MIGRACIONES-EEUU: Auditoria confirma fallas en plan de seguridad
William Fisher
IPS
5 de abril de 2010
NUEVA YORK - Un polémico programa del gobierno de Estados Unidos que recluta a
policías locales en los esfuerzos federales contra el ingreso de inmigrantes
considerados peligrosos se aleja de sus metas originales.
Esta es una de las conclusiones de un nuevo informe elaborado por la oficina del Inspector General
del Departamento de Seguridad Nacional sobre el programa conocido como
"287(g)".
Administrado por la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés), el plan faculta a autoridades estaduales y locales a aplicar leyes
federales contra el ingreso de indocumentados que puedan suponer una amenaza
para la seguridad pública.
Pero críticos señalan que el plan en realidad es usado para facilitar el
arresto en masa de inmigrantes, muchos de ellos encarcelados por faltas
menores.
Mary Giovagnoli, directora del no gubernamental Centro de Políticas sobre
Inmigración, dijo que la ICE había "perdido su rumbo" y sostuvo que
el informe del Inspector General confirmaba "muchos de los señalamientos
hechos por líderes comunitarios, agentes del orden público y grupos de
inmigrantes".
"El informe del Inspector General aporta nueva evidencia de que la
administración (del presidente Barack Obama) todavía tiene que distinguir entre
deportar grandes números de inmigrantes y darnos seguridad", dijo.
"En la carrera por involucrar a autoridades estaduales y locales en
asuntos federales de inmigración, la ICE ha creado un programa que carece de
supervisión, socava las relaciones comunitarias y alimenta la
desconfianza", añadió.
Giovagnoli, abogada especializada en inmigración y quien trabajó anteriormente
en la ICE y sus agencias predecesoras, dijo a IPS que esa oficina necesitaba
"crear la figura de un ombusman (defensor del pueblo) con la capacidad y
los recursos para resolver conflictos en forma rápida y justa".
El Inspector General concluyó que el programa 287(g) está mal administrado y
carece de procesos adecuados y consistentes para examinar a las oficinas y a
los funcionarios locales a los que se les concede actuar como agentes de
inmigración.
Policías han usado su autoridad delegada para realizar arrestos a gran escala
en comunidades de inmigrantes, particularmente en la hispana.
Incluso, numerosas oficinas de seguridad locales han alertado sobre los riesgos
de participar en el 287(g), porque "provoca desconfianza en las
comunidades y opera sin supervisión adecuada".
El informe del Inspector General "confirma nuestras peores sospechas sobre
este programa", afirmó Brittney Nystrom, del Foro Nacional de Inmigración.
"Creemos que está claro que no tiene solución y debe ser abolido",
sostuvo, y consideró "pasmosa" la falta de preocupación sobre el
desempeño de las autoridades locales en materia de respeto a los derechos
civiles.
"También es preocupante la falta de capacidad del programa para verificar
si la ICE cumple las metas fijadas: expulsar a no ciudadanos que supongan una
amenaza para la seguridad pública o un peligro para la comunidad", añadió.
Nystrom subrayó que, "de hecho, el Inspector General concluyó que la ICE
está más preocupada en la cantidad de arrestos que en la adhesión a las metas
del programa".
El informe señala: "Observamos casos en los que la ICE y las agencias del
orden participantes no operaban de acuerdo con los términos de los acuerdos.
También notamos varias áreas en las cuales la ICE no había establecido
controles para promover operaciones efectivas y considerar los riesgos
relacionados".
La auditoría fue divulgada en el marco de revelaciones de que la ICE no estaba
priorizando genuinas amenazas de seguridad. El periódico The Washington Post
informó que un alto funcionario de esa agencia había enviado un memorando a
oficinas de campo con una estrategia que enfatizaba las cuotas de arrestos y no
la persecución de verdaderos criminales peligrosos.
El informe del Inspector General también coincidió con las conclusiones de la
Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), órgano
investigador del Congreso legislativo.
La GAO sostuvo que las autoridades federales de inmigración no habían
supervisado adecuadamente sus acuerdos con las agencias locales, nunca
describieron en forma consistente los objetivos del programa y no aclararon qué
información debía ser recolectada y reportada.
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