La asesoría de Alberto González a Bush
sobre cómo evitar
ser procesado por crímenes de guerra
Jason Leopold
Jueves 18 de junio 2009
El 25 de enero de 2002, en un memo a George W. Bush, Alberto González , en ese tiempo el
abogado principal de la Casa Blanca, recomendó negar las protecciones de la
Convención de Ginebra a los prisioneros acusados de ser miembros de al-Qaeda y
el Talibán, pues hacerlo “reduce substancialmente la amenaza de un proceso
criminal en Estados Unidos bajo la Ley de Crímenes de Guerra” y “ofrece una
defensa sólida contra cualquier proceso en el futuro.”
Dos semanas más tarde, Bush firmó un memorando fechado 7 de febrero de 2002 y dirigido al
vice presidente Dick Cheney, en el cual negó a los prisioneros al-Qaeda y
Talibán las protecciones básicas de la Tercera Convención de Ginebra. Ese memo, de acuerdo a un reporte
bipartidista recientemente publicado por el comité de fuerzas armadas del
Senado, abrió la puerta a “considerar técnicas agresivas,” las cuales fueron
desarrolladas con la complicidad del entonces secretario de Defensa Donald
Rumsfeld, la asesora sobre Seguridad Nacional Condoleezza Rice, y otros altos
funcionarios de Bush.
El informe del comité del 11 de diciembre dice: “La orden del Presidente cerró la
aplicación del Artículo Común 3 de la Convención de Ginebra, el cual habría
permitido estándares mínimos de tratamiento humano a los detenidos de al-Qaeda
o del Talibán.
“Aunque la orden del presidente afirmaba que, como ‘cuestión de política, las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos continuarán tratando humanamente a los detenidos
y, a la medida que sea apropiada y consecuente con la necesidad militar, de una
manera consecuente con los principios de la Convención de Ginebra,’ la decisión
de reemplazar una doctrina militar bien establecida, o sea, la conformidad
legal con las Convenciones de Ginebra, con una política sujeta a la
interpretación, impactó el tratamiento de los detenidos que estaban en poder de
Estados Unidos.”
La Corte Suprema dictó en el 2006, en Hamdan v. Rumsfeld, que los prisioneros tenían derecho a las protecciones de las
Convenciones de Ginebra.
Muchas de las directivas políticas clasificadas, como el memorando de González a Bush, ya
se han hecho públicas gracias a la demanda que hizo la Unión de Libertades
Civiles Americanas (ACLU), valiéndose de la Ley de Derecho a Información,
contra la administración de Bush, la cual ha resultado hasta el momento en la
publicación de más de 100.000 páginas de documentos que muestran cómo los
oficiales Bush distorsionaron la ley con el fin de construir un marco legal
para la tortura.
Estos documentos ahora están en el sitio web de la ACLU. Pero cientos de los documentos más explosivos se recopilaron en
el libro Administration of Torture (Administración de Tortura) junto con un
fuerte comentario de Jameel Jaffer, quien dirige el Proyecto de Seguridad
Nacional de la ACLU, y Amrit Singh, un abogado de la organización.
Rumsfeld quería un “producto”
El 14 de febrero de 2002, solo una semana después de que Bush firmó el memorando,
Rumsfeld contactó al mayor general Mike Dunlavey y le pidió asistir a una
reunión el 21 ó 22 de febrero, en la cual iba a estar Rumsfeld, Wolfowitz y
otros funcionarios del Departamento de Defensa. En esa reunión, Rumsfeld le dijo a Dunlavey que quería que
supervisara las interrogaciones en las instalaciones navales de la Bahía de
Guantánamo en Cuba. Los prisioneros capturados por el personal militar estadounidense habían llegado a Guantánamo
un mes antes. Dunlavey era un juez de derecho familiar en el Condado Erie, Pensilvania, cuando recibió la llamada de
Rumsfeld y fue puesto a cargo de los interrogatorios en Guantánamo.
Rumsfeld le dijo a Dunlavey, de acuerdo a la declaración de testigo que dio el 17 de marzo
de 2005 al teniente general de la Fuerza Aérea Randall Schmidt, quien estaba
investigando las quejas del FBI sobre el maltrato en Guantánamo, que el
Departamento de Defensa había agarrado a “varios hombres malos” y el secretario
de Defensa “quería un producto y quería inteligencia ahora.”
