El DHS falla en objetivo de sus arrestos
Según GAO, no persigue delincuentes peligrosos, sino
indocumentados con delitos menores
Un agente de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) toma las huellas
de un detenido durante una redada en Santa Ana, en enero de 2007.[Foto: AP]
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Lo que era un secreto a voces ayer fue confirmado por el propio gobierno: el Departamento de Seguridad Interna (DHS)
falló al vigilar la correcta aplicación del programa 287g, que permite que
policías locales y estatales persigan a criminales peligrosos, lo que ha
resultado en el arresto de miles de personas por delitos menores.
El programa, a cargo de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se
encarga de entrenar a agentes de policía locales, a quienes otorgan facultades
para realizar el arresto de inmigrantes indocumentados bajo la sospecha haber
cometido delitos graves.
Sin embargo, ayer la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) del gobierno
federal dio a conocer un estudio que establece que dicho programa ha carecido
de la supervisión adecuada, lo que ha llevado al arresto de miles de personas
por cometer infracciones menores, como conducir a exceso de velocidad u orinar
en la vía pública.
El estudio, realizado por la GAO a solicitud de los Comités de Seguridad Interna
de las dos cámaras del Congreso, contactó a 29 de las 67 oficinas
gubernamentales que participan en este programa. Los resultados señalan que
durante el año pasado fueron arrestados 43,000 inmigrantes indocumentados,
incluyendo a 34,000 que quedaron bajo custodia de las oficinas de inmigración.
De estos 34,000, el 41% enfrentó procesos legales de deportación; 44% firmó la
salida voluntaria del país, y 15% fue liberado por razones humanitarias, que
incluían factores como "la naturaleza menor del delito cometido", o
el haber sido sentenciados a prisión.
El reporte, aduciendo falta de información en la recolección de los datos, no
señala cuántos de los detenidos efectivamente habrían sido sospechosos de
cometer un delito grave.
De las 29 agencias entrevistadas, la mitad reportó algún tipo de preocupación por
parte de los miembros de la comunidad en torno a que el programa estaría
resultando en intimidación y discriminación racial.
El estudio fue realizado tras una intensa campaña realizada por organizaciones de
derechos humanos y activistas por los derechos de los inmigrantes, quienes han
exigido que se elimine el programa.
Durante una audiencia celebrada ayer por el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de
Representantes, para revisar el programa 287g, el presidente del mismo, el
demócrata Bennie Thompson, dijo desconocer si el programa está siendo eficaz.
"Sí sé que ha sido acusado de generar discriminación, y esa acusación nos debe
preocupar a todos", señaló el congresista, quien dijo que si bien ha
aumentado la popularidad del programa, es difícil determinar la eficacia del
mismo porque, según la GAO, ICE no ha recabado información confiable.
Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, consideró que si bien el
propósito del programa es identificar delincuentes peligrosos, la falta de
supervisión ha resultado en que se destinen los recursos a detener a
inmigrantes que no cuentan con antecedentes penales.
"Pensamos que se necesita no sólo una revisión exhaustiva del programa, sino un
compromiso por parte de la administración del presidente Obama sobre la
dirección de las políticas migratorias en este país, para asegurarnos de que
este tipo de programas no operen de manera errónea", dijo Vargas.
En esta imagen de abril de 2007, dos agentes de ICE arrestan a un indocumentado
con antecedentes penales en San Diego. [Foto: EFE]
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La portavoz recordó que desde hace varios meses los grupos de defensa de los
derechos de los inmigrantes han pedido la suspensión del programa 287g por
razones humanitarias, pero reconoció que la reacción en este momento obedece a
un contexto económico, "a sabiendas de que tantas localidades están
enfrentando miles de demandas muy costosas y eso es lo que los ha llevado a
cuestionar la efectividad del programa".
Por su parte, Joanne Lin, asesora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU), coincidió en que el gobierno federal debe ordenar la suspensión del
programa y ordenar una revisión exhaustiva de todos los acuerdos suscritos con
ICE. "Mientras no se resuelvan todas las dudas e interrogantes de los
legisladores sobre la aplicación y eficacia del programa, lo más sabio es que
lo suspendan", señaló.
Michael Keegan, portavoz de ICE, dijo que la secretaria de Seguridad Interna, Janet
Napolitano, realiza una amplia revisión de estos programas, políticas e
iniciativas, "especialmente con el programa 287g".
"El departamento da la bienvenida al reporte de la GAO (…) estamos de acuerdo con
todas las recomendaciones y, en algunas áreas, ICE ha empezado a atender las
recomendaciones incluso antes de que el estudio de la GAO fuera
finalizado", señaló.
Keegan también dijo que si bien el costo de los ahorros generados por la reducción del
delito gracias a la aplicación del 287g "no son fácilmente cuantificables,
sin duda éste ha tenido un impacto positivo en muchas comunidades".
Desde enero de 2006, el programa 287g ha arrestado a más de 79,000 individuos
sospechosos de estar en el país sin documentos legales.
Más de 950 agentes estatales y locales, incluidos agentes de la Patrulla de Caminos
y de los departamentos de Policía y del Sheriff, han sido entrenados y
certificados a través de este programa en 67 jurisdicciones que incluyen los
estados de Alabama, Florida, Arizona y California. Para el año fiscal en curso,
el Congreso destinó 54 millones de dólares para su operación.
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