Se consigue una victoria parcial en el caso de
las redadas post 11-S contra inmigrantes
Kenneth J. Theisen
06 de Noviembre de 2009
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar
El gobierno de EE.UU ha tenido que dar un paso atrás en lo que se refiere a
sus numerosas acciones ilegales en la guerra contra el terrorismo que llevó a
cabo desde 11-S. El 3 de noviembre de 2009, el Centro por los Derechos
Constitucionales (CCR, según sus siglas en inglés) anunció que 5 personas que
vivían en Nueva York y que habían sido deportados, obtuvieron una indemnización
de 1,26 millones de dólares del gobierno de EE.UU. en un juicio en el que se
denunciaban las discriminaciones raciales posteriores 11-S, la detención ilegal,
y el abuso de musulmanes, árabes, y sudasiáticos.
Yasser Ebrahim, una de las personas detenidas en el Centro de Detención
Metropolitano (MDC, según sus siglas en inglés) de Brooklyn, Nueva York, después
de las redadas masivas posteriores al 11-S y que ahora vive en Egipto, dijo:
“Nos encontramos privados de nuestros derechos y abusados simplemente por
nuestra religión y por el color de nuestra piel. Después de 7 largos años, estoy
aliviado por poder intentar reconstruir mi vida. Es cierto que tanto yo como
otros/as seguimos siendo afectados por lo que ocurrió. También las comunidades
en los EE.UU. continúan sintiendo los efectos. Espero sinceramente que esto no
vuelva a pasar nunca más.” No obstante, estas acciones ilegales del gobierno
puede que ocurra fácilmente de nuevo a menos que se lleven ante la justicia a
los responsables.
El caso Turkmen v. Ashcroft, se inició en septiembre de 2002
para impugnar la detención arbitraria y el maltrato que sufrieron inmigrantes
detenidos en pos de los acontecimientos de 11-S por parte de guardias de prisión
y altos oficiales del gobierno de Bush. Sin ninguna prueba de conexión con el
terrorismo, cientos de musulmanes, árabes, y sudasiáticos se encontraron hechos
blancos y perseguidos por su origen étnico o religión y sometidos a detenciones
ilegales y abusos. En los primeros momentos de la guerra de terror
estadounidense, el gobierno de EE.UU. llevó a cabo redadas por todo el país
aterrorizando a las comunidades musulmanas, árabes, y sudasiáticas.
Entre otros documentados abusos del terrorismo estatal de EE.UU., está el
hecho de que a muchas de las personas se les golpeaba la cara contra una pared
en la que habían puesto los “guardas patriotas” una camiseta con un dibujo de la
bandera estadounidense y la frase “These colors don´t run” (“Estos colores no se
corren”). Empujaron a los hombres contra la camiseta al punto de entrar al MDC y
les dijieron: “Bienvenidos a los EE.UU”. La camiseta estaba embadurnada de
sangre y permaneció en la pared del MDC durante meses.
A pesar de las acciones detestables que cometió el gobierno, toda la gente
acabó de encontrarse deportada. Varios de los demandantes retornaron a Nueva
York bajo estrictas condiciones para participar en las declaraciones a sus
cargos contra el gobierno a comienzos de 2006. Después de esto fueron obligados
a salirse del país de nuevo.
El abogado del CCR, Rachel Meeropol, dijo: “Como ya pasó con el
internamiento de los japoneses [al comienzo de la segunda guerra mundial], la
historia no verá las redadas de Ashcroft con buenos ojos. Éste sólo es el primer
paso. Para asegurar que esto no vuelva a ocurrir jamás, el antiguo Fiscal
General y sus cómplices, los arquitectos de esta política, deben asumir las
consecuencias.”. Pero no prevé que la administración de Obama haga responsables
a los antiguos oficiales del gobierno de Bush. Hasta ahora no ha habido ni una
sola investigación sobre estas redadas ilegales, detenciones, y deportaciones ni
sobre las acciones de aquellos altos funcionarios que sea el objetivo de una
acción legal por el Departamento de Justicia de Obama o cualquier otra agencia
gubernamental de EE.UU.
Algunos de los acusados funcionarios de alto rango en este caso fueron el
Fiscal General John Ashcroft, el Director del FBI Robert Mueller, el antiguo
miembro del Servicio de Inmigración y Naturalización James Ziglar, y los
oficiales del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en cuyo distrito
los demandantes fueron encarcelados. Estos altos oficiales de EE.UU. no se han
enfrentado a la justicia ni lo van a hacer si esperamos que la administración
Obama actúe por sí misma.
Los demandantes quienes han resuelto sus pleitos son Yasser Ebrahim, Hany
Ibrahim, y Ashraf Ibrahim, que actualmente viven en Egipto; Asif-Ur-Rehman
Saffi, originario de Pakistán que vive por el momento en Francia; y Shakir
Baloch, un antiguo médico de Pakistán residente en Toronto.
