"Los presos liberados de Guantanánamo deberían poder pedir una compensación"
Parte 2:
P+DH [periodismo + derechos humanos]
22 de julio de 2009
Segunda y última parte de la entrevista que el periodista británico Andy Worthington ha concedido en exclusiva a P+DH
[periodismo + derechos humanos]. Tras la
primera parte, publicada el lunes, esta segunda entrega se
centra en el futuro de los ex prisioneros de Guantánamo liberados, una cuestión
que tiene una especial relevancia en España, que acogerá a algunos de ellos.
Carlos Sardiña: Algunas fuentes del
Pentágono declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de
Guantánamo “regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta
reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la
liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de reincidencia?
Andy Worthington: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York
Times publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella
estadística, “en seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían
el excelente trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de
Seton Hall desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”.
También escribí: “El 28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y
Katherine Tiedemann, de la New America Foundation, la oportunidad de escribir
una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que concluían, a
partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia
se situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose
en el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la
participación de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos
estadounidenses y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.
En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son la mejor fuente disponible para
desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su último informe (PDF, que ofrece pruebas concluyentes de que
los numerosos informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no
son más que propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con
tanta facilidad.
Carlos Sardiña: En España cobra una
especial relevancia el tema de los presos inocentes de Guantánamo que van a ser
liberados en terceros países. El caso de los
uigures chinos es quizá el más famoso y el más representativo. Hace mucho tiempo que el
ejército estadounidense declaró que no son “combatientes enemigos”, pero no pueden
volver a China, donde se enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin
embargo, el gobierno estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio
a esos y otros prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se permitiera entrar a 17 uigures en Estados
Unidos y haya allí comunidades de compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué
el gobierno de Estados Unidos se niega con tanta terquedad a aceptar la entrada
en su territorio de unos prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda
razonable?
Andy Worthington: Los jueces que anularon el
valiente y justo fallo del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen
al Tribunal de Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo
que no es sorprendente que lo anularan. En cualquier caso, lo más preocupante de
la postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a
veces le falta coraje cuando es más necesario.
En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de los uigures en Estados Unidos
cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y permitió que Dick Cheney y
otros políticos en activo iniciaran una campaña para asustar y desinformar
sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo imposible trasladar a los
uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos políticos imponer sus
condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo, sino que también hizo
que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria no sólo para vender
sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que el pueblo
estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de la
administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800
hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el
terrorismo internacional.
Carlos Sardiña: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a problemas legales si esos hombres
entraran alguna vez en Estados Unidos y decidieran pedir que se hiciera
justicia en el sistema judicial estadounidense?
Andy Worthington: No parece que eso vaya a
suceder, pero me atrevería a decir que cualquier persona a la que se libere en
cualquier parte del mundo debería poder pedir, en algún momento, una
compensación por lo que le ha ocurrido.
Carlos Sardiña: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha
dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de movimientos dentro del
país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al extranjero. ¿Cuál será
la situación legal de los prisioneros liberados en terceros países? ¿Cuáles son
las responsabilidades de los países de acogida, y especialmente de España, con
respecto a ellos?
Andy Worthington: Yo creo que no cabe esperar
que ningún país esté dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a
no ser que los gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son
peligrosos. Eso es parte del problema en este momento, ya que la administración
Obama no está dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar
que la mayoría de los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna
vinculación con el terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por
sus aliados afganos o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del
día las recompensas, de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de
“sospechosos de al-Qaeda o talibán” y porque la mayor parte de las llamadas
“pruebas” que el gobierno esgrime en su contra proceden de interrogatorios a
otros prisioneros, a los cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas
corpus, a menudo se torturó, coaccionó o sobornó para que hicieran
declaraciones intrínsecamente poco fiables. Es necesario que los potenciales
países de acogida entiendan estos hechos para que puedan comprender realmente
por qué los funcionarios de los servicios secretos han afirmado durante años
que sólo dos o tres decenas de prisioneros han tenido alguna relación con el
terrorismo y también es necesario que recuerden que muy pocos ex prisioneros
han causado algún problema y que, por lo general, los países occidentales nunca
se han implicado en el gasto inútil de mantener bajo vigilancia a presos
liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este proceso sería mucho más fácil si
Estados Unidos asumiera la responsabilidad de algunos de sus errores.
Carlos Sardiña: ¿Van a recibir los
países de acogida algo del gobierno estadounidense a cambio?
Andy Worthington: Creo que cabe esperar que se
produzcan negociaciones entre bastidores…
Carlos Sardiña: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno estadounidense pero, cediendo a
la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo que va a hacer imposible emprender algunas
acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el
que los prisioneros liberados tengan la posibilidad de emprender acciones
legales contra sus captores? ¿Existe algún trato entre los países de acogida y
Estados Unidos para evitar que pueda suceder algo así?
Andy Worthington: No soy un experto en la
materia, pero tengo entendido que algunos países pueden emprender acciones
legales contra funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa
es si el gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric
Holder, puesto que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal
independiente para que investigue los crímenes de la administración Bush, como
se ha insinuado en los últimos días (véase mi al respecto).
Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última instancia no es cosa suya y la cruda
realidad es que si Holder no investiga los delitos de la administración Bush
(porque la tortura es un delito según la ley estadounidense), habrá demostrado
que los funcionarios estadounidenses de más alto rango pueden quebrantar tantas
leyes como se les antoje siempre y cuando acaben dejando su cargo al final del
mismo, y eso, simplemente, no es aceptable.
—
NOTA: Pocos días después de la realización de
esta entrevista el periodista Sami Al Hajj
(un cámara de Al Yazira al que las autoridades estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin
presentar nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba su intención
de presentar junto a otros antiguos prisioneros una demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su
administración por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su
cautiverio en Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada
Guantánamo Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero
británico Moazzam Begg,
que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo
que probablemente harán en un tribunal europeo.
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