En vez de delincuentes arrestaron a jornaleros
Estudio critica aplicación de ley migratoria por agentes de sheriff
En todo el país, ICE, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, tiene contratos con 63 agencias locales para que
supuestamente ayuden a retirar a peligrosos delincuentes indocumentados de las
calles.
Es el Programa 287g, que ha hecho famoso al sheriff de Arizona, Joe Arpaio, con
quien se firmó el más grande de esos contratos.
Pero en vez de que el resultado sea identificar y retirar de circulación a "lo
peor de lo peor", la mayoría de los programas se activaron en zonas cuyas
tasas de delincuencia ya tendían a la baja, con una creciente población latina.
Además, la mayoría de los arrestados han cometido delitos menores o
infracciones de tráfico.
Esta es la conclusión de un estudio independiente que examinó cómo se ha llevado a
cabo la aplicación de esta sección de la ley migratoria, que fue aprobada como
tal en 1996 pero que de hecho no se puso en práctica sino después del 11 de
septiembre de 2001.
El estudio de la organización no lucrativa Justice Strategies, examinó los
diferentes programas que funcionan en diversos lugares del país y publicó un
estudio de 10 páginas. Además, pidió al gobierno que haga una auditoría oficial
e incluso una investigación dentro de la división de derechos civiles del
Departamento de Justicia.
El comité de seguridad nacional del Congreso ha convocado audiencias el 4 de marzo
para evaluar el programa.
"Creemos que no hay suficiente supervisión de cómo se está aplicando esta
herramienta", dijo Aarti Shahani, autora del estudio. "Incluso
pensamos que ICE no está supervisando lo suficiente las actividades de las agencias
locales".
El reporte proporciona ejemplos de cómo los programas no cumplen con la
expectativa que se tenía al crearlos. Por ejemplo, en Carolina del Norte, según
las estadísticas recopiladas, éste no ha servido realmente para arrestar o
deportar a criminales peligrosos. El 95% de los arrestados han sido por delitos
menores y el 60% del total, violaciones de tráfico.
"Se han dedicado a arrestar a jornaleros y personas que cometieron infracciones al
manejar", indicó Shahani.
El 287 g también se ha vendido como una estrategia de ahorro de recursos, al
reducir la presencia de indocumentados que, supuestamente, le cuestan fondos al
estado.
Pero aunque asumen tareas que más corresponden a agentes federales de inmigración,
las 63 instituciones policiales no reciben dinero de Washington para compensar
los gastos incurridos. En todos los casos, los condados y estados han tenido
que autofinanciarse.
En algunos casos la labor ha tenido un costo elevado, en más de un sentido. En el
condado de Prince William, en el estado de Virginia, el costo aprobado
inicialmente para el programa fue de 1.4 millones de dólares, que se
financiaron con impuestos locales. Pero el costo real ascendió a 6.4 millones.
La junta de supervisores del condado tuvo por ello que aumentar los impuestos a la
propiedad en 5% y reducir el presupuesto de policía y bomberos, todo para
rescatar al programa 287g.
En otras localidades como el condado Morris de Nueva Jersey, el alcalde abandonó
la idea de aplicar el programa, cuando supo que un condado vecino tuvo que
gastar un cuarto de millón de dólares en pagar costos de demandas legales y que
ni ICE ni el gobierno federal, se hacían responsables de esos gastos.
La autora del estudio y Judith Green, directora de Justice Strategies, una
organización que inspecciona programas de justicia criminal, indicaron además
que Arizona, donde el sheriff Arpaio tiene el más publicitado –—y más costoso—
programa, se jacta de haber ahorrado nueve millones de dólares, al acelerar la
expulsión de inmigrantes del sistema penitenciario.
Sin embargo, el informe señala que "esto no cuenta los 30 millones de dólares
que el estado ha usado entre 2007 y 2009 para financiar su alianza con
ICE".
También preocupa el énfasis racial y el ánimo anti inmigrante que rodea la aplicación
del programa, dijo Shahani. En la mayoría de los casos, las localidades que
piden el contrato son lugares donde la población latina está creciendo, pero no
necesariamente donde el delito está en aumento.
"De hecho, la tasa de delincuencia de estos lugares es menor que el promedio
nacional", dijo.
En varios casos, ICE confirió la autoridad a aquellos sheriffs y oficiales que ya
habían manifestado públicamente una actitud anti inmigrante, como es el caso de
sheriff de Phoenix, Arpaio.
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