Los argumentos jurídicos de los abogados de Bush a favor de Guantánamo
allanaron el camino al CECOT
La administración Bush negó a los presos el derecho al debido proceso. Ahora, Trump está haciendo lo mismo.
Por Razan Bayan, TRUTHOUT
Publicado el 1 de agosto de 2025
Una bandera estadounidense
ondea detrás de una alambrada de espino en el edificio de la Oficina de
Comisiones Militares el 27 de junio de 2023, en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
ELISE SWAIN / GETTY IMAGES
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Tras meses de indignación y denuncias por parte de jueces, legisladores y el público en general, 252
venezolanos enviados desde Estados Unidos a una prisión de El Salvador han sido
finalmente liberados. Durante seis meses, a las personas encarceladas en el
tristemente famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El
Salvador se les negaron derechos humanos fundamentales, incluido el derecho al
debido proceso. Los ex presos afirmaron
que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, incluida la tortura
sancionada por el Estado. Aunque Trump ha llevado la denegación del debido
proceso más lejos que las administraciones recientes, está justificando su
estrategia de deportación utilizando marcos legales establecidos por la
administración de George W. Bush durante la llamada "guerra contra el terror."
En mayo, NPR entrevistó al
profesor de derecho de Berkeley John Yoo sobre la decisión del presidente
Donald Trump de enviar
deportados al CECOT. La decisión de entrevistar específicamente a Yoo fue,
por supuesto, significativa. Como fiscal general adjunto de la Oficina de
Asesoría Jurídica durante la administración presidencial de George W. Bush, Yoo
fue autor de una serie de dictámenes jurídicos ahora tristemente célebre como los
memorandos sobre la tortura. Estos memorandos facilitaron el programa de
tortura y detención indefinida de la administración Bush durante la guerra
contra el terrorismo al defender su legalidad. Según Yoo, Bush poseía poderes
de emergencia increíblemente amplios para tratar con personas que amenazaban la
seguridad nacional. Esas personas no estaban protegidas por las Convenciones de
Ginebra y, si eran enviadas a la base naval estadounidense de Guantánamo, no
tenían acceso a los derechos de habeas corpus y podían ser encarceladas
indefinidamente sin juicio.
Como señaló Ailsa Chang, presentadora de la reciente entrevista de Yoo en NPR, estos argumentos son
inquietantemente similares a la política de Trump contra las personas que su
administración está enviando al CECOT. De hecho, una de las primeras medidas de
Trump para acelerar las deportaciones fue ampliar
el centro de detención de migrantes en Guantánamo, aprovechando el
aislamiento legal del sitio que Yoo construyó con el propósito de librar una
"guerra contra el terrorismo" sin cuartel." Como señala Chang,
Trump también utilizó la Ley
de Enemigos Extranjeros para justificar la ampliación del poder
presidencial para sacar del país a personas supuestamente
"peligrosas" y encarcelarlas indefinidamente sin ningún recurso
legal. Los miembros de la administración Trump también dicen que están
estudiando suspender
el habeas corpus por completo, con la Secretaria de Seguridad Nacional
Kristi Noem yendo tan lejos como para definir
incorrectamente el habeas corpus como "un derecho constitucional que
el presidente tiene para poder expulsar a la gente de este país."
A pesar de las evidentes similitudes entre las acciones de ambos presidentes, Yoo afirmó en su
entrevista que estas conexiones son "superficiales" y que lo que está
haciendo Trump no puede compararse con la guerra contra el terrorismo de Bush.
Yoo dijo que él mismo defendía la ampliación de los poderes presidenciales como
medidas estrictamente bélicas, mientras que Trump se escuda en la pretensión de
una "guerra" contra los miembros de bandas violentas. Yoo también
afirmó que, en sus memorandos, nunca negó a nadie que pusiera un pie en EE.UU.
sus derechos de habeas corpus, sólo a los que fueron capturados en el
extranjero. Trump, en cambio, ha deportado a personas en suelo estadounidense
sin el debido proceso.
En general, a pesar de lo cerca que Trump está siguiendo el plan de la guerra contra el terrorismo para
sustituir los procesos legales, Yoo parecía preocupado por las acciones de
Trump. "Creo que las circunstancias y el contexto de lo que estamos
hablando después del 11 de septiembre y esto son muy diferente", dijo.
Yoo no es el único funcionario estadounidense que se ha distanciado del poder presidencial en
constante expansión de Trump a pesar de contribuir a dicha interpretación. Por
ejemplo, Alberto Gonzales, que fue fiscal general de Bush y apoyó las
interpretaciones jurídicas de Yoo. El republicano ha criticado abiertamente a
Trump como "la amenaza más grave al Estado de derecho en una
generación", y optó por apoyar
a Kamala Harris en las elecciones de 2024. En una
entrevista con PBS en la que se debatía el peligro del empuje de
Trump contra el Estado de derecho, la entrevistadora Amna Nawaz, al igual que
Chang con Yoo, señaló el paralelismo entre Trump y el "abuso del poder
ejecutivo" de Bush que Gonzales permitió. En respuesta, Gonzales argumentó
que el factor diferenciador era el hábito de Trump de "rodearse de
leales" que le dan la respuesta que quiere oír, como si los Memorandos de
Tortura no sirvieran para el mismo propósito.
