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3 de febrero de 2009
Condenan cuota de detención de indocumentados en California
Por E.J. TÁMARA
The Associated Press
LOS ANGELES - Cónsules generales de Honduras y Ecuador y líderes comunitarios condenaron el
martes las presuntas cuotas de detención de indocumentados por parte de agentes
de la Patrulla Fronteriza y abogaron por una visa humanitaria para una
nicaragüense deportada que dejó a dos hijos atrás.
"Es aberrante", dijo la cónsul general de Honduras en Los Ángeles, Vivian
Panting, sobre las supuestas cuotas ordenadas en la agencia federal en la
estación de Riverside, al este de Los Ángeles. "Vale la pena llegar a una
investigación de esto".
La agencia federal ordenó el lunes una investigación de los alegatos de agentes, quienes
dijeron que recibieron órdenes de cumplir los objetivos numéricos en enero bajo
pena de castigo. Agentes en Riverside indicaron que se les ordenó arrestar al
menos 150 indocumentados en enero, o de lo contrario se les cambiaría de
horario.
Nadie ha sido suspendido por ahora, dijo Richard Vélez, portavoz de la agencia.
La agencia federal tiene metas para inspirar a los agentes. Una de ellas, por ejemplo, es
hacer competir a unidades, y muchas veces un indicador es la cantidad de
arrestos, pero no es práctica estándar establecer objetivos numéricos ni se
recomendaría uno, indicó Jeffrey Calhoon, jefe de la agencia en El Centro.
"Las redadas son el ejemplo más visible de un sistema de leyes de inmigración
inhumano e injusto", comentó Esmeralda López, coordinadora de política
local de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles
(CHIRLA, por sus siglas en inglés), y resaltó el primer aniversario de una
redada en Van Nuys, en el norte de Los Ángeles, donde fueron detenidas
alrededor de centenar y medio de personas en febrero del año pasado.
Oswaldo Cabrera, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana Internacional, pidió una
visa humanitaria para la nicaragüense Maricela Soza, quien en enero fue
deportada desde Miami mientras sus dos hijos estaban en huelga de hambre.
"Ella no ha cometido ningún crimen", apuntó Cabrera.
La salvadoreña Sandra Morales, de 32 años, cuyo esposo guatemalteco fue deportado tras una
redada hace unos 10 meses, dijo que sus cuatro hijos están en tratamiento
psicológico pues quedaron traumados al ver a su padre, Byron Soto, cuando era
llevado por agentes de inmigración.
"Al principio el psicólogo les dijo que estaban muy traumados", dijo la
inmigrante en referencia a sus hijos de 4, 11, 14 y 16 años. "Estaban
tristes, no querían comer. Me decían que extrañaban a su papá, sobre todo la
más chiquita".
Los menores estadounidenses van dos veces por semana con el psicólogo desde hace unos tres
meses, indicó la madre residente de South Los Ángeles.
"La separación de familias es un drama muy grave", apuntó el cónsul general de
Ecuador en Los Ángeles, Eddie Bedon. "Por eso apoyamos una reforma
migratoria que regularice (el estatus de) los 12 millones de indocumentados
(que viven en Estados Unidos)".
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La reportera de AP Amy Taxin contribuyó a este despacho.
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