Se consigue una victoria parcial en el caso de las redadas post 11-S contra inmigrantes
Kenneth J. Theisen
06 de Noviembre de 2009
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar
El gobierno de EE.UU ha tenido que dar un paso atrás en lo que se refiere a sus
numerosas acciones ilegales en la guerra contra el terrorismo que llevó a cabo desde 11-S. El 3 de
noviembre de 2009, el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, según sus
siglas en inglés) anunció que 5 personas que vivían en Nueva York y que habían
sido deportados, obtuvieron una indemnización de 1,26 millones de dólares del
gobierno de EE.UU. en un juicio en el que se denunciaban las discriminaciones
raciales posteriores 11-S, la detención ilegal, y el abuso de musulmanes,
árabes, y sudasiáticos.
Yasser Ebrahim, una de las personas detenidas en el
Centro de Detención Metropolitano (MDC, según sus siglas en inglés) de
Brooklyn, Nueva York, después de las redadas masivas posteriores al 11-S y que
ahora vive en Egipto, dijo: “Nos encontramos privados de nuestros derechos y
abusados simplemente por nuestra religión y por el color de nuestra piel.
Después de 7 largos años, estoy aliviado por poder intentar reconstruir mi
vida. Es cierto que tanto yo como otros/as seguimos siendo afectados por lo que
ocurrió. También las comunidades en los EE.UU. continúan sintiendo los efectos.
Espero sinceramente que esto no vuelva a pasar nunca más.” No obstante, estas
acciones ilegales del gobierno puede que ocurra fácilmente de nuevo a menos que
se lleven ante la justicia a los responsables.
El caso Turkmen v. Ashcroft, se
inició en septiembre de 2002 para impugnar la detención arbitraria y el
maltrato que sufrieron inmigrantes detenidos en pos de los acontecimientos de
11-S por parte de guardias de prisión y altos oficiales del gobierno de Bush.
Sin ninguna prueba de conexión con el terrorismo, cientos de musulmanes,
árabes, y sudasiáticos se encontraron hechos blancos y perseguidos por su
origen étnico o religión y sometidos a detenciones ilegales y abusos. En los
primeros momentos de la guerra de terror estadounidense, el gobierno de EE.UU.
llevó a cabo redadas por todo el país aterrorizando a las comunidades
musulmanas, árabes, y sudasiáticas.
Entre otros documentados abusos del terrorismo estatal de EE.UU., está el hecho de
que a muchas de las personas se les golpeaba la cara contra una pared en la que
habían puesto los “guardas patriotas” una camiseta con un dibujo de la bandera
estadounidense y la frase “These colors don´t run” (“Estos colores no se
corren”). Empujaron a los hombres contra la camiseta al punto de entrar al MDC
y les dijieron: “Bienvenidos a los EE.UU”. La camiseta estaba embadurnada de sangre y
permaneció en la pared del MDC durante meses.
A pesar de las acciones detestables que cometió el gobierno, toda la gente acabó
de encontrarse deportada. Varios de los demandantes retornaron a Nueva York
bajo estrictas condiciones para participar en las declaraciones a sus cargos
contra el gobierno a comienzos de 2006. Después de esto fueron obligados a
salirse del país de nuevo.
El abogado del CCR, Rachel Meeropol, dijo: “Como ya pasó con el
internamiento de los japoneses [al comienzo de la segunda guerra mundial], la
historia no verá las redadas de Ashcroft con buenos ojos. Éste sólo es el
primer paso. Para asegurar que esto no vuelva a ocurrir jamás, el antiguo
Fiscal General y sus cómplices, los arquitectos de esta política, deben asumir
las consecuencias.”. Pero no prevé que la administración de Obama haga
responsables a los antiguos oficiales del gobierno de Bush. Hasta ahora no ha habido
ni una sola investigación sobre estas redadas ilegales, detenciones, y
deportaciones ni sobre las acciones de aquellos altos funcionarios que sea el
objetivo de una acción legal por el Departamento de Justicia de Obama o
cualquier otra agencia gubernamental de EE.UU.
Algunos de los acusados funcionarios de alto rango en este caso fueron el Fiscal
General John Ashcroft, el Director del FBI Robert Mueller, el antiguo miembro
del Servicio de Inmigración y Naturalización James Ziglar, y los oficiales del
Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en cuyo distrito los
demandantes fueron encarcelados. Estos altos oficiales de EE.UU. no se han
enfrentado a la justicia ni lo van a hacer si esperamos que la administración
Obama actúe por sí misma.
Los demandantes quienes han resuelto sus pleitos son Yasser Ebrahim, Hany Ibrahim, y Ashraf Ibrahim,
que actualmente viven en Egipto; Asif-Ur-Rehman Saffi,
originario de Pakistán que vive por el momento en Francia; y Shakir Baloch, un
antiguo médico de Pakistán residente en Toronto.
