Ahora es oficial: Los Estados Unidos es un estado policial
02/16/10
Paul Craig Roberts
Los norteamericanos han estado perdiendo la protección de la ley por años. En el
siglo XXI la pérdida de las protecciones legales aceleradas con la "guerra
antiterrorista” del régimen de Bush, la cual continúa bajo el gobierno de
Obama, es esencialmente una guerra contra la Constitución y las libertades
civiles de los EE.UU.
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Aafia Siddiqui |
El régimen de Bush estaba determinado a viciar el habeas
corpus para detener a gente indefinidamente, sin acusarlos. El régimen había
adquirido centenares de presos pagando recompensas por los terroristas. Los
señores de la guerra y matones afganos respondieron al ofrecimiento financiero
por capturar a gente desprotegida y vendiéndola a los norteamericanos.
El régimen de Bush necesitaba detener a los presos sin
acusarlos porque no tenía pruebas contra la gente y no quiso admitir que el
gobierno de los EE.UU. había pagado estúpidamente a los señores de la guerra y
matones para secuestrar a gente inocente. Además, el régimen de Bush necesitaba
prisioneros “terroristas” para "probar" que había una amenaza
terrorista.
Como no habían pruebas contra los “detenidos” (la mayoría
ha sido liberada sin acusaciones después de varios años de detención y abusos),
el gobierno de los EE.UU. necesitaba revertir las leyes estadounidenses e
internacionales contra las torturas, para que el gobierno pudiera producir
pruebas vía la auto-incriminación. El régimen de Bush encontró a abogados
inhumanos y de mentes totalitarias y los puso a trabajar en el Departamento de
Justicia de los EE.UU. (sic), para inventar los argumentos que el régimen de
Bush necesitaba para no obedecer la ley.
El régimen de Bush creó una nueva clasificación para sus
detenidos que justificaba el negarles una protección legal y el correspondiente
proceso a los detenidos. Como los detenidos no eran ciudadanos de los E.E.U.U.
y eran demonizados por el régimen como “los 760 hombres más peligrosos en la
tierra”, hubo una mínima protesta pública sobre las acciones inconstitucionales
e inhumanas del régimen.
Como nuestros Padres Fundadores y una lista larga de
eruditos advirtieron, una vez que se violan las libertades civiles, estas son
violadas para todos. Pronto comenzaron a detener a los ciudadanos de los
EE.UU., siendo detenidos indefinidamente en violación a su derecho del habeas
corpus. La Dra. Aafia Siddiqui, una ciudadana norteamericana de origen
paquistaní, pudo haber sido la primera.
La Dra. Siddiqui, un científico educado en el MIT y
Brandeis University, fue detenida en Paquistán por ninguna razón sabida,
enviada a Afganistán, y allí fue detenida secretamente por cinco años en la
tristemente célebre prisión militar de Bagram de los EE.UU. en Afganistán. Sus
tres hijos, uno de apenas 8 meses de edad, estaban con ella cuando la
secuestraron. Ella no tiene idea de qué ha pasado con sus dos hijos menores. Su
hijo mayor, de 7 años, también encarcelado en Bagram, fue sujeto de abusos y
horrores similares.
Siddiqui nunca ha sido acusada de un crimen relacionado
con el terrorismo. Un periodista británico, que oyó sus gritos cuando la
torturaban, divulgó la existencia de la Dra. en la prisión. Un gobierno
avergonzado de los EE.UU. respondió al revelador reportaje enviando a Siddiqui
a los EE.UU., para un juicio bajo el inventado cargo de que, mientras estaba
prisionera, ella agarró el rifle de un soldado norteamericano y disparó dos
tiros, intentando dispararle al soldado. La acusación, al parecer, originó la
excusa de que un soldado estadounidense le disparara a la Dra. Siddiqui dos
veces en el estómago, dando por resultado que ella estuviera cerca de la
muerte.
