Arpaio quiere cobrar a México
Desencuentro con el cónsul en Phoenix desata polémica por manutención de reos
El sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, insiste en mantenerse bajo el reflector, esta vez confrontando a
funcionarios mexicanos con la amenaza de que podría solicitar al gobierno de
México un reembolso por los gastos generados por los reos originarios de ese
país en su jurisdicción.
A pesar de los cientos de demandas y de la investigación del Departamento de Justicia
(DOJ) en su contra, Arpaio está convencido de que actúa conforme a la ley. Por
esta razón, manifestó su indignación al enterarse de una carta enviada a la
Junta de Supervisores de Maricopa, firmada por el cónsul General de México en
Phoenix, Carlos Flores Vizcarra.
En la misiva, fechada el 23 de febrero, el diplomático mexicano expresa su
indignación por el traslado de inmigrantes encadenados el pasado 4 de febrero,
a la prisión al aire libre conocida como Tent City, en lo que calificó como
"la más aberrante burla a la dignidad de los prisioneros que se haya
registrado", y en la que considera que el trabajo de la Oficina del
Sheriff en el Condado de Maricopa (MCSO) con base en el acuerdo 287(g) —que
permite que autoridades locales realicen funciones de la autoridad de
inmigración—, promueve una campaña contra los inmigrantes.
"La altamente publicitada marcha de reos pertenecientes a cierto grupo étnico fue
una reminiscencia de las prácticas bárbaras e inhumanas que pensamos habían
sido superadas por la sociedad civilizada", señala la carta del cónsul. "Estas
prácticas son claramente violatorias de las leyes de privacidad, de los
derechos civiles consignados en la Constitución de Estados Unidos y de los
estándares internacionales de trato a los prisioneros".
El pasado 10 de marzo, la oficina de Arpaio respondió a las acusaciones del cónsul
a través de la difusión de un comunicado y de la publicación de una carta
enviada al propio diplomático, en la cual hace referencia a un supuesto trato
preferencial recibido hasta ese momento por parte de los funcionarios mexicanos
para visitar a los detenidos de ese país, prerrogativa que, asegura, será
eliminada.
"Y también le aviso de otros cambios. Buscaremos un reembolso total por parte del
gobierno mexicano por cada ciudadano mexicano cuya estancia ilegal en el país
haya sido determinada y se encuentre encarcelado en las prisiones de
Maricopa", señala la carta de Arpaio.
"Existen en promedio 2 mil inmigrantes ilegales originarios de México [en las cárceles]
y como usted sabe, el estado de Arizona enfrenta problemas financieros sin
precedente. Me veo forzado a buscar maneras de aligerar la carga a nuestros
contribuyentes, y usted ciertamente estará de acuerdo en que es injusto pedir a
los estadounidenses que trabajan duro, que sigan pagando por alojamiento,
comida y atención médica a los criminales de su país", continúa la misiva.
Durante una conversación telefónica con La Opinión, Arpaio dijo que es posible que esa
medida no sea aplicada por su oficina, "pero dado que el cónsul general,
quien era mi amigo, escribió esa carta acusándome de todo, justo cuando acababa
de tomarme un café con él, yo creo que es tiempo de que, si nosotros le damos miles
de millones de dólares al gobierno mexicano, ellos nos reembolsen por los
ciudadanos mexicanos que han cruzado la frontera, especialmente de manera
ilegal, y han cometido un crimen, tal vez sería un buen gesto ayudarnos a
aligerar la carga en mis cárceles, dado que tenemos un problema con la
situación económica en Estados Unidos".
Por su parte, Flores Vizcarra dijo a este diario que por lo que toca a la atención
recibida por parte de la oficina del sheriff hacia el cuerpo consular, éste
nunca ha recibido un trato preferencial, y que hasta el momento no han notado
una limitación palpable o un condicionamiento al acceso que tienen a los
espacios donde se encuentran los reos.
Respecto a la amenaza de pedir un reembolso al gobierno de México debido a los gastos
generados por los reos mexicanos, el cónsul dijo que no existe un antecedente
similar y que una medida así no ha sido tomada ni siquiera durante las firmas
de acuerdos en tratados de paz.
"Aquí aplicarían sobre todo dos criterios: uno, que no sea de excepción, y el otro,
de reciprocidad entre los dos gobiernos", señaló el cónsul. "Yo
acotaría una desproporción de los alcances de este jefe policiaco al dirigirse
al gobierno de un país".
"Parecería sugerirse que él tiene la prerrogativa de que esta petición sea acatada y
atendida, pero no acepto la proporcionalidad", añadió. "Si la
secretaria de Seguridad Interna lo planteara para ser revisado por los
encargados de la diplomacia y los tratados bilaterales, esa pudiera ser la vía;
pero que uno de los tantos alguaciles de Estados Unidos esté pensando así, me
da la idea de que lo que quiere es llamar la atención y pegarle a la
sensibilidad de los contribuyentes arizonenses que pudieran compartir la
idea".
El cónsul enfatizó que el hecho de que como diplomático haya sostenido una
relación cordial con el sheriff —incluso para tomar un café con él, como lo
indicó Arpaio—, no se debe confundir con la imposibilidad de plantear este
reclamo. "Hemos tenido una relación siempre en plano respetuoso, pero
después de las cosas que ha venido haciendo, y por determinación del gobierno
mexicano (…) hemos tomado medidas contundentes para decirle que por ahí no
va", puntualizó.
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