DDHH-EEUU: Decepción por protección de Obama a torturadores
William Fisher
IPS
17 de abril de 2009
NUEVA YORK - Defensores de los derechos humanos expresaron su decepción por la
decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de darles inmunidad a
los agentes de la CIA involucrados en torturas a sospechosos de terrorismo,
confirmadas por cuatro memorandos divulgados por el Departamento de Justicia.
Los documentos, elaborados por la Oficina de Asesoramiento Legal (OLC,
por sus siglas en inglés) de ese Departamento, proveyeron el marco jurídico
para que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) usara métodos como el
"waterboarding" (una de las variantes del "submarino" o
simulación de ahogamiento) y otros procedimientos de interrogatorio que violan
leyes nacionales e internacionales contra la tortura.
Estas prácticas fueron avaladas por el gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Los textos fueron presentados ante el juez Alvin Hellerstein, designado durante
la administración de Bill Clinton (1993-2001) en la Corte de Distrito de Nueva
York, en respuesta a una demanda presentada por la Unión para las Libertades
Civiles de Estados Unidos (Aclu) citando la Ley de Libertad de Información.
El tribunal le había dado plazo al gobierno para que entregara el jueves los
memorandos, elaborados por Jay Bybee y Steven Bradbury, entonces los
principales abogados en la OLC, o que al menos explicara por qué aún no habían
sido divulgados al público.
Para sorpresa de muchos observadores, el Departamento de Justicia optó por
entregar los documentos en tiempo.
La OLC provee asesoramiento legal al presidente y a todas las agencias de la
rama ejecutiva. Redacta opiniones legales del fiscal general y también brinda
sus propias opiniones escritas y consejos orales en respuestas a cualquier
pedido del gobierno.
La ACLU pidió al Departamento de Justicia que designara un fiscal independiente
para investigar las torturas durante la administración de Bush.
Tres de los memorandos divulgados el jueves fueron escritos en 2005 por
Bradbury. El cuarto fue redactado en agosto de 2002 por Bybee, quien era el
director de la oficina. Ahora es juez federal, designado por Bush.
"Los memorandos escritos por la OLC, incluyendo los divulgados hoy (por el
jueves), proveyeron los fundamentos para el programa de torturas de la
administración de Bush", dijo el director del Proyecto de Seguridad
Nacional de la ACLU, Jameel Jaffer.
"A través de estos memorandos, los abogados del Departamento de Justicia
autorizaron a los interrogadores usar los métodos más bárbaros, incluyendo los
que una vez Estados Unidos juzgó como crímenes de guerra. Los memorandos están
basados en un razonamiento jurídico falaz, y al final de cuenta no son para
nada legales. Son simplemente instrumentos destinados a proveer una fachada
para crímenes de guerra", sostuvo Jaffer.
"Si bien estos memorandos nunca debieron haber sido escritos, celebramos
su divulgación. La transparencia es el primer paso hacia la
responsabilidad", afirmó.
Desde 2003, la ACLU ha presentado varias demandas apelando a la Ley de Libertad
de Información y exigiendo la divulgación de documentos del gobierno sobre
torturas, detenciones, vigilancias y "entregas extraordinarias",
mecanismo empleado por Washington para capturar a sospechosos de terrorismo y
transferirlos, sin pasar por los tribunales, a terceros países en los que por
lo general son torturados, según activistas.
Las demandas de ACLU han permitido la divulgación de miles de registros.
Pese a que Obama, poco después de asumir, prohibió las torturas a los detenidos
en la "guerra contra el terrorismo" como el submarino, la privación
del sueño, el encierro del prisionero en una habitación pequeña llena de
insectos, los golpes en el rostro y abdomen, y mantener al detenido desnudo, el
jueves anunció que los agentes de la CIA involucrados no serían procesados.
El mandatario arguyó que estos desempeñaron sus tareas de buena fe bajo el
marco legal avalado entonces por la OLC.
El independiente Centro para Derechos Constitucionales, uno de los grupos cuyos
abogados han asistido a los presos en la cárcel de la base militar
estadounidense de Guantánamo, Cuba, respondió rápidamente al anuncio
presidencial.
"Es una de las más grandes decepciones de esta administración, que parece
indispuesta a asumir la ley cuando se han cometido crímenes por ex
funcionarios", señaló la organización.
"Se les garantice o no inmunidad a los funcionarios de la CIA que
realizaron los submarinos, son los altos niveles que concibieron, justificaron
y ordenaron el programa de torturas quienes tienen la mayor responsabilidad por
violar el derecho nacional e internacional, y los que deben ser juzgados",
señaló el Centro.
"En la declaración del presidente, la contradicción más perturbadora es el
contraste entre las palabras: ‘Es tiempo para la reflexión, no la retribución’
con: ‘Estados Unidos es una nación de leyes’. Funcionarios de gobierno
rompieron varias leyes importantes. Que no haya consecuencias de eso no sólo
pone en duda todo nuestro sistema, sino que deja la puerta abierta a que ocurra
otra vez", añadió.
Tim Hancock, de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno "parece
haberle ofrecido un pase libre de la cárcel a las personas involucradas en la
tortura".
No obstante, Alez Abdo, abogado del Programa de Seguridad Nacional de ACLU,
destacó que "Obama dejó la puerta abierta a un juicio a quienes elaboraron
los memorandos". "Esperamos que nombre a un fiscal especial"
para asumir ese proceso, afirmó.
Por su parte, Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales,
sostuvo que el mandatario "tomó su decisión como si fuera un jurado, un
juez o un fiscal". "No es quién para tomar la decisión", afirmó.
"Se rompieron leyes y se cometieron delitos. Si realmente somos una nación
de leyes, como él dice, se debe designar un fiscal y las decisiones sobre los
que estuvieron involucrados en el programa de torturas deben tomarse en un
tribunal", sostuvo.
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