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09-10-2008
Proyecto Censurado 2009
Agarrando activos a los manifestantes contra la guerra
Michel Chossudovsky/Matthew Rothschild
Global Research/The Progressive
El presidente Bush ha firmado dos órdenes ejecutivas que facultan al departamento del Tesoro
para apoderarse de los bienes de cualquier persona percibida –directamente o
indirectamente– como una amenaza para las operaciones de EEUU en el Oriente
Medio.
La primera de estas órdenes ejecutivas, titulada "Bloqueando las
propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en
Iraq" y firmada por Bush el 17 de julio de 2007, autoriza a la secretaría
de Hacienda, en consulta con el departamento de Estado y el Pentágono, a
confiscar los activos de los ciudadanos y de las organizaciones de EEUU que
"directa o indirectamente" planteen un riesgo a las operaciones de
EEUU en Iraq.
Las órdenes de Bush
"He emitido una orden ejecutiva bloqueando las propiedades de determinadas
personas 1) por haber cometido o planteado un riesgo significativo de
confianza, un acto o actos de violencia con el propósito o el efecto de
amenazar la paz o la estabilidad de Iraq o el gobierno de Iraq o de minar los
esfuerzos por promover la reconstrucción económica y reforma política en
Iraq... o 2) por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído
financiamiento, material, logística o apoyo técnico, o las mercancías o
servicios en apoyo de un acto o de actos de violencia o de cualquier persona
cuyas propiedades e intereses sean bloqueadas conforme a esta orden..."
La sección cinco de esta orden anuncia que "... debido a la capacidad de
transferir fondos u otros activos instantáneamente, el aviso previo a tales
personas sobre las medidas a ser tomadas conforme a esta orden haría estas
medidas ineficaces. Y por lo tanto, se determina... no necesitarse ningún aviso
previo sobre el listado o la determinación [de bloqueo de bienes]... "
El 1 de agosto Bush publicó otra orden ejecutiva similar, titulada
"Bloqueando la propiedad de las personas que minan la soberanía del Líbano
o sus procesos e instituciones democráticas". Aunque el texto de esta
orden en su mayor parte es idéntico al de la primera, la orden respecto a El
Líbano es más severa.
Mientras ambas órdenes eluden el derecho constitucional al debido proceso que
establece la ley, otorga a la secretaría de Hacienda la autoridad de hacerse de
las propiedades de esas personas que planteen un riesgo de violencia, o a lo
que se entienda de cualquier manera vaga como oposición a la agenda de EEUU. La
orden del 1 de agosto apunta a cualquier persona determinada por haber
incurrido, o por plantear un riesgo significativo de tomar alguna acción violenta
o no violenta que mine las operaciones en El Líbano. Autoriza a congelar
también los activos "de un esposo o de un niño dependiente" de
cualquier persona cuyos bienes se incauten y esta orden ejecutiva sobre El
Líbano también prohíbe el abastecimiento de alimentos, abrigo, medicinas o
cualquier ayuda humanitaria a quienes cuyos activos hayan sido confiscados,
incluyendo a los "niños dependientes" referidos arriba.
Escrita de una manera vaga y peligrosamente abierta para la más amplia
interpretación, esta orden inconstitucional permite apuntar arbitrariamente
contra cualquier estadounidense para despojarlo de todas sus pertenencias y
relegarlo al ostracismo de la sociedad. Bruce Fein, abogado constitucionalista
y ex funcionario del departamento de Justicia en la administración Reagan, dijo
de la orden: "Esto está increíblemente escalonando. Nunca he visto nada
tan amplio. Se amplía más allá del terrorismo, más allá de intentar utilizar
violencia o la amenaza de violencia para intimidar a la población".
En un editorial para el Washington Post, Fein dijo: "La persona sometida a
una congelación de sus activos es convertida en un leproso. Las sentencias de
muerte financiera son emitidas por secretaría imponiéndose sin aviso ni ninguna
oportunidad de responder sobre la base del proceso debido. Desean dar el
garrotazo como un relámpago. Cualquier persona cuyos activos se congelen
inmediatamente enfrenta una atroz comprensiva. La víctima no puede recibir
ayuda ni sus eventuales benefactores pueden proporcionarle fondos, mercancías o
servicios de ninguna clase. Un abogado no puede proporcionar servicios
jurídicos para desafiar la acción de bloqueo por secretaría. Un doctor no puede
proporcionar servicios médicos en respuesta a un fallo cardiaco". Fein
agrega: "El departamento de Justicia rutinariamente confía en que las
órdenes ejecutivas que revisa sean consistentes con la Constitución. ¿Estará
durmiendo el Abogado General?" (1). (Véase la historia # 8).
Actualizaciòn de Matt Rothschild
Ésta es una historia que virtualmente no fue recogida –que se sepa– por ninguno
de los grandes medios de prensa corporativos. Cuando viajé alrededor del país
para dar conferencias el verano pasado y traje a colación el tema de esta orden
ejecutiva, la gente no podía creerlo y se preguntaba porqué no habían oído
hablar de él. Todavía estoy preguntando eso mismo.
Aquí hay un par de buenos lugares para ir a las ediciones relacionadas con esta
historia: The American Civil Liberties Union, www. aclu.org y The Center for
Constitutional Rights, www.ccrjustice.org.
Cita:
1. Bruce Fein, “Our Orphaned Constitution,” Washington Times, August 7, 2007
Fuentes:
Global Research, July 2007
Título: “Bush Executive Order: Criminalizing the Antiwar Movement”
Autor: Prof. Michel Chossudovsky
The Progressive, August 2007
Título: “Bush’s Executive Order Even Worse Than the One on Iraq”
Autor: Matthew Rothschild
Estudiantes investigadores: Chris Navarre y Jennifer Routh
Evaluador académico: Amy Kittlestrom, Ph.D.
Título original: Seizing War Protesters’ Assets
Traducción: Ernesto Carmona (especial para Argenpress.info)
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