada, registro, inspección y
confiscación ilegales” de documentos.
El juez Chamberlain ordenó que se le devolviera “todo el material” sustraído de la caja fuerte de la abogada.
Ordenó una nueva audiencia para el 25 de marzo, en la que se considerará si las acciones del Gobierno
fueron ilegales.
La abogada afectada es Rachel Toney, que representa los intereses de al-Libi en audiencias secretas a
las que ni él ni sus propios abogados pueden asistir.
Al igual que muchos casos en los que intervienen el MI5 y el MI6, este se celebra en parte en secreto
para permitir al Gobierno utilizar pruebas que considera demasiado delicadas
para revelarlas públicamente o a al-Libi y sus abogados.
El acceso a la parte cerrada del caso solo está disponible para el juez, el gobierno y los abogados
con autorización de seguridad conocidos como defensores especiales que
representan a al-Libi. Toney es un defensor especial en este caso y en muchos otros.
Los abogados especiales son independientes de los propios abogados y procuradores de al-Libi, que solo
pueden comunicarse con los abogados especiales mediante mensajes enviados a
través de un intermediario oficial —un funcionario público— para comprobar que
no se revele ningún secreto.
Abu Faraj al-Libi lleva encarcelado sin juicio en Guantánamo desde 2006.
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Agentes de seguridad del Gobierno entraron en el despacho de Toney el mes pasado.
En sus alegaciones escritas, los abogados de al-Libi afirmaron que el Gobierno "procedió a entrar
en su despacho a pesar de que se le había denegado el permiso, abrió su caja
fuerte en su ausencia y se llevó el material de trabajo sobre el que se había
denegado expresamente el consentimiento, tanto en formato electrónico como en papel".
En ausencia de una orden judicial para el registro, argumentaron que la medida era “manifiestamente ilegal”.
Afirmaron que el equipo del Gobierno había revisado material protegido por el secreto profesional y había
accedido a su ordenador portátil antes de proceder a borrar múltiples archivos.
El Gobierno confiscó y borró documentos relacionados con otro caso en el que trabajó Toney, el de un
palestino llamado Abu-Zubaydah, que fue torturado por la CIA.
La BBC reveló en enero que
el Gobierno británico le había pagado una «considerable» indemnización para
resolver un caso en el que él afirmaba que el MI5 y el MI6 eran cómplices de su tortura.
Los abogados de Al-Libi afirmaron que el conocimiento del Gobierno sobre los programas de tortura de la
CIA es clave para su caso, y que el hecho de que Toney esté al corriente de
este asunto significa que está “al menos tan familiarizada” con el material
relevante como los propios abogados del Gobierno.
Argumentaron que, por lo tanto, la incautación se vio “agravada en gran medida por las circunstancias y
parece haber tenido un motivo dudoso o indebido”. Afirmaron que este motivo era
“obtener una ventaja procesal” en un momento en el que Toney estaba siendo
eficaz y, por lo tanto, resultaba “molesto” para el Gobierno.
Preguntaron si el fiscal general Lord Hermer estaba al corriente de antemano y había dado su consentimiento.
Abu Zubaydah permanece recluido en Guantánamo desde 2006.
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En una nota legal redactada por Toney y su compañero abogado especial, afirmaron que su acceso al material
de Abu Zubaydah ha sido “como era de esperar” importante, dadas las similitudes
entre su caso y el de al-Libi.
Afirmaron que las acciones del Gobierno eran “sin precedentes” y que “la conclusión inevitable es que la
señorita Toney ha sido objeto de un trato especial".
“Nos preocupa que la motivación sea obtener una ventaja en el litigio y, sea o no esa la motivación, ese es claramente el
efecto”, añadieron.
Dijeron que, tal es su “inquietud» por lo ocurrido, que están «considerando renunciar a este caso”.
En una carta dirigida a los abogados de al-Libi, a la que ha tenido acceso la BBC, el Gobierno afirma que los servicios de
inteligencia no han dado su consentimiento para el uso del material revelado en
el caso Abu Zubaydah, y que su postura es que Toney no tiene derecho a utilizar
dicho material.
Durante la vista, Rory Phillips KC, en representación del Gobierno, afirmó que el registro y la incautación fueron
llevados a cabo por una sección jurídica independiente del Gobierno que se
ocupa de los abogados especiales. El juez le planteó que la persona que acudió
al despacho de Toney era «su agente», pero él lo negó.
Al final de la vista, tras una sesión a puerta cerrada a la que la BBC no tuvo acceso, el juez Chamberlain dijo que
Toney podía utilizar el material para preparar una vista sobre el caso que se
celebrará a finales de este mes. Afirmó que esta decisión contaba con el
consentimiento del Gobierno, que ahora también accedía a devolverle los documentos.
Al-Libi, ciudadano libio, lleva encarcelado sin juicio en Guantánamo desde 2006. Fue capturado por las fuerzas especiales
paquistaníes en mayo de 2005 y trasladado a custodia estadounidense a los pocos días.
Al-Libi alega que sufrió torturas y malos tratos extremos mientras estuvo recluido en prisiones secretas de la CIA
conocidas como «sitios negros» en varios países, mientras que el MI5 y el MI6
le enviaban preguntas para utilizar durante sus interrogatorios.
Las autoridades estadounidenses afirman que era un alto cargo de Al Qaeda y que mantenía una relación duradera con Osama
Bin Laden.
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