Cuarto millón de americanos demandan juicio por torturas
Mandy Simon, ACLU, (202) 675-2312;
media@dcaclu.org
Publicado: 23 de April de 2009
WASHINGTON – Una coalición de grupos defensores de derechos presentarán
peticiones conteniendo cuarto millón de firmas al Fiscal General Eric Holder
demandando que designe a un fiscal independiente que investigue el uso de
tortura en los sospechosos de terrorismo de la administración Bush. Las
peticiones fueron reunidas por American Civil Liberties Union,
MoveOn.org Political Action, the Center for Constitutional Rights,
Firedoglake.com, Democrats.com y otros grupos de derechos humanos. Las peticiones
serán entregadas durante el testimonio ante el subcomité de Apropiaciones
de la Casa.
La semana pasada, a través de la demanda de Freedom of Information Act,
ACLU obtuvo cuatro memos producidos por Justice Department's Office of Legal
Counsel (OLC) señalando el marco legal de la administración Bush por sus
políticas de tortura. Esta semana, un reporte del congreso fue comunicado
por el comité de servicios armados del Senado reafirmando la coordinación
entre la Casa Blanca de Bush y otros oficiales del gobierno de alto nivel en la
creación e implementación de políticas de tortura.
Dada la sustancial cantidad de evidencia de nueva totura presentado a los
americanos la semana pasada, el Departamento de Justicia está obligado a
designar a un fiscal independiente para investigar estos crímenes. El
hecho es que todos los crímenes fueron cometidos para restaurar la regla
de la ley. La idea de que nuestras leyes deberían ser cumplidas no debería ser
controversial en una democracia.
De hecho, una reciente encuesta de USA Today y Gallup muestra que dos tercios de los americanos apoyan investigaciones en el uso
de tortura por la administración Bush y un 40% apoya los procesos criminales.
“La tortura es un crimen. Es trabajo del fiscal general asegurar
investigaciones que ocurren para determinar exactamente quién autorizó,
sancionó y llevó a cabo eso para que esas personas sean responsables,"
dijo Caroline Fredrickson, Directora de la oficina legislativa de ACLU en
Washington. “Estamos apremiando al Fiscal General Holder a que
rápidamente designe un fiscal independiente para que nuestro país avance para
restaurar la regla de la ley.”
"La tortura es ilegal bajo las leyes de nuestra nación--esto no
es una pregunta de izquierda o derecha; es una pregunta del liderazgo
moral de America," dijo Justin Ruben, director ejecutivo
de MoveOn.org Political Action. "Esta semana nuestros miembros
se unieron al creciente coro de voces pidiendo al Fiscal General que investigue
a aquellos responsables de estos abusos. Mostrar estas acciones tiene consecuencias
reales; debemos asegurarnos que nada más como esto suceda de nuevo."
“Es tarea del Fiscal General mantener la ley, no decidir cuáles leyes
sostener basado en el cálculo político del presidente. La administración Bush
comprometió la independencia del Departamento de Justicia, volcándola en un
brazo político de la Casa Blanca", dijo el director ejecutivo del Centro
para Derechos Constitucionales, Vincent Warren. “Esperemos que Eric Holder
entienda que lo que el presidente desea y la ley requiere no es siempre la misma
cosa.”
Jane Hamsher, fundadora de firedoglake.com: "El comunicado
de memos de tortura demuestra cuán crítico es que el Fiscal General Holder
designe a un fiscal especial que investigue el uso de la tortura.
No podemos avanzar y realizar el cometido del presidente Obama para
restaurar la moral de la nación hasta que se limpie el legado de nuestro
pasado."
David Swanson, de Washington Director of Democrats.com: "La tortura a
las personas para obligar acuerdos con justificaciones ficticias por guerra
sugiere de que no hemos avanzado mucho durante el pasado milenio. Y
todavía sé que tenemos y podemos probarlo haciendo cumplir nuestras leyes
en la cara del miedo y el malentendimeinto. Una demora no puede ser justificada
por la carencia de evidencia (la evidencia es abrumadora) o por un cálculo político.
La designación de un consejero especial independiente que haga cumplir nuestras
leyes daría una nueva base para el progreso en nuestras relaciones con el
mundo, una explicación para mejorar nuestro código criminal, y el espacio
necesario para que el congreso apropiadamente persiga la responsabilidad y
prevención de futuros abusos de poder.
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