Dunlavey, de acuerdo a una copia de esa declaración, dijo que Rumsfeld “quería organizar
las operaciones de interrogación e identificar a los jefes e importantes
militantes del Talibán, y obtener información sobre lo que iban a hacer con
respecto a sus operaciones y estructura. Inicialmente, me dijeron que estaría bajo el mando del SECDEF (el
secretario de Defensa) y del [Mando Sur de Estados Unidos]. Las directrices cambiaron y recibí
instrucciones del presidente de Estados Unidos. El SECDEF me dijo que [el presidente] quería que yo regresara a
Washington, DC cada semana para darle informes… La misión fue conseguir
inteligencia para prevenir otro 11 de septiembre.”
Dunlavey no explicó lo que quería decir con: “Recibí instrucciones del presidente de
Estados Unidos.” Pero sus comentarios sugieren que Bush habría jugado un papel mucho mayor en la interrogación de los
prisioneros de lo que ha admitido. Es más, la declaración de Dunlavey indica que las severas interrogaciones, como el
submarino, pueden haberse realizado más temprano de lo que se sabía previamente
e incluso antes del 1 de agosto de 2002, fecha de la opinión legal escrita por
la Dependencia de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que autorizaba
técnicas específicas de interrogación para usar contra los prisioneros.
De acuerdo a los documentos obtenidos por la ACLU, ya en diciembre de 2001 oficiales
militares de alto rango habían comenzado a implementar un programa de la Fuerza
Aérea y del Ejército para entrenamiento en la sobrevivencia, llamado
Sobrevivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), con la finalidad de
preparar a los soldados estadounidenses para resistir el maltrato que podrían
sufrir si fueran capturados por un régimen renegado.
En junio de 2004, el general James Hill del Mando Sur, la unidad de mando del Departamento
de Defensa responsable por las operaciones militares en América Central y del
Sur y el Caribe, sostuvo una reunión de prensa y confirmó que las técnicas de
interrogación específicamente autorizadas por Rumsfeld para su uso en
Guantánamo se derivaron de la escuela de SERE. En octubre de 2002, Dunlavey escribió a Hill para pedir su autorización
de que se les diera a los interrogadores la autoridad de usar métodos no
incluidos en el Manual de Campo del Ejército para extraer información de los
prisioneros.
Dunlavey, en sus argumentos a Hill sobre la
autorización de técnicas más agresivas, adjuntó una copia del memorando de Bush
del 7 de febrero de 2002, en ese tiempo clasificado, con un análisis que afirmaba:
“puesto que los detenidos no son [prisioneros de guerra enemigos] , las
limitaciones de la Convención de Ginebra que generalmente se aplican a la
interrogación de enemigos capturados no son vinculantes para los empleados de
Estados Unidos”.
Hill envió la petición de Dunlavey al general Richard Myers, presidente del Estado
Mayor. Myers la discutió con William Haynes II, el abogado general del Departamento de Defensa, quién informó de
ella al subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz y el subsecretario de Defensa
para Asuntos de Política, Doug Feith. Por último, la petición llegó a Rumsfeld, quien la aprobó de acuerdo a
los documentos.
Jaffer y Singh de la ACLU señalan en Administration of Torture:
“Los documentos establecen que altos funcionarios en Washington,
incluyendo al abogado principal de la Casa Blanca, Alberto González, crearon un
marco legal que permitiera el maltrato y la tortura de prisioneros. Establecen
que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, apoyándose en ese marco legal,
autorizó expresamente el uso de métodos de interrogación – incluyendo los
métodos de SERE – que fueron más allá de aquellos endosados por el Manuel de
Campo del Ejército. Establecen que Rumsfeld y el general Geoffrey Miller dirigieron la implementación de los nuevos
métodos de interrogación autorizados y supervisaron de cerca la interrogación
de los prisioneros considerados de alto valor.”
El FBI pone objeciones
A principios de diciembre de 2002, unos oficiales del FBI quienes habían
participado en interrogaciones en Guantánamo se quejaron a Miller de que los
métodos usados contra los prisioneros en Guantánamo eran ilegales.
