DDHH-EEUU: Campaña para investigar torturas
William Fisher
IPS
29 d abril de 2009
NUEVA YORK - Una coalición de 19 organizaciones religiosas y de derechos humanos exige al
presidente estadounidense Barack Obama que investigue las torturas aprobadas por
el gobierno de su antecesor, George W. Bush (2001-2009.)
La agrupación, liderada por la Campaña Religiosa
Nacional Contra la Tortura (NRCAT, por sus siglas en inglés), propone que tanto
un fiscal especial como "una comisión independiente, no partidaria,
examinen y reporten públicamente las torturas y los tratos crueles, inhumanos y
degradantes de los detenidos a partir d 11 de septiembre de 2001", fecha
de los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
El llamado de esta campaña surge apenas días
después de la difusión del informe del Comité de Servicios Armados del Senado
sobre interrogatorios y torturas, y de los memorandos legales del Departamento
de Justicia que sancionaron torturas y tratos inhumanos.
El reverendo Richard Killmer, director ejecutivo de la NRCAT, dijo a IPS que
ésta "apoya tanto el establecimiento de una comisión independiente, no
partidaria, para investigar la aplicación de torturas, como una investigación
del Departamento de Justicia para (determinar) la culpabilidad penal de
aquellos que autorizaron o llevaron a cabo actos de tortura. Cada proceso es
importante y puede acometerse de modo independiente".
"Una comisión nos ayudará a comprender cómo entraron en vigor las
políticas de interrogatorios ilegales y cómo fueron implementadas, a fin de
poder asegurarnos de que haya salvaguardas que impidan que futuros gobiernos
sigan el mismo camino", agregó.
"Una investigación penal enviaría el mensaje claro de que los funcionarios
del gobierno no pueden violar leyes contra la tortura sin afrontar serias
sanciones penales. Si esperamos poner fin a la práctica de la tortura por parte
de agentes de Estados Unidos de una vez y para siempre, debemos seguir ambas
vías", dijo.
La coalición propone una comisión "comparable en estatura a la del 11 de
septiembre", que "investigue los hechos y las circunstancias de tales
abusos, informe sobre las lecciones aprendidas y recomiende medidas que impidan
cualquier abuso futuro".
La petición que la entidad difundió a través de Internet señala que una
comisión "es necesaria para reafirmar el compromiso con la Constitución,
las obligaciones de los tratados internacionales y los derechos humanos. El
informe emitido por la comisión fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos
y ayudará a restablecer la posición" de ese país en el mundo.
Entre las organizaciones que suscriben el esfuerzo figuran el capítulo
estadounidense de Amnistía Internacional, el Proyecto Constitución, Human
Rights First, Human Rights Watch, el Instituto Sociedad Abierta y Médicos para
los Derechos Humanos.
La NRCAT y sus organizaciones asociadas señalaron que han "trabajado
juntas para poner fin a la tortura patrocinada por Estados Unidos. Durante
2008, la comunidad religiosa promovió una Orden Ejecutiva Presidencial que
pusiera fin a la tortura. Eso ocurrió. El 22 de enero, el presidente
Obama" la firmó.
Según la coalición, ahora la tarea es "asegurarse de que la tortura
patrocinada por Estados Unidos nunca vuelva a ocurrir. Para cumplir este
objetivo, nuestra nación necesita implementar salvaguardas para imposibilitar
esta recurrencia. Entenderemos mejor qué salvaguardas se necesitan si tenemos
una mejor comprensión de lo que ocurrió: quién fue torturado, por qué y quién
ordenó la tortura. Como nación necesitamos las respuestas a esas
preguntas".
En una carta enviada al fiscal general Eric Holder, la coalición también urgió
a la designación de un consejo especial que investigue actos criminales
relativos al confinamiento e interrogatorio de detenidos desde el 11 de
septiembre de 2001.
La carta señala que en algunos extractos de un informe del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) se concluyó que los detenidos "habían sido
sometidos a torturas, un delito según el derecho interno e internacional".
"El informe del CICR, que describe conductas de una brutalidad impactante,
muestra que una investigación limitada es simplemente insuficiente en este
caso. Los funcionarios del gobierno, desde el de rango más bajo de la CIA
(Agencia Central de Inteligencia) hasta los niveles más altos del Poder
Ejecutivo, pueden ser penalmente culpables por el uso de la tortura",
agrega.
"Como tal investigación incluirá una evaluación de la conducta de
funcionarios de muy alto rango del gobierno anterior, y como la absoluta
imparcialidad a la hora de determinar a quién juzgar es clave para el apoyo del
público y la comprensión de esos juicios y de las leyes en discusión, creemos
que es sabio y necesario que usted remita esta investigación al Consejo
Especial", plantea.
La NRCAT pidió dos veces al ex fiscal general Michael Mukasey que designara a
un asesor especial para investigar la destrucción de los vídeos de la CIA que
documentaron la aplicación de "duras" técnicas de interrogatorios
contra los sospechosos de terrorismo, y si esas técnicas violaron las leyes
estadounidenses e internacionales.
"Aunque se inició una investigación sobre la destrucción de los vídeos, el
investigador, John Durham, no recibió el estatus de asesor especial",
señala la organización.
Además, la investigación de Durham "fue limitada a la destrucción de los
vídeos; aparentemente no tiene la autoridad para investigar la legalidad de la
conducta en los interrogatorios mostrada en dichos vídeos", agrega.
"Es necesaria una investigación independiente y pública sobre posibles
violaciones a las leyes estadounidenses por parte de funcionarios
gubernamentales de alto rango en el uso de ‘técnicas de interrogatorios
potenciadas’", afirma.
"El pueblo estadounidense necesita saber cómo han sido tratados los
detenidos en Iraq, Afganistán, Guantánamo y otras partes del mundo. Y necesitan
saber que se han tomado todas las medidas para asegurarse de que en el futuro
no se permitirá ninguna violación del derecho estadounidense con respecto a
torturas y ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’. Una investigación
independiente es una parte necesaria del logro de este objetivo",
concluye.
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