¿Debería desacatarse la orden de un ataque nuclear?
Marjorie Cohn
Truthout
9 de diciembre de 2017
Traducción de Facundo Alonso Álvarez
El 19 de noviembre, John Hyten (general de la Fuerza Aérea Estadounidense y
comandante del Comando Estratégico de EEUU), declaró que se negaría a acatar
una disposición presidencial que ordenara un ataque nuclear. “Si uno obedece
una orden ilegal, va a la cárcel”, explicó el general durante el Halifax
International Security Forum [Foro Internacional
de Seguridad de Halifax] en Nueva Escocia. “Podrías pasar el resto de tu vida
en la cárcel”.
El general Hyten está en lo cierto. Quienes prestan servicio en las fuerzas armadas tienen la obligación
legal de acatar órdenes dentro de la ley, pero a su vez tienen el deber de
desacatar estas órdenes si son ilegales. Ordenar el uso de armas nucleares —con
la posible excepción de que sea por defensa propia en una situación extrema en
la que la supervivencia del país esté en riesgo— sería una orden ilegal.
Hay razones para creer que Donald Trump podría ordenar un ataque nuclear contra Corea del Norte, ya
que ha dejado en evidencia su predisposición a usar armas nucleares. A
principios de 2016, durante una reunión, increpó en tres ocasiones a un
consejero de políticas exteriores acerca de este tipo de armamento, para luego
preguntar “Si las tenemos ¿por qué no usarlas?”. Durante un debate presidencial
ante el Partido Republicano, declaró: “Con estas armas, el poder y la
devastación son muy importantes para mí”.
Al aumentar la tensión con el presidente norcoreano Kim Jong-un, Trump expresó en Twitter que el
Secretario de Estado, Rex Tillerson, “perdía su tiempo” al buscar la diplomacia
con el país asiático. Trump amenazó con “destruir por completo” a Corea del
Norte. A principios de este mes, durante su visita a Corea del Sur, distinguió
su gobierno de los anteriores, que se abstenían de usar armas nucleares contra
Corea del Norte. “Esta administración es muy diferente de las que tuvo Estados
Unidos anteriormente”, declaró. “No nos subestimen. No nos pongan a prueba”.
En abril, “varios oficiales de inteligencia de alto rango” declararon ante NBC News que el
gobierno estaba “preparado para lanzar un golpe preventivo” en caso de
sospechar que Corea del Norte fuera a llevar a cabo pruebas nucleares. Estos
ataques preventivos van en contra de la Carta de las Naciones Unidas, que
prohíbe el uso de fuerza militar excepto en defensa propia o con permiso del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Acatar órdenes legales y desacatar las ilegales
El Código Uniforme de Justicia Militar (por sus iniciales en inglés, UCMJ) requiere que todo el
personal militar obedezca las órdenes dentro de la ley. El artículo 92 del UCMJ
establece que “una orden o regulación es legal a menos que vaya en contra de la
Constitución y las leyes de Estados Unidos”. A su vez, tanto los principios de
Nuremberg como el Manual de Campo del Ejército imponen el deber de no acatar
órdenes ilegales.
El Artículo II de la Constitución Estadounidense declara: “El Presidente será comandante en jefe del Ejército y la Marina de los
Estados Unidos y de la Reserva Militar de los diversos Estados, cuando se la
llame al servicio activo de los Estados Unidos”. Sin embargo, el Artículo 1
especifica que sólo el Congreso tiene el poder para declarar la guerra. Al
complementarse, los artículos indican que el presidente dirige las fuerzas
armadas si antes el Congreso autoriza una guerra.
El presidente sólo puede usar la fuerza militar en defensa propia o para anticiparse a un ataque inminente. Según el
bien consolidado Caso Caroline, debe existir una “necesidad de defensa propia
abrumadora e instantánea, que no deje otra opción ni de tiempo a
deliberaciones”. Ningún presidente tiene la autoridad legítima de iniciar un
ataque nuclear sin motivos.
