Criminales de guerra, incluidos sus abogados, deben ser procesados
Marjorie Cohn
19 de febrero de 2009
Traducido del inglés para ¡El mundo no puede esperar!
Desde que asumió su cargo, el Presidente Obama ha realizado muchos cambios
que rompan con las políticas de la administración Bush. El nuevo presidente ha
prohibido que ningún organismo gubernamental torture, y ha ordenado el cierre
de la prisión estadounidense de Guantánamo y de los sitios negros secretos de
la CIA. Sin embargo, Obama es evasivo cuando se le pregunta si va a solicitar
la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios de Bush que violaron
la ley. "Mi opinión es que nadie está por encima de la ley y, si hay casos
claros de irregularidades, que las personas deben ser enjuiciados como
cualquier ciudadano común y corriente", dijo Obama. "Pero",
añadió, "en términos generales, estoy más interesado en mirar hacia el
futuro que mirar hacia atrás." Obama teme que hacer rendir cuentas al
equipo de Bush correrá el riesgo de alejar a los republicanos cuyo apoyo aún
quiere ganar.
Es posible que Obama no tenga que actuar, por lo menos con respecto a
investigar a los abogados que asesoraron la Casa Blanca sobre cómo torturar y
salir impunes. De acuerdo a Michael Isikoff de la revista Newsweek, la Oficina
de Responsabilidad Profesional (OPR) ha escrito el borrador de un informe que,
al parecer, vilipendia a John Yoo y Jay Bybee, los ex abogados del Departamento
de Justicia que escribieron las infames notas sobre la tortura. La OPR puede
denunciar a esos abogados a la barra de abogados de sus estados para una
posible disciplina, o incluso para que se haga una investigación criminal.
Obama no tiene que iniciar las investigaciones, pues la OPR ya las puso en
marcha durante el gobierno de Bush.
La evidencia que puede incriminar a George W. Bush, Dick Cheney, et al., es
los correos electrónicos entre los abogados y la Casa Blanca. Isikoff revela la
existencia de esos correos electrónicos en el programa televisivo de Rachel
Maddow. Algunas personas sostienen que los funcionarios del gobierno de Bush son inocentes, porque se basaron de
buena fe en el asesoramiento jurídico de sus abogados. Pero si el presidente y
el vicepresidente les dijeron a los abogados que manipularan la ley para
permitir los actos de tortura, entonces ese argumento de defensa no servirá
para nada.
Un informe bipartidista del Comité de Fuerzas Armadas del Senado considera
que "altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos solicitaron
información sobre el uso de técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear
la apariencia de legalidad, y autorizaron su uso contra los detenidos".
Cheney recientemente admitió que autorizó el submarino, que por mucho
tiempo se ha considerado una forma de tortura según las leyes estadounidenses.
Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, George Tenet, Colin Powell, y John Ashcroft
se reunieron con Cheney en el sótano de la Casa Blanca y autorizaron técnicas
de interrogatorio duras, incluyendo el submarino, según un informe de ABC News.
Cuando se le preguntó, Bush dijo que él sabía sobre eso y lo aprobó.
John Yoo escribió en el Wall Street Journal que Bush "podía
autorizar incluso el submarino, lo que hizo tres veces en los años después del
11 de septiembre".
Un representante del Departamento de Justicia prometió que el informe de
OPR sería publicado durante el pasado mes de noviembre. Sin embargo, el
(entonces) secretario de Justicia Michael Mukasey se opuso al borrador. Una
versión finalizada será presentada al secretario de Justicia Eric Holder. La
administración tendrá que decidir entonces si publicará el informe, y los
correos electrónicos, y cómo se procederá.
Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, prometimos
extraditar o enjuiciar a los que cometen, o son cómplices en la comisión, de la
tortura. Tenemos dos estatutos federales criminales sobre el procesamiento por
tortura – el Estatuto de Tortura y la Ley de Crímenes de Guerra (la tortura es
considerada un crimen de guerra bajo la ley de EE.UU.). La Convención contra la
Tortura es inequívoca: nada, ni siquiera el estado de guerra, puede ser
invocado como justificación de la tortura.
Yoo redefinió la tortura de una manera mucha más limitada que lo
establecido en las leyes de EE.UU., y aconsejó a la Casa Blanca que podría
eludir que se les enjuicien según la Ley de Crímenes de Guerra con el argumento
de que se trataba de autodefensa o necesidad. Yoo sabía o debía haber sabido
que la Convención contra la Tortura prohíbe la tortura en absoluto.
Hay un precedente para acusar de delitos a los abogados que dan asesoría
jurídica errónea que resulta en grandes daños físicos o mentales, o en la
muerte. En EE.UU. vs. Altstoetter, se condenaron a abogados nazis por crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad porque le asesoraron a Hitler sobre
las formas "legales" de hacer desaparecer a sospechosos políticos en
campos de detención especiales.
Casi el 67% de personas que respondieron a una encuesta de USA Today/Gallup
estaban a favor de investigar al equipo de Bush en cuanto a la tortura y las
escuchas telefónicas sin orden judicial. Casi cuatro de cada 10 estaban a favor
de hacer investigaciones criminales. El congresista John Conyers ha presentado legislación para
establecer una Comisión Nacional sobre los Poderes Presidenciales en tiempos de
Guerra y las Libertades Civiles. El senador Patrick
Leahy aboga por una Comisión de Verdad y Reconciliación, pero eso es
insuficiente. Esas comisiones se utilizan en casos de nacientes democracias en
transición. Al dar inmunidad a los que dan testimonio ante tales comisiones, se
asegurará que los responsables de la tortura, los abusos y el espionaje ilegal
nunca serán llevados ante la justicia.
El secretario de Justicia Eric Holder deberá designar a un Fiscal Especial
para investigar y enjuiciar a los altos funcionarios del gobierno de Bush,
incluido a abogados como John Yoo, quien les dio pretextos "legales".
Obama dijo lo correcto cuando dijo que nadie está por encima de la ley. La
rendición de cuentas es fundamental para asegurar que nuestros líderes nunca
más permiten la tortura y el mal trato de las personas.
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