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El marco legal de Trump se basó en el
de Bush para impulsar el poder presidencial y suprimir aún más los derechos de
habeas corpus.
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De hecho, incluso al tratar de marcar esta diferencia, Gonzales no pudo negar que las similitudes seguían
presentes, diciendo: "Yo era muy leal al presidente Bush." Sólo pudo
distinguir entre los equipos jurídicos de Trump y Bush utilizando una
evaluación de carácter: "No obstante, con suerte, tienes abogados en el
lugar que hacen un intento de buena fe de interpretar la ley y son honestos con
el presidente diciendo: 'No tienes la autoridad para hacer esto'".
Jack Goldsmith, que fue fiscal general adjunto de Bush, distingue de forma similar entre los enfoques
jurídicos de Trump y Bush con afirmaciones de interpretación de buena fe por
parte de Bush. Aunque admitió
en un artículo de opinión publicado en mayo en el New York Times que
las "afirmaciones de Trump de una autoridad intocable en materia de
seguridad nacional se hacen eco de argumentos esgrimidos después de los
atentados del 11 de septiembre por la administración de George W. Bush",
la diferencia que Goldsmith identificó
en otro artículo es que la Oficina de Asesoría Jurídica, con la que él, Yoo
y Gonzales trabajaron, "ha sido básicamente dejada de lado y la Casa
Blanca está interpretando la ley."
En particular, sin embargo, Goldsmith también distingue a la administración Trump al afirmar que "la
regla básica parece ser que si el presidente quiere hacer algo, es legal".
Una vez más, aunque el alcance puede ser mayor que el de la administración
Bush, la idea de que el equipo legal de Bush no elaboró los argumentos para
servirle mejor políticamente es seriamente errónea y engañosa en el mejor de
los casos. Así lo reconocieron algunos de los propios abogados de Bush. Durante
la formación del marco legal de la guerra contra el terrorismo, un asesor
jurídico advirtió
a Yoo del "deseo de identificar la autoridad legal que establece el
derecho de Estados Unidos a tratar a los miembros de la milicia talibán de la
forma que considere mejor" en lugar de la forma que permite la ley. De
hecho, durante la administración Bush, Yoo
expresó que "ningún tratado" ni ninguna ley del Congreso podían
limitar el poder del presidente. Contrariamente a la reciente afirmación de Yoo
de que nunca negó a nadie que pusiera un pie en Estados Unidos sus derechos de
habeas corpus, esto incluyó la detención indefinida y la tortura incluso de
ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio estadounidense, como José Padilla.
Por supuesto, caracterizar estas similitudes entre los regímenes de Bush y Trump como
"superficiales" es una narrativa conveniente para que estos abogados
adopten. Ya sea que estos abogados estén siendo intencionalmente engañosos o
realmente crean en sus propias palabras, la realidad es que el marco legal de
la guerra contra el terrorismo, el mismo que ellos construyeron, sirve como
base de la estrategia de deportación de Trump. Aunque las diferencias son
notables, no deberían distraer de este hecho, sino servir para demostrar cómo
el marco legal de Trump se basó en el de Bush para impulsar el poder
presidencial y suprimir aún más los derechos de habeas corpus.
El mero hecho de que Trump esté explotando la naturaleza jurídicamente única de Guantánamo, la que Yoo y
Gonzales contribuyeron a crear, demuestra esta realidad. También lo hace la
declaración por parte de la administración Trump de varias bandas y
cárteles como organizaciones terroristas. El modelo de guerra contra el
terrorismo de detención indefinida sin garantías procésales descansa en la
narrativa de mantener al país a salvo de los terroristas. Como argumentó Yoo en
los Memorandos sobre la Tortura, una vez que se determinaba que una persona
estaba afiliada a una determinada organización, esa persona no estaba protegida
por el derecho internacional de los derechos humanos ni tenía derecho a un
juicio en Estados Unidos. Por supuesto, una vez que una organización es
reconocida como grupo terrorista, la acusación de afiliación que da lugar a una
detención no tiene por qué ser necesariamente cierta. Este fue sin duda el caso
de Guantánamo, donde muchas
personas fueron detenidas simplemente por estar en el lugar equivocado en
el momento equivocado. Sigue siendo cierto en la era Trump, donde simplemente
tener un tatuaje llevó a la gente al CECOT. Ahora que las acusaciones
de tortura provienen de antiguos prisioneros del CECOT, los paralelismos
son aún más imposibles de negar.
Al clasificar estas similitudes como "superficiales" y distanciarse de Trump afirmando
que el marco jurídico de la administración Bush se hizo de buena fe, el antiguo
equipo jurídico de Bush evita una vez más la rendición de cuentas por el daño
que han causado. El hecho de que puedan estar en desacuerdo con la aplicación
de Trump del modelo de guerra contra el terrorismo no niega el hecho de que
estos hombres son significativamente responsables de su construcción. La
combinación del poder de emergencia presidencial expansivo, la securitización
de ciertas clases de personas y la negación de sus derechos humanos es una
fuerza poderosa en manos de un líder que quiere encarcelar a la gente sin
interferencias. Es exactamente el poder que los abogados de Bush ayudaron a
poner en sus manos, y ahora, Trump también se ha apoderado de él.
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