Argumentan sobre robo de identidad
Magistrados analizan el caso del mexicano Carlos Flores, condenado a dos años
de cárcel
- Maribel Hastings/Corresponsal de La Opinión |
- 2009-02-26
- | La Opinión
El uso de documentos falsos en EEUU conlleva hasta dos años de prisión,
aunque se desconozca que se está violando la privacidad de personas reales.
[Foto: Archivo/La Opinión] |
WASHINGTON, D.C.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación escuchó ayer
argumentos sobre un caso que pretende establecer si los indocumentados que usan
documentos falsos deberían ser acusados de robo de identidad agravado, que
conlleva hasta dos años de cárcel, aunque desconozcan que están violando la
privacidad de personas reales.
La presentación de argumentos en el caso se produjo en el marco de la primera
redada migratoria que se realiza en la administración de Barack Obama en
Bellingham, estado de Washington, y que resultó en la detención de 28
trabajadores. La acción generó severas críticas de grupos pro inmigrantes.
Incluso del diario The New York Times, que sostuvo en un editorial que el
gobierno federal está haciendo mal uso de la ley de 2004 con el único objetivo
de "presionar a los indocumentados para que accedan a una deportación
expedita".
El máximo tribunal busca determinar si para probar que hubo robo de identidad
agravada, el gobierno debe demostrar que el acusado sabía que la identificación
falsa pertenecía, en efecto, a otra persona.
Los representantes legales del mexicano Carlos Flores Figueroa, en el centro
del caso, así como grupos de defensa de inmigrantes, argumentan que al llevar a
cabo redadas migratorias, las autoridades federales están echando mano del cargo
de robo de identidad agravado, a fin de que los detenidos se declaren culpables
de delitos migratorios menores, de manera que puedan ser deportados en forma
expedita.
Mientras tanto, ayer grupos como el Foro Nacional de Inmigración y el Consejo
Nacional de la Raza (NCLR) recordaron que Obama prometió una política migratoria
justa y más humana, y aunque el presidente ni siquiera mencionó la reforma
migratoria en su discurso al país, esperan que cumpla con su promesa de
campaña.
"¿Qué pueden pensar los votantes latinos e inmigrantes? Ellos acudieron a las
urnas de una manera sin precedentes y votaron por un cambio, pero aparentemente
este ‘cambio’ parece ser ‘más de lo mismo’", indicó Ali Noorani, director
ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.
"En momentos en que abundan los mensajes de cambio y esperanza, uno se
pregunta cómo llegará el cambio a estas políticas fallidas", dijo, por su parte,
Janet Murguía, presidenta del NCLR.
"Necesitamos acciones inmediatas que apoyen el compromiso personal que le
hizo el presidente Obama al electorado, incluyendo a los más de 10.5 millones de
votantes latinos, de que una reforma migratoria justa y humana sería una
prioridad", declaró Jorge-Mario Cabrera, portavoz de la Coalición Pro Derechos
Humanos de Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).
The Associated Press reportó que la secretaria del Departamento de Seguridad
Interna (DHS), Janet Napolitano, ordenó una revisión de la redada en Bellingham.
Obama y Napolitano han hablado de promover una política migratoria que ponga
mayor énfasis en los empleador es que contratan indocumentados y no tanto en los
empleados.
Entre tanto, el máximo tribunal sólo escuchó los argumentos del caso del
inmigrante mexicano, Ignacio Carlos Flores Figueroa, quien tras años de trabajar
con un nombre y documentos falsos, decidió usar su verdadero nombre, pero con
documentos falsos que resultaron pertenecer a una persona real.
Por lo general, muchas de las tarjetas falsas de Seguro Social o de
residencia a las que infinidad de indocumentados recurren para trabajar, emplean
números al azar que no pertenecen a nadie, pero hay instancias en que sí son de
una persona.
En el caso de Flores Figueroa, a su antiguo empleador le pareció sospechoso
el cambio de documentos, y al investigar se determinó que pertenecían a otra
persona.
Flores Figueroa fue acusado de robo de identidad agravado bajo la ley del
mismo nombre correspondiente a 2004. El Tribunal de Apelaciones del Octavo
Circuito sostuvo la condena.
Pero los abogados del inmigrante mexicano argumentan que si bien su cliente
es culpable de emplear documentos falsos, no lo es de robo de identidad agravado
porque él no sabía que los documentos pertenecían realmente a otra persona, y
tampoco los utilizó para emplear tarjetas de crédito o robar los ahorros a esa
persona.
Kevin Russell, el abogado de Flores Figueroa, argumenta que la ley de 2004
sobre robo de identidad agravado se estableció para aumentar los castigos contra
quienes, a sabiendas, invaden la privacidad de alguna persona para robarle su
dinero o endeudarlas.
Pero ese no es el caso de muchos indocumentados, agregó.
No obstante, el abogado del Departamento de Justicia, Toby Heytens, argumentó
que hay que ver las cosas desde la perspectiva de la víctima, cuya identidad
está siendo violentada, a sabiendas o no.
Tara Tidwell Cullen, abogada del National Immigrant Justice Center, dijo a La
Opinión que no pueden ofrecer una cifra aproximada de cuántos inmigrantes
podrían verse afectados por la decisión de la Suprema Corte esta primavera, pero
que ciertamente el cargo de robo de identidad agravado se ha estado empleando en
redadas migratorias a través del país.
"Si la Suprema Corte decide aceptar la interpretación que ha hecho el
gobierno del estatuto [sobre robo de identidad] y que vimos en el caso de la
redadas en Postville, Iowa, es una táctica que el gobierno empleará para forzar
a los inmigrantes a declararse culpables de otros cargos menores que agilizan su
deportación", indicó la abogada.
En el caso de Postville, indicó, de las aproximadamente 400 personas que
fueron arrestadas, 300 fueron acusadas de robo de identidad agravado.
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