Pero Miller no se mostró receptivo. Eso llevó a los oficiales del FBI a concluir
que Rumsfeld y altos funcionarios de la administración de Bush estaban tomando
decisiones acerca de las interrogaciones en particular.
El 16 de diciembre de 2002, un correo electrónico escrito por un oficial del FBI expresó
su frustración de que el Departamento de Defensa no quisiera ceder ni un ápice
en cuanto a sus métodos controversiales de interrogación.
Dijo: “Me parece que estamos atascados en el pantano en cuanto al enfoque de entrevista
del ejército contra el de hacer cumplir las leyes”.
En mayo de 2004, Miller le dijo al comité de Fuerzas Armadas del Senado que había
informado a Wolfowitz y al subsecretario de Defensa Stephen Cambone acerca de
su plan de “Gitmo-izar” la prisión de Abu Ghraib [nota del traductor: es decir,
imponer las prácticas de Guantánamo en Abu Ghraib].
Ese mes, un correo electrónico escrito en el 2004 por un importante agente del FBI en Irak
declaraba específicamente que el presidente George W. Bush había firmado una
orden ejecutiva que aprobaba el uso de perros militares, la privación de sueño,
y otras tácticas para intimidar a los detenidos iraquíes.
Ese correo electrónico, fechado 22 de mayo de 2004, se escribió después de las
revelaciones sobre el maltrato a los detenidos iraquíes en la prisión de Abu
Ghraib y buscaba asesoría sobre la obligación de los agentes del FBI en Irak de
dar parte de la interrogación severa que les hacía el ejército americano a los
prisioneros, cuando ese tratamiento violara los estándares del FBI aunque
correspondiera a las directrices de la orden ejecutiva presidencial.
De acuerdo al correo electrónico, la orden ejecutiva de Bush autorizaba que los
interrogadores usaran perros militares, “posiciones estresantes,” el “control”
del sueño, la música alta y la “privación sensorial mediante el uso de
capuchas, etc.” para extraer información de los detenidos en Irak.
En mayo de 2004, el correo electrónico del FBI afirmó que el equipo de interrogación del
FBI entendía que a pesar de las revisiones a la orden ejecutiva tras el furor
sobre el maltrato en Abu Ghraib, la aprobación presidencial de las tácticas duras
de interrogación no se había rescindido.
El autor del correo del FBI escribió: “Me han dicho que todas las técnicas de
interrogación previamente autorizadas por la Orden Ejecutiva están vigentes
todavía pero que ciertas técnicas solo pueden usarse si la autoridad viene de
un nivel muy alto.”.
Agregó: “También hemos instruido a nuestro personal a no participar en interrogatorios
de parte de personal militar que pueden incluir técnicas autorizadas por la
Orden Ejecutiva, pero que van más allá de los límites del FBI”.
La Casa Blanca ha negado enfáticamente que tal orden ejecutiva presidencial
existiera, diciendo que el oficial del FBI que escribió el correo está “errado.”
Antes del 22 de mayo 22 de 2004, otros agentes del FBI habían enviado a
Valerie Caproni, la abogada principal del FBI, varios correos electrónicos
escritos ese mismo mes que afirmaban que los detenidos estaban siendo
torturados, antes de que el agente anónimo enviara a Caproni el correo que
citaba la supuesta orden ejecutiva de Bush.
En 9 de julio de 2004, el Departamento de Inspecciones del FBI distribuyó un correo
electrónico que preguntaba a los agentes estacionados en Guantánamo si habían
visto “tratamientos agresivos, interrogatorios o técnicas de entrevista… las
cuales no concordaban con las directrices o políticas de entrevista del FBI.”
Más de dos docenas de agentes respondieron que habían observado muchas veces el maltrato a
los detenidos. Un agente del FBI escribió que, a pesar de las declaraciones públicas de Rumsfeld al contrario,
los métodos de interrogación “fueron aprobados desde altos niveles del
Departamento de Defensa (“DoD”). Además de Rumsfeld, los correos electrónicos del FBI decían que Paul Wolfowitz, un
funcionario de la administración de Bush quien en gran parte se ha escapado del
escrutinio en el debate sobre la tortura, aprobó los métodos usados en
Guantánamo.
En 2006, Miller recibió una Medalla de Servicio Distinguido por su “servicio
excepcionalmente meritorio.” Dunlavey es un juez del Condado Erie.
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