Bush y la tortura
Cualquiera que todavía se pregunte si es necesaria una investigación penal y de enjuiciamiento a George Bush y los altos
funcionarios de su administración, debería tomar nota de las últimas
revelaciones descubiertas: la CIA destruyó 92 cintas de vídeo que documentan
presuntas torturas.
Esta confesión está contenida en una carta que el gobierno federal presentó ante el
tribunal el día de ayer. Como parte de un pleito, la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) había exigido que la CIA entregue cintas y
grabaciones sobre el tratamiento de los prisioneros bajo custodia de los EE.UU.
en el extranjero. Se espera que una investigación federal, iniciada hace más de
un año, sobre la destrucción de las cintas termine pronto.
La carta, según la ACLU, ofrece más pruebas para acusar a la CIA de desacato ante
el tribunal.
Esta flagrante violación está lejos de ser un episodio aislado. De hecho, esa es la
razón por la que las organizaciones por las libertades civiles, activistas por
los derechos humanos, y una serie de líderes han exigido una investigación
completa e independiente, que no sólo ponga de manifiesto el alcance de la
vulneración de la ley por parte de la administración Bush, sino también que
exija responsabilidad por las violaciones.
Los críticos con este proceso o con una legislación que introduzca una comisión
investigadora, califican dichas medidas como venganza política e inviable.
Algunos líderes demócratas continúan sugiriendo que el país debe mirar hacia
adelante, como si la búsqueda de la justicia fuera una molestia.
Esta actitud, sin embargo, amenaza con erosionar la fuerza de las leyes y un sistema
judicial que se supone sirven como controles. Y envía un mensaje peligroso a
las personas en el timón de nuestra nación, ahora y en el futuro, de que los
actos de tortura y abusos cometidos en el poder, en última instancia, pueden
quedar impunes.
La orden del ejecutivo del presidente Obama contra “water-boarding” fue un
comienzo, pero está lejos de ser suficiente. Tenemos que pedir cuentas a los
que autorizaron la comisión de delitos.
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