Corte española enjuiciaría a funcionarios estadounidenses
29 de marzo de 2009
MADRID (AP) - Una corte española acordó analizar la apertura de un caso contra seis ex funcionarios del gobierno
del presidente estadounidense George W. Bush, incluyendo al ex secretario de
Justicia Alberto Gonzales, por su presunto encubrimiento de torturas en la base
naval de Guantánamo, informó un abogado en el caso.
Un grupo de abogados por los derechos humanos llevó el caso ante el juez antiterrorismo Baltasar Garzón, que
aceptó enviarlo a los fiscales para decidir si merece desarrollarse, indicó el
sábado a The Associated Press Gonzalo Boye, uno de los abogados que presentó
los cargos.
Los ex funcionarios del gobierno de Bush son Gonzales; el ex subsecretario de la Defensa para la política,
Douglas Feith; el ex jefe de cartera del vicepresidente Dick Cheney, David
Addington; los funcionarios del Departamento de Justicia John Yoo y Jay S.
Bybee, y el abogado del Pentágono William Haynes.
Se enviaron correos electrónicos a Yoo y Feith, pero éstos no fueron respondidos inmediatamente.
La ley española permite que las cortes puedan realizar juicios internacionales en casos de tortura o crímenes
de guerra bajo la doctrina de la justicia universal, aunque el gobierno indicó
recientemente que espera limitar el alcance de estos procesos legales.
Garzón se hizo famoso por presentar cargos contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Otros
jueces españoles han aceptado investigar presuntos abusos, desde el Tíbet hasta
la "Guerra Sucia" en Argentina y los conflictos en El Salvador y
Ruanda.
Pero hasta ahora los resultados no han sido tan positivos y sólo uno de los sospechosos ha sido extraditado a
España. Cuando se interpuso un caso similar contra funcionarios israelíes a
comienzo de este año, el ministro de asuntos exteriores Miguel Angel Moratinos
le aseguró a su homólogo de Israel que el proceso se desecharía.
En el caso de que se entreguen acusaciones formales a los ex funcionarios estadounidenses está poco claro si
se realizarán arrestos. Los ex funcionarios deberán viajar fuera de Estados
Unidos a un país dispuesto a tenerlos bajo custodia antes de una posible
extradición a España.
Los funcionarios fueron señalados por crear una fachada legal a métodos de interrogatorio como la
amenaza de ahogamiento con agua a los sospechosos de terrorismo en Guantánamo,
que según los abogados españoles por los derechos humanos, son una forma de
tortura.
Boye indicó que esperaba que la Audiencia Nacional prosiguiera con el caso y negó los temores de que esto
podría afectar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Indicó que
algunas de las víctimas de las presuntas torturas eran españolas, por lo que
esto fortalece el argumento para la jurisdicción española.
El abogado subrayó que el caso no fue interpuesto para los interrogadores que pudieron cometer los crímenes,
sino para los abogados y otros importantes funcionarios que dieron la
protección a estas acciones.
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El periodista de The Associated Press Harold Heckle en Madrid contribuyó con este despacho.
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