A pesar del acuerdo, los acusados no se encuentran del todo fuera de peligro
en este caso. En un intento por continuar la lucha para que estos altos
funcionarios rindan cuentas, los abogados del CCR han pedido al juez que les
permita presentar una nueva queja en nombre de 5 nuevos demandantes contra el
MDC. Esta nueva versión del caso sería también una demanda colectiva e incluiría
un número substancial de denuncias detalladas vinculando a Ashcroft, Mueller, y
Ziglar con las redadas ilegales y los abusos, todo ello basado en información
que el CCR ha reunido durante años de litigaciones en el caso
Turkmen. Los abogados del CCR pidieron que los reclamaciones de
los otros dos demandantes originales del caso que estaban encarcelados en la
prisión del condado de Passaic en vez de en el MDC se pudieran combinar con
aquéllas de los nuevos acusados y mandarlo a la Corte del Distrito. Los dos
fueron Ibrahim Turkmen y Akhil Sachdeva.
Los nuevos acusados incluyen dos hombres de origen pakistaní, Iqbal Abbasi y
Anser Mehmood; dos hombres de Egipto, Ahmed Khalifa, y Saeed Hammouda; y Benamar
Benatta, un argelino que pidió y recibió el estatus de refugiado en Canadá. A
pesar del hecho de que el gobierno nunca acusó a ninguno de ellos con los cargos
de terrorismo, las autoridades de inmigración los mantuvieron detenidos por más
de 8 meses, mucho más que lo que permiten sus casos por inmigración. Los
abogados del CCR alegaron que el gobierno violó deliberadamente la Cuarta
Enmienda y que intentó evitar la supervisión judicial consignando a estas
personas a la detención inmigratoria en lugar de a la criminal, a pesar de que
la única intención de las redadas era investigar las supuestas amenazas
terroristas, por lo que debería haber seguido adelante según la ley
criminal.
De hecho el Sr. Benatta tuvo éxito en hacer que el tribunal desestimara el
cargo por estar en posesión de documentos de inmigración falsos. El juez federal
consideró que su detención por inmigración ilegal era un “subterfugio” y un
“engaño” creado para esconder la realidad que, ya que Benatta fue “ciudadano
argelino y miembro de la Fuerza Aérea argelina, lo han llevado de forma
clandestina al MDC de Brooklyn ... y detenido en el centro especial [Unidad de
Vivienda Especial de Máximo Administrativo, según sus siglas en inglés] como
preso de “alta seguridad” con la intención de explicar el hecho de hacer que lo
interrogaran agentes especiales del FBI”.
El pleito además argumentó lo siguiente: algunos de estos detenidos se
encontraron destinados incorrectamente al centro especial Unidad de Vivienda
Especial de Máximo Administrativo (ADMAX SHU); mantenidos aislados con las luces
encendidas 24 horas el día; sometidos bajo una supresión de la comunicación por
lo que no podían buscar asistencia de sus abogados, familias, y amigos; hechos
objetos de abusos físicos y verbales; forzados a aguantar condiciones inhumanas
de confinamiento; y privados del derecho a practicar su religión. Uno de los
nuevos demandantes, Saeed Hammouda, fue obligado a soportar 8 meses de estos
abusos antes de que lo declararan inocente de cualquier vínculo con terroristas
y lo deportaran, a pesar de su inocencia. Ahora bien, si esto te sugiere que se
trate de algo parecido a cómo maltrataban a presos en otras lugares como en
Guantánamo, pues debería, porque el mismo sistema estadounidense de justicia es
responsable por estos horrores.
Entre los abusos documentados en el caso Turkmen se incluían
golpes, repetidos cacheos corporales, y privación de sueño. Las alegaciones de
trato inhumano y degradante las han corroborado dos informes de la Oficina del
Inspector General del Departamento de Justicia. Además, a varios de los acusados
en este caso hace poco los han condenado por cargos federales de golpear a demás
presos y de encubrirlo por el mismo periodo de tiempo.
Si bien es importante que los guardias y otros que han cometido torturas y
otros abusos se enfrenten a la justicia, la verdadera justicia asimismo tendría
que responsabilizar a aquellos altos funcionarios del gobierno de EE.UU. que
establecieron las políticas, dieron las órdenes, y pusieron en marcha estos
abusos. El Mundo no Puede Esperar seguirá observando los desarrollos en este
caso e informando de ellos.
Para más información sobre el caso Turkmen v.
Ashcroft favor de dirigirse al siguiente enlace:
http://www.ccrjustice.org/ourcases/current-cases/turkmen-v.-ashcroft
Fuente:
Post 9/11 Immigrant Raids’ Case Gains Partial Victory
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