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Derecho a representación legal

La puesta en tela de juicio por parte del Fiscal General, Michael Mukasey, de un derecho de los inmigrantes amenaza con socavar el poco recurso que tienen cuando sus representantes manejan mal sus casos.

Inmigrantes en riesgo de deportación confían en sus abogados o en las personas acreditadas para que les den una defensa apropiada. Pero cuando un abogado o un representante cometen errores o los engaña, los clientes tienen derecho a apelar sobre la base de haber tenido un abogado ineficaz.

Nadie quiere que su derecho a un proceso justo se vea comprometido por la incompetencia de abogados inescrupulosos. Sin embargo, esta es algo que sucede con mucha frecuencia, y que a menudo documentamos en EL DIARIO/LA PRENSA.

A pesar de esa realidad, Mukasey pone en tela de juicio la constitucionalidad de este derecho.

Este intento de revocar el derecho de un inmigrante y castigarlos por una defensa incompetente se aparta fundamentalmente de no sólo de los precedentes jurídicos, sino también una revisión previa. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señala que la Junta de Apelaciones de Inmigración, hace pocos años tomaba en cuenta las cuestiones en torno a la defensa de los inmigrantes y optó por no revocar el derecho fundamental a una nueva audiencia en los casos de error de un abogado.

Lo que también es problemático es el reducido espacio que Mukasey dejó para comentarios del público y aportes jurídicos en torno a esta reconsideración. De una forma sutil, en medio del verano, le pidió concejo jurídico a un pequeño grupo de peticionarios. Mukasey no concedió la prórroga solicitada noviembre por la ACLU, la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA) y una larga lista de las organizaciones.

Como jefe de un Departamento empañado por una serie de escándalos, incluidos los nombramientos políticos de los jueces de inmigración, Mukasey haría bien y sería prudente que preservara el derecho a contar con un abogado competente.


 

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