Cuestionada legitimidad de tribunales militares
William Fisher entrevista a DAVID FRAKT, abogado defensor de presos de
Guantánamo
IPS
22 de marzo de 2010
David Frakt
Crédito: Gentileza del
entrevistado |
NUEVA YORK, mar (IPS) - "Los tribunales federales ofrecen los medios más
rápidos y seguros de proporcionar justicia", dijo a IPS David Frakt, profesor en
la Escuela de Leyes de la Western State University y miembro del servicio
jurídico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Frakt es ampliamente conocido por su defensa del ex detenido en Guantánamo
Mohammad Jawad, un presunto "combatiente enemigo ilegal" que antes enfrentó
cargos en tribunales militares estadounidenses por hechos que se presume
tuvieron lugar cuando él era menor de edad, en diciembre de 2002.
En julio de 2009, Frakt se convirtió en el primer abogado defensor en lograr
que se desestimaran los cargos presentados ante los tribunales militares,
consiguiendo la liberación de Jawad mediante una exitosa solicitud de hábeas
corpus.
Jawad regresó a Afganistán, su país, en agosto de 2009.
IPS dialogó con Frakt.
IPS: Desde el histórico caso de la Corte Suprema de Justicia de 2008
conocido como "(Lakhdar) Boumediene versus (George W.) Bush", en el que el
órgano judicial afirmó que los detenidos en Guantánamo tenían derecho a
presentar el recurso de hábeas corpus en cortes federales estadounidenses, se
han resuelto 44 peticiones de hábeas corpus en tribunales federales de
Washington. De éstas, 33 fueron concedidas y 11 rechazadas.
Los abogados que representan a detenidos en la cubana bahía de Guantánamo
dicen que hay otras decenas de peticiones en ciernes. Presumiendo que los
resultados de futuras audiencias de hábeas corpus no difieran de decisiones del
pasado, ¿sobre qué base puede el gobierno continuar reteniendo a estas
personas?
DAVID FRAKT: No hay una base legal para continuar encarcelando a estos
individuos. Si ningún otro país está dispuesto a aceptarlos, entonces ellos
deberían ser liberados en Estados Unidos.
El problema es la falta de voluntad política para permitir que haya ningún ex
detenido en Estados Unidos, incluso aquellos que se determine son completamente
inocentes y están detenidos por error.
Nuestra falta de voluntad para aceptar que ningún detenido se reasiente en
Estados Unidos es también el mayor escollo para convencer a nuestros aliados de
aceptar a detenidos liberados. ¿Por qué ellos deberían solucionar nuestros
problemas cuando nosotros no estamos dispuestos a ser parte de la solución?
IPS: ¿Por qué hay una categoría de prisioneros que se estiman "demasiado
peligrosos para liberar" y "demasiado peligrosos para juzgar"?
DF: Ni el gobierno de (el ex presidente George W.) Bush (2001-2009) ni el de
(Barack) Obama especificaron jamás quién está en esta categoría o por qué,
aunque el segundo anunció que cree que en esta categoría hay incluso 50
individuos.
Una posibilidad es que la principal evidencia de que estos individuos son
peligrosos se haya obtenido mediante interrogatorios coactivos que probablemente
serían inadmisibles en tribunales (federales). Dada la falta de confiabilidad
inherente a los interrogatorios coactivos, es muy problemático que consideremos
retener a alguien para siempre sobre esa base.
IPS: ¿Por qué algunos detenidos serían juzgados ante tribunales militares
y otros en cortes federales ante un jurado civil? ¿Qué determina qué ámbito se
usará?
DF: El fiscal general ha elaborado una lista de factores a considerar a la
hora de llegar a esta determinación, pero no ha indicado qué factores van en qué
dirección. No parece haber ninguna base de principios para hacer esta
distinción.
Es como si esos casos que los fiscales estadounidenses quieren y piensan que
pueden resolver en tribunales federales fueran a tribunales federales, y otros
pasaran a las tribunales militares, creando la apariencia de que éstas
constituyen un sistema judicial de segunda clase.
Como indica la controversia en torno a la sede del juicio a los presuntos
co-conspiradores del 11 de septiembre de 2001 (fecha de los atentados que
dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington), los factores políticos
también parecen estar jugando un rol significativo.
IPS: ¿Podría hacerse algo más para mejorar los tribunales militares a tal
punto que sean ámbitos aceptables para realizar juicios? ¿Cuáles son los
principales inconvenientes de los tribunales?
DF: Aunque los procedimientos que utilizan han mejorado sustancialmente,
todavía tienen defectos y carecen de legitimidad ante la comunidad
internacional.
Las tribunales militares deberían ser un foro para juzgar delitos bajo la ley
de guerra, pero varios delitos que no son de guerra y no pertenecen a ese ámbito
también reciben autorización para ser juzgados en tribunales militares. Entre
ellos, apoyo material al terrorismo, conspiración, y terrorismo propiamente
dicho.
La vasta mayoría de los detenidos hasta ahora tienen cargos por estos delitos
que no son de guerra, y que sería más adecuado tratar en tribunales
federales.
Las normas que permiten que se admitan evidencias obtenidas mediante la
coacción han mejorado, de modo que las confesiones más coactivas serán
excluidas, pero aunque las propias declaraciones puedan no ser admisibles, las
evidencias derivadas de ellas todavía lo son.
Otros inconvenientes importantes: la falta de toda audiencia preliminar o de
un gran jurado que desestime cargos sin mérito; normas que excluyan a abogados
defensores calificados que no sean ciudadanos estadounidenses; que no haya
límites de edad, permitiendo a menores como Omar Khadr ser juzgados como
criminales de guerra por actos cometidos cuando tenían 15 años; y ningún
precedente que guíe a los tribunales militares.
Las reglas básicamente se elaboran a medida que los casos avanzan, creando
muchas oportunidades para desafíos y apelaciones que causan demoras
interminables.
Los tribunales federales ofrecen los medios más rápidos y seguros de
proporcionar justicia, y los resultados serán aceptados tanto en el ámbito
nacional como en el exterior.
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