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El asesinato de Anastasio Hernández Rojas
Los límites de la responsabilidad
Joseph Nevins
CounterPunch
28 de abril de 2012
Traducido del inglés para Rebelión
por Germán Leyens
Informes de testigos presenciales y secuencias en vídeo mostrados en un
documental de PBS la semana pasada suministran pruebas estremecedoras de que
agentes federales de EE.UU. golpearon brutalmente a Anastasio Hernández Rojas,
le aplicaron cinco veces choques eléctricos con taser y finalmente lo mataron
–mientras yacía en el suelo con sus brazos esposados detrás de su espalda– en
mayo de 2010. Las revelaciones en Crossing the Line at the Border [Cruzando la
línea en la frontera] constituyen un convincente desmentido de la historia
oficial de lo que ocurrió, y han causado legítimamente llamados a que se
establezcan las responsabilidades. Entre las preguntas que resultan de esos
llamados están, qué significa la responsabilidad en un caso semejante, y cuáles
deberían ser los parámetros del proceso – es decir ¿es un objetivo esencial que
se impidan futuros casos de brutalidad?
Nacido en México, Hernández Rojas llegó a EE.UU. a los 16 años. Durante más
de 27 años vivió y trabajó en ese país, donde se casó y tuvo cinco hijos. En
mayo de 2010, después de perder su trabajo en la construcción, fue arrestado por
robo en tiendas. Cuando un control de sus antecedentes mostró que estaba en el
país sin autorización oficial, la policía lo entregó a las autoridades
federales, que lo deportaron a México. Al no estar dispuesto a aceptar el exilio
de su mujer e hijos, Hernández Rojas volvió rápidamente a cruzar hacia EE.UU.,
pero agentes de la Patrulla Fronteriza lo interceptaron en un área remota
mientras trataba de volver a casa.
Según se ha informado, en el centro de detención, un agente atacó e hirió a
Hernández Rojas, lo que lo llevó a expresar el deseo de interponer una queja.
También se informa que el mismo agente fue uno de los dos que lo condujeron de
vuelta –solo– al punto de entrada en San Ysidro (la parte más al sur de San
Diego) para volver a deportarlo. Fue allí, a solo unos metros de la verdadera
frontera con México, donde tuvo lugar el letal asalto nocturno, en el que
participaron más de una docena de agentes.
Un informe del Médico Legista del Condado de San Diego concluyó que la muerte
de Hernández Rojas fue un caso de homicidio – provocado por los electrochoques
con el taser . (Según un informe de Amnistía Internacional, 334 personas
murieron en EE.UU. después de sufrir choques con un taser , que supuestamente es
un artefacto no letal, u otras armas similares de conducción de energía entre
junio de 2001 y agosto de 2008). El padre de 42 años también tenía costillas
rotas; varios dientes sueltos; magulladuras sobre todo su cuerpo y cabeza, y
daños en su columna vertebral.
Lo que permitió que la golpiza y la electrocución no fueran cuestionadas
legalmente fue la aceptación por autoridades a diversos niveles del relato sobre
los eventos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés). Según la historia oficial de la oficina, los agentes hicieron
lo que hicieron porque Hernández Rojas sin esposas “se volvió combativo” y el
uso de las porras y del taser fue necesario “para someter al individuo y
mantener la seguridad de los agentes”.
La naturaleza flagrante de la brutalidad, el encubrimiento de lo ocurrido, y
lo que parecen ser evidentes violaciones de la ley han ayudado a provocar una
protesta generalizada. Desde conferencias de prensa hasta una petición en línea
y una miríada de informes noticiosos, la presión aumenta sobre las autoridades
federales para que realicen una investigación exhaustiva de la muerte de
Hernández Rojas.
De un modo más amplio, intercesores –como John Carlos Frey, documentalista y
periodista investigativo involucrado en la producción de Crossing the Line at
the Border – apuntan a una cultura institucional de impunidad que permite que
asesinatos por agentes de la Patrulla Fronteriza pasen sin ser virtualmente
examinados fuera de la oficina. Frey también destaca el apresuramiento por
reclutar cada vez más agentes después del 11-S, y la reducción de los estándares
de reclutamiento y capacitación, en el intento de explicar “por lo menos ocho
casos documentados de extremo uso de la fuerza contra migrantes desarmados y no
combativos, que llevaron a la muerte” a manos de la Patrulla Fronteriza desde
mayo de 2010.
