España investiga lo que debería investigar Estados Unidos
Los funcionarios nombrados por Bush se enfrentan a acusaciones de los jueces españoles
Marjorie Cohn
Globalresearch
15 de abril de 2009
Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Un tribunal español ha iniciado el procesamiento penal contra seis funcionarios de la
administración Bush. John Yoo, Jay Bybee, David Addington, Alberto Gonzales,
William Haynes y Douglas Feith se enfrentan a acusaciones en España por haber
autorizado la tortura en la base estadounidense de Guantánamo.
Si las órdenes de detención se emiten, España y cualquiera de los otros 24 países que
han firmado las convenciones europeas de extradición podrían detener a estos
seis hombres cuando viajen fuera de Estados Unidos.
¿Tiene España autoridad para procesar a estadounidenses por crímenes que no tuvieron lugar en
suelo español?
La respuesta es sí. Se llama “jurisdicción universal”. La jurisdicción universal es una
teoría bien experimentada que los países, incluido Estados Unidos, han usado
durante muchos años para investigar y procesar a extranjeros por crímenes que
conmocionan la conciencia de la comunidad mundial. Proporciona una herramienta
legal crítica para responsabilizar a aquellos que cometen crímenes contra la
ley de las naciones, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad. Sin la jurisdicción universal, muchos criminales notorios estarían
libres. Los países que han utilizado esta base para actuar contra los crímenes
más graves deben ser encomiados por su valentía. Ayudan a crear un mundo justo
en el que todos buscamos vivir.
Israel utilizó la jurisdicción universal para procesar, condenar y ejecutar a Adolph
Eichmann por sus crímenes durante el holocausto, aun cuando no tuvieron
relación directa con Israel.
Un tribunal federal de Miami condenó recientemente a Chuckie Taylor, hijo del anterior
presidente de Liberia, por torturas realizadas en Liberia. Un tribunal estadounidense
sentenció a Taylor a 97 años en prisión en enero.
La jurisdicción universal complementa, pero no reemplaza, los procesamientos
nacionales, de forma que si Estados Unidos investigara a los funcionarios de
Bush, otros países no lo harían.
Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, se comprometió a
extraditar o procesar a aquellos que cometen o son cómplices de torturas.
El Presidente Obama, al preguntarle si estaba a favor de investigar penalmente a los
funcionarios de Bush, contestó, “También opino que nadie está por encima de la
ley y si existen indicios claros de hechos delictivos, se debe procesar a todo
el mundo por igual.”
“Pero”, añadió, “en términos generales, prefiero mirar hacia delante que hacia atrás.”
Ocupado con la economía y dos guerras, parece que Obama quiere esperar antes de
emprender procesamientos que irremediablemente indignarían al Partido
Republicano.
Siguen saliendo a la luz pruebas de que los funcionarios de Bush establecieron un modo
de actuar que condujo a la tortura de los prisioneros en Guantánamo.
Según el canal de noticias ABC, Gonzales se reunió con otros funcionarios en la Casa
Blanca y autorizó la tortura, incluyendo la conocida como “el submarino”.
La Oficina de Responsabilidad Profesional, que depende del Fiscal General del Estado, preparó
un borrador que reprende a Yoo y a Bybee por redactar los infames memorándums
sobre la tortura. Haynes, Addington y Feith participaron en las decisiones que
condujeron a la tortura. Es inminente que salgan a la luz más memorándums
gráficos sobre la tortura por parte del Departamento de Justicia
estadounidense.
Es responsabilidad de Estados Unidos investigar las alegaciones de tortura. Casi
dos tercios de los encuestados en un sondeo patrocinado por USA Today/Gallup
están a favor de que se investigue al equipo de Bush por torturas y por
interceptar las comunicaciones telefónicas sin orden judicial. Casi cuatro de
cada 10 encuestados apoyan la investigación penal.
El antiguo abogado general de la Marina, Alberto Mora, declaró en el Congreso, “Hay
militares que mantienen que la primera causa identificable de muertes
estadounidenses en combate en Irak – teniendo en cuenta su efectividad para
reclutar a combatientes insurgentes – son, respectivamente, los símbolos de Abu
Ghraib y Guantánamo.” Si son impunes aquellos que ordenaron la tortura, ésta
será otra herramienta de reclutamiento.
Si los Estados Unidos rehúsan investigar ahora, será más probable que alguna
administración futura repita este escenario. La utilización de la tortura
debería erradicarse del sistema, igual que erradicamos la esclavitud.
Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson y presidente del Gremio
de Abogados Nacionales. Es autora de Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law y
co-autora de Rules of Disengagement: The Politics and Honor of Military
Dissent (junto con Kathleen Gilberd.) Se puede conseguir sus artículos en
www.marjoriecohn.com
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13080
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