Denuncian abusos en las redadas
Comisión que evalúa función del ICE emite recomendaciones al gobierno de Obama
Las manifestaciones contra operativos de las autoridades migratorias,
como esta protesta en enero en Los Ángeles, se multiplican. [Foto: Aurelia
Ventura/La Opinión] |
Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
Discriminación racial, burlas, abuso de autoridad, separación familiar y una larga lista de
violaciones a los derechos humanos, son algunas de las consecuencias de las
redadas en los sitios de trabajo, reportadas hoy por una comisión nacional
encargada de evaluar la conducta de la Oficina de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE) durante estas detenciones.
El grupo, conformado por ex funcionarios de gobierno, líderes sindicales,
académicos y expertos en materia de inmigración, documentó durante un año las
redadas "de tipo militar" implementadas durante la administración de
George W. Bush, incluyendo audiencias regionales, entrevistas a las víctimas de
las detenciones y una evaluación cercana de la manera de operar durante las
redadas, así como las consecuencias de éstas en las familias y las comunidades.
"Yo sabía de las acciones y los abusos realizados durante las redadas, pero cuando
viajamos por todo el país, quedé sorprendido por el nivel de abuso sobre los trabajadores",
comentó Bill Ong, profesor de estudios asiático-americanos en la Universidad de
California Davis e integrante de la comisión.
"Es terrible ver y escuchar a los individuos que han sido víctimas de una redada;
los agentes usan armas en su contra y no llevan órdenes de arresto
individuales; no les proporcionan medicinas y se burlan de la gente",
agregó.
El reporte enfatiza las consecuencias para las familias y las comunidades de los
detenidos. En poblaciones pequeñas que han sido sede de empresas donde se ha
detenido a centenares de personas en redadas, señalan los integrantes de la
comisión, "se ha retrocedido lo avanzado en la confianza construida
durante años por las autoridades locales y estatales con las comunidades que
ahí viven".
Entre las estrategias sugeridas por la comisión a la administración del presidente
Barack Obama, se enfatiza la importancia de enfocar los esfuerzos de la
aplicación de la ley en los empleadores que abusan del sistema de inmigración a
fin de explotar a los trabajadores indocumentados, para lo cual resulta
fundamental la coordinación con el Departamento del Trabajo (DOL).
En caso de requerirse que las autoridades migratorias detengan trabajadores en sus
centros de trabajo, esto debe ocurrir sólo si existe una orden de aprehensión
específica en contra del empleado.
El arresto, sugiere el reporte, debe realizarse interrumpiendo lo menos posible
las actividades del centro de trabajo, sin que sea necesario que los agentes se
presenten en los hogares, vecindarios u otros establecimientos, en grupos
numerosos y completamente armados, como lo han hecho hasta ahora, según
testimonios recogidos durante la investigación de la comisión.
Otras sugerencias son la creación de un ombudsman que vigile el trabajo de los
agentes de ICE para prevenir procedimientos abusivos; el cese de los acuerdos
287(g) que permite la colaboración de las policías locales en arrestos
vinculados con inmigración; proporcionar servicios de defensa legal, traducción
e interpretación a los detenidos, además de enfatizar la importancia de buscar
una reforma a las leyes de inmigración y propiciar la reunificación familiar.
Entre las redadas que se han caracterizado por las denuncias de violación a los
derechos humanos de los detenidos y abuso de poder en los últimos años se
encuentra la de los trabajadores de la fábrica Microsolutions, en la ciudad de
Van Nuys, que tuvo lugar el 7 de febrero de 2008.
"Nos gritaron que nos pusiéramos de un lado los que tenían papeles y del otro los
que no; nos amenazaban con meternos a la cárcel o deportarnos si no
respondíamos y todas las declaraciones las sacaron bajo presión". recuerda
Ulises, joven trabajador que fue arrestado en esa ocasión. "Nos tuvieron
un buen rato sin darnos de comer, nos ponían el aire acondicionado en la noche,
cuando hacía frío".
Ulises relata cómo por lo menos un ciento de agentes, la mitad de ellos armados, rodeó
las instalaciones de la fábrica e impidió que los trabajadores salieran. El
grupo buscaba específicamente a ocho trabajadores, la mayoría de los cuales no
se encontraba en el lugar; sin embargo, arrestaron a 138. La mayoría de ellos
enfrenta procesos en la corte de inmigración.
Gloria Saucedo, presidenta de Hermandad Mexicana Trasnacional, asegura que en todos
los casos de detenidos en redadas que atiende esta deportación, siempre hay un
factor común: el miedo.
"Los agentes llegan provocando terror y sorpresa, utilizan estos elementos para
hacer su trabajo, aunque no sea esa realmente la función para la cual el
Congreso ha asignado los recursos destinados al ICE, sino para preservar la
seguridad del país", comenta. "Lo que hacen es aterrorizar a familias
trabajadoras, a la gente más débil; en vez de agarrar a un león, agarran a
quien no tiene garras para defenderse".
Joseph T. Hansen, presidente de la comisión nacional, y presidente del Sindicato
Internacional de Trabajadores Comerciales y de los Alimentos (UFCW), señaló que
los costos de las deficiencias en la operación de ICE no son sólo morales o
legales, sino también económicos: cada individuo arrestado cuesta al sistema
cerca de 13 mil dólares. El presupuesto de ICE ha aumentado, de 3,700 millones
de dólares en 2004, a 6,000 millones en 2009.
Por su parte, Mary Bauer, directora del Proyecto de Justicia Inmigrante del
Southern Poverty Law Center, recordó que los resultados de esta inversión no
son tangibles. "Ésta no es la respuesta; se ha detenido a algunas miles de
personas, pero no se va a solucionar el problema de 12 millones [de inmigrantes
indocumentados]. Lo que necesitamos es una reforma migratoria integral",
subrayó.
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