A pesar del acuerdo, los acusados no se encuentran del todo fuera de peligro en este caso.
En un intento por continuar la lucha para que estos altos funcionarios rindan
cuentas, los abogados del CCR han pedido al juez que les permita presentar una
nueva queja en nombre de 5 nuevos demandantes contra el MDC. Esta nueva versión
del caso sería también una demanda colectiva e incluiría un número substancial de denuncias
detalladas vinculando a Ashcroft, Mueller, y Ziglar con las redadas ilegales y
los abusos, todo ello basado en información que el CCR ha reunido durante años
de litigaciones en el caso Turkmen. Los abogados del CCR pidieron
que los reclamaciones de los otros dos demandantes originales del caso que
estaban encarcelados en la prisión del condado de Passaic en vez de en el MDC
se pudieran combinar con aquéllas de los nuevos acusados y mandarlo a la Corte
del Distrito. Los dos fueron Ibrahim Turkmen y Akhil Sachdeva.
Los nuevos acusados incluyen dos hombres de origen pakistaní, Iqbal Abbasi y Anser
Mehmood; dos hombres de Egipto, Ahmed Khalifa, y Saeed Hammouda; y Benamar
Benatta, un argelino que pidió y recibió el estatus de refugiado en Canadá. A
pesar del hecho de que el gobierno nunca acusó a ninguno de ellos con los
cargos de terrorismo, las autoridades de inmigración los mantuvieron detenidos
por más de 8 meses, mucho más que lo que permiten sus casos por inmigración.
Los abogados del CCR alegaron que el gobierno violó deliberadamente la Cuarta
Enmienda y que intentó evitar la supervisión judicial consignando a estas personas
a la detención inmigratoria en lugar de a la criminal, a pesar de que la única
intención de las redadas era investigar las supuestas amenazas terroristas, por
lo que debería haber seguido adelante según la ley criminal.
De hecho el Sr. Benatta tuvo éxito en hacer que el tribunal desestimara el cargo por estar en
posesión de documentos de inmigración falsos. El juez federal consideró que su
detención por inmigración ilegal era un “subterfugio” y un “engaño” creado para
esconder la realidad que, ya que Benatta fue “ciudadano argelino y miembro de
la Fuerza Aérea argelina, lo han llevado de forma clandestina al MDC de
Brooklyn ... y detenido en el centro especial [Unidad de Vivienda Especial de Máximo Administrativo, según sus
siglas en inglés] como preso de “alta seguridad” con la intención de explicar
el hecho de hacer que lo interrogaran agentes especiales del FBI”.
El pleito además argumentó lo siguiente: algunos de estos detenidos se encontraron destinados
incorrectamente al centro especial Unidad de Vivienda Especial de Máximo Administrativo (ADMAX SHU);
mantenidos aislados con las luces encendidas 24 horas el día; sometidos bajo una supresión de la
comunicación por lo que no podían buscar asistencia de sus abogados, familias, y amigos; hechos objetos de abusos
físicos y verbales; forzados a aguantar condiciones inhumanas de confinamiento;
y privados del derecho a practicar su religión. Uno de los nuevos demandantes,
Saeed Hammouda, fue obligado a soportar 8 meses de estos abusos antes de que lo
declararan inocente de cualquier vínculo con terroristas y lo deportaran, a
pesar de su inocencia. Ahora bien, si esto te sugiere que se trate de algo
parecido a cómo maltrataban a presos en otras lugares como en Guantánamo, pues
debería, porque el mismo sistema estadounidense de justicia es responsable por
estos horrores.
Entre los abusos documentados en el caso Turkmen se incluían golpes,
repetidos cacheos corporales, y privación de sueño. Las alegaciones de trato
inhumano y degradante las han corroborado dos informes de la Oficina del
Inspector General del Departamento de Justicia. Además, a varios de los acusados en este caso
hace poco los han condenado por cargos federales de golpear a demás presos y de
encubrirlo por el mismo periodo de tiempo.
Si bien es importante que los guardias y otros que han cometido torturas y otros
abusos se enfrenten a la justicia, la verdadera justicia asimismo tendría que
responsabilizar a aquellos altos funcionarios del gobierno de EE.UU. que
establecieron las políticas, dieron las órdenes, y pusieron en marcha estos
abusos. El Mundo no Puede Esperar seguirá observando los desarrollos en este
caso e informando de ellos.
Para más información sobre el caso Turkmen v. Ashcroft favor de dirigirse al siguiente enlace:
http://www.ccrjustice.org/ourcases/current-cases/turkmen-v.-ashcroft
Fuente:
Post 9/11 Immigrant Raids’ Case Gains Partial Victory
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a wcwspanish@gmail.com y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
worldcantwait_la@yahoo.com
| 
.jpg)