No se sabe si los responsables por las muertes fueron o no agentes
relativamente nuevos reclutados y entrenados usando criterios menos rigorosos ya
que la CBP ni siquiera ha entregado los nombres de los agentes involucrados.
Pero, y tal vez más importante, el efecto de una argumentación semejante es
sugerir que agentes mejor cualificados constituyen la respuesta al problema.
No cabe duda que una selección rigurosa de los candidatos y buena
capacitación, y alguna especie de supervisión pública, es muy preferible a su
carencia. Pero al privilegiar factores semejantes, lo que se oculta es la
violencia diaria –y la muerte y el sufrimiento– que los aparatos de control
fronterizo y de la inmigración causan a través de sus prácticas normales.
Durante las últimas dos décadas, muchos miles de migrantes han perdido sus
vidas tratando de atravesar las tierras fronterizas entre EE.UU. y México para
entrar a EE.UU. – a fin de encontrar trabajo o unirse con sus seres queridos.
Las autoridades de EE.UU. han enviado millones al exilio, muchos de ellos
antiguos residentes en el país, que apenas tienen lazos existentes con sus
países natales. Al hacerlo han separado a cientos de miles de niños de sus
padres. También han reducido la duración de las vidas de muchos deportados: en
un caso particularmente escandaloso, uno de los primeros individuos “removido” a
Haití después que el gobierno de Obama reanudó las deportaciones al país
devastado por el terremoto en 2011, perdió su vida debido al cólera poco después
de su llegada.
La ley y la naturaleza institucionalizada de las prácticas que producen esos
resultados ayudan a ocultar la violencia que encarnan – y la muerte y
sufrimiento relacionados. Pero solo el hecho de que muchos no vean la violencia
por lo que es –causa de muerte– no significa que sea nada menos.
Desde el establecimiento de la frontera entre EE.UU. y México, la matanza de
gente y la negación de vida han sido centrales en lo que se refiere a la línea
divisoria internacional. Después de todo, su fundamento necesitó una guerra de
conquista y el desposeimiento de las poblaciones nativas y mexicanas en las
tierras fronterizas. Y, ante tantos que se niegan a aceptar la injusticia
original, su conservación ha requerido diversas formas de violencia sobre una
base regular desde entonces. De un modo más amplio, en un mundo de profunda
desigualdad, basado en la producción de diferencias como las que se basan en
raza, clase, y nación, la frontera refleja y ayuda a reproducir quién obtiene
qué en términos de derechos y recursos, y la naturaleza misma de la vida y la
muerte – y los diversos estados entre ellas.
Anastasio Hernández Rojas nació del lado equivocado de la frontera que divide
a la gente y los sitios de privilegio de los de la desventaja. Por lo tanto,
como innumerables otros desde el punto de vista de la clase gobernante de
EE.UU., llegó a ser desechable. Cuando las autoridades estadounidenses
deportaron a Hernández Rojas a México y lo privaron de su derecho a estar con su
familia, le negaron efectivamente su derecho a vivir. Y cuando lo golpearon y
electrocutaron hasta la muerte, también lo hicieron.
Para obtener justicia –lograr auténtica responsabilización– para el asesinato
de Anastasio Hernández Rojas hay que ir mucho más allá de los parámetros de su
caso en particular. Requiere que impugnemos el sistema socio-territorial que lo
convirtió en desechable para comenzar. De otra manera, terminaremos por
confirmar y fortalecer una frontera que asegura la vida de algunos, y envía a
otros a la muerte.
…………..
Joseph Nevins enseña geografía en Vassar College. Es autor de Dying to Live:
A Story of U.S. Immigration in an Age of Global Apartheid (City Lights Books,
2008) y Operation Gatekeeper and Beyond: The War on “Illegals” and the Remaking
of the U.S.-Mexico Boundary (Routledge, 2010).
Este artículo fue publicado originalmente por NACLA.
Fuente: http://www.counterpunch.org/2012/04/26/the-killing-of-anastasio-hernandez-rojas/
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