En “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons” [Legalidad de las Amenazas o el
Uso de Armas Nucleares], la Corte de Justicia Internacional (por sus siglas en
inglés, ICJ) determinó en 1996 que “por regla general, las amenazas o el uso de
armamento nuclear iría contra las leyes internacionales aplicables en
conflictos armados, y aún más contra los principios del derecho humanitario”.
La ICJ se explaya: “Sin embargo, la Corte no puede precisar si las amenazas o el uso de estas armas
sería legal o ilegal en una circunstancia extrema de defensa propia, en la que
el destino de un país estuviera en peligro”. Esto significa que, si bien el uso
de armas nucleares en defensa propia podría ser legal, un primer ataque
injustificado no lo sería”.
El Artículo 509 del Manual de Campo 27-10, a la par de uno de los principios de Nuremberg, indica
que el hecho de “estar siguiendo órdenes superiores” no es defensa ante la
ejecución de crímenes de guerra, a menos que el acusado “no haya sabido y no
hubiera manera razonable de que pudiese saber que lo que se le ordenó era ilegal”.
La sección 499 del Manual de Campo del Ejército afirma que “toda violación a las leyes de guerra es un
crimen de guerra”. La mayoría de dichas leyes se encuentran en los Convenios de Ginebra.
El general Hyten, que asegura haber estudiado las leyes de guerra durante años, hizo referencia a
cuatro principios básicos: distinción, proporcionalidad, necesidad y
sufrimiento innecesario.
El primer principio es la distinción. El artículo 48 de los Convenios de Génova, Protocolo Adicional 1,
dice que “en pos de asegurar el respeto y la protección de la población civil y
bienes civiles, ambas partes del conflicto deben discriminar entre la población
civil y los combatientes, y entre bienes civiles y militares”. El artículo 85
indica que poner como foco del ataque a la población civil o a individuos
particulares es una falta grave, y se considera un crimen de guerra. Las armas
nucleares son incapaces de distinguir entre civiles y combatientes.
Otro de los principios básicos es la proporcionalidad. El FM27-10: Legislación de Conflictos en
Tierra, del Manual de Campo del Ejército Estadounidense, dice: “La pérdida de
vidas y el daño a la propiedad causados por ataques no deben ser excesivos en
relación con la ventaja militar directa que se espera obtener”. El daño que
causaría un arma nuclear estadounidense (la muerte de cientos de miles de
personas) superaría ampliamente el objetivo militar de destruir los armamentos
de Corea del Norte.
Otra de las leyes de guerra establecidas es la de la necesidad militar, que según el Código de
Lieber da luz verde a “las medidas que no estén prohibidas por la ley
internacional, y que sean indispensables para asegurar la retirada del
enemigo”. Nunca se considera necesario el uso de armas nucleares, excepto en
situaciones hipotéticas de defensa propia si la supervivencia de los Estados
Unidos estuviera en riesgo.
Por último, existe el principio del sufrimiento innecesario. Según lo establecido en el artículo 35.2
del Protocolo Adicional I de los Convenios de Génova, “está prohibido el empleo
de armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que causen daños
injustificados o sufrimiento innecesario”. Un ataque nuclear contra Corea del
Norte provocaría la muerte y la mutilación de un alto número de personas.
Si el presidente ordenara un ataque nuclear, el general Hyten declaró que ofrecería consejo legal y
estratégico, pero que no transgrediría la ley sólo porque el presidente lo dice.
¿Quién está al frente de la cadena de mando nuclear?
El mes pasado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker
(Republicano, Tennessee), expresó su preocupación por que Trump esté llevando
al país “hacia la III Guerra Mundial”. El 14 de noviembre, Corker convocó a la
primera audiencia legislativa sobre el poder del presidente con respecto a las
armas nucleares desde 1976.