El pasado 4 de febrero, un jurado de Nueva York declaró
culpable a la Dra. Siddiqui de intento de asesinato. Las únicas pruebas
presentadas contra ella eran la acusación misma y una demanda insostenible de
que ella había tomado una vez un curso para disparar pistolas en un centro de
entrenamiento de tiros en los EE.UU. No se presentó ninguna prueba de que su
huella dactilar en el rifle que esta frágil y doliente mujer de 100 libras,
alegadamente, había agarrado de un soldado americano. No se presentó ninguna
prueba de que un arma había sido disparada, ninguna bala, ningún casquillo de
bala, ningún agujero de bala. Apenas una acusación.
Wikipedia dice lo siguiente sobre el juicio: “El juicio
tomó un giro inusual cuando un funcionario del FBI afirmó que las huellas
dactilares tomadas del rifle, que presumiblemente fue utilizado por Aafia para
disparar a los interrogadores de los EE.UU., no concordaban con los de ella”.
Un jurado norteamericano ignorante y fanático la condenó
por ser una musulmán. Éste es la clase de “justicia” que siempre resulta cuando
el ministerio de propaganda del estado [los grandes medios de comunicación
corporativos, Nota del Editor] inflaman el temor y demonizan a un grupo.
La gente que debió haber sido enjuiciada es la gente que
la secuestró, que desapareció a sus niños más pequeños, que la envío a través
de las fronteras internacionales, que violó sus libertades civiles, que la
torturó al parecer por diversión, que la violó, e intentó asesinarla con dos
tiros en su estómago. En lugar de eso, llevaron a juicio a la víctima y la
condenaron.
Éste es el sello inequívoco de un estado policial. Y esta
víctima es una ciudadana norteamericana.
El asesinato de ciudadanos como una "política definida"
Cualquier persona puede ser el siguiente. De hecho, el 3
de febrero Dennis Blair, director de la Inteligencia Nacional dijo a la
Comisión de Inteligencia de la Casa de Representantes, que ahora era una
“política definida” que el gobierno de los EE.UU. puede asesinar a sus propios
ciudadanos, sobre la única base de que alguien a juicio del gobierno resuelva
que es una amenaza para los EE.UU. Ninguna detención, ningún juicio, ninguna convicción,
solo una ejecución bajo la sospecha de ser una amenaza.
Sí, el gobierno de EE.UU. ha asesinado a sus ciudadanos,
pero la política “definida” de Dennis Blair es una novedad intrépida. El
gobierno, por supuesto, niega que se propusiera matar a los Davidianos, a la
esposa e hijo de Randy Weaver, o a las Panteras Negras. El gobierno dice que
Waco fue una tragedia terrible, un resultado involuntario causado por los
propios Davidianos. El gobierno dijo que lo de Ruby Ridge fue el error de Randy
Weaver de no aparecer ante un tribunal en un día que no fue debidamente
informado a él. Las Panteras Negras, el gobierno dice, eran unos criminales
peligrosos que insistieron en disparar.
En ninguna previa muerte de un ciudadano de los EE.UU. a
manos del gobierno de los EE.UU., el gobierno ha reclamado el derecho de matar
a los norteamericanos sin detenerlos, enjuiciarlos, y declararlos culpables de
un crimen capital.
En cambio, Dennis Blair ha dicho al Congreso de los
EE.UU. que el Poder Ejecutivo ha asumido el derecho de asesinar a los
norteamericanos que juzguen como una “amenaza.”
¿Qué define una “amenaza”? ¿Quién tomará la decisión?
¿Qué significa que el gobierno asesinará a quienquiera que elija?
No hay mejor evidencia de la existencia de un estado
policial cuando el gobierno anuncia que asesinará a sus propios ciudadanos si
los ven como una “amenaza”.
Es irónico ver cómo la “la guerra antiterrorista” para
hacernos más seguros termine en un estado policial, con el gobierno declarando
que tiene el derecho de asesinar a los ciudadanos norteamericanos que ellos
consideren como una amenaza.
Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en
el gobierno de Reagan. Es coautor de “The Tyranny of Good Intentions.” Su nuevo libro “How the Economy
was Lost,” será publicado por AK Press / CounterPunch. Para
contactos, escriba a: PaulCraigRoberts@yahoo.com
Texto original en inglés: http://vdare.com/roberts/100208_police_state.htm
Traducción: A. Mondragón
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