El senador Chris Murphy (Demócrata, Connecticut) expresó: “Nos preocupa que el presidente sea tan
inestable, tan volátil, y que su manera de pensar sea tan quijotesca que podría
ordenar un ataque con armas nucleares que no concuerde en lo absoluto con los
intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
El general retirado Robert Kehler, excomandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, declaró
en la audiencia que el ejército puede rehusarse a acatar una orden que
considere ilegal, y esto incluye la orden de lanzar un ataque nuclear. Para
estar dentro de la ley, la orden debe provenir de una fuente con la autoridad
legal y debe estar dentro de los parámetros de la legislación de conflictos armados.
El profesor Peter Feaver, de la Universidad de Duke, dijo que el presidente no puede simplemente oprimir
un botón y lanzar armas nucleares. Sólo puede dar órdenes a otros, y son estos
últimos quienes hacen que los “misiles vuelen”.
Sin embargo, aunque el presidente no puede “oprimir el botón”, tiene el poder suficiente como para
manipular las circunstancias para que le permitan lanzar dichos misiles. Brian
McKeon, asesor político del Pentágono durante el gobierno de Obama, explicó que
si un comandante se interpusiera ante una orden de ataque, el presidente podría
mandar a que el secretario de defensa le ordenara al comandante llevarlo a
cabo. McKeon añadió: “y si el comandante aún se resistiera, entonces se busca
un nuevo comandante o un nuevo secretario de defensa”. De una manera o de otra,
el presidente se saldría con la suya, dijo McKeon.
Por otro lado, Bruce Blair, ex oficial de ataques nucleares y cofundador del grupo antinuclear
Global Zero, declaró ante la Associated Press que el presidente tiene la
capacidad de enviar una orden de ataque nuclear directamente a la sala de
guerra del Pentágono. Blair explicó que desde ahí, dicha orden iría “a los
hombres y mujeres que sí pueden oprimir los botones”.
William Perry, secretario de defensa durante el gobierno de Clinton, se mostró de acuerdo. En una
entrevista con Politico, dijo que James Mattis, secretario de defensa actual,
podría no ser capaz de detener un ataque nuclear. “La orden puede ir
directamente desde el presidente hacia el Comando Aéreo Estratégico. De modo
que, en una decisión tomada en cinco, seis o siete minutos, es probable que el
secretario de defensa no sepa nada hasta que sea demasiado tarde”.
Ben Cardin (Demócrata, Maryland), miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado, promueve una reafirmación de la autoridad por parte del Congreso.
Expresó que no se debería confiar en los generales ni en una serie de
protocolos como único recurso para controlar al presidente, ni confiar en que
personas contratadas por el mismo presidente se rehúsen a aceptar una orden ilegal.>
Cardin advirtió: “Donald Trump puede utilizar armas nucleares tan rápido como usa su cuenta de Twitter”.
El 27 de Octubre, el representante John Conyers (Demócrata, Michigan) presentó H.R. 4140, el No
Unconstitutional Strike Against North Corea Act [Acta Contra Ataques
Inconstitucionales hacia Corea del Norte]. El proyecto de ley, perteneciente a
dos partidos políticos distintos y que en la actualidad posee más de 60 patrocinadores,
prohibiría el uso de fondos federales para financiar un ataque militar contra
Corea del Norte, o para generar hostilidades entre ambos países antes de que el
Congreso pueda declarar la guerra o autorice el uso de fuerza militar en ese
país asiático.
Póngase en contacto con su miembro del Congreso e insístale en que firme el H.R. 4140.
Marjorie Cohn es profesora emérita en la Thomas Jefferson School of Law [Universidad de Derecho Thomas Jefferson], expresidente
del National Lawyers Guild [Gremio Nacional de Abogados], secretaria
general adjunta de la International Association of Democratic Lawyers
[Asociación Internacional de Abogados Democráticos], y miembro del
consejo asesor de Veterans for Peace [Veteranos por la Paz]. Junto a
Kathleen Gilberd, es coautora de Rules of Disengagement: The Politics and Honor of Military Dissent [“Las
reglas de la retirada: las políticas y el honor del disentimiento militar”]. En
noviembre, se publicó la segunda edición de su libro, Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues [“Drones
y asesinato selectivo: Problemas morales, legales y geopolíticos”]. Su sitio
web es: MarjorieCohn.com.
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