DHS: ¿Legitimizando al Alguacil Joe Arpaio?
16/10/09
Maribel Hastings
El “Sheriff más rudo del Oeste”, Joe Arpaio, ya no tendrá (teóricamente) autoridad bajo el
acuerdo 287(g) para arrestar en las calles a sospechosos de ser indocumentados,
pero el alguacil desafió al gobierno federal y condujo
otro operativo en las calles del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, echando mano de la ley estatal anti-coyote,
que acusa de conspiración a indocumentados por haber pagado a algún traficante
de personas para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El programa 287(g) autoriza a la policía local actuar como agentes de inmigración. Se
aplica para identificar indocumentados en las cárceles y en las calles.
El DHS anunció
que completó 55 acuerdos 287(g) con agencias policiales locales. Otros 12 fueron aprobados y todavía deben ser firmados por
las agencias locales.
Pero la pregunta es, ¿por qué el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le renueva a Arpaio el
acuerdo 287(g), así sea sólo para aplicarlo en las cárceles, cuando el alguacil
es investigado por el propio Departamento de Justicia por violaciones de
derechos civiles? Arpaio echa mano de perfiles raciales para detener a personas
que se sospeche son indocumentados, y en el proceso ha detenido a residentes
legales, ciudadanos estadounidenses y ha aterrorizado a vecindarios latinos
enteros.
De hecho, durante entrevistas recientes para alardear de que desafiaría al DHS, Arpaio dijo que
la ley federal le autoriza detener personas basándose en su vestimenta, cómo
hablan, y si se encuentran en zonas donde haya concentración de indocumentados.
El problema es que el lenguaje citado por Arpaio se basa en una interpretación legal inexacta.
El alguacil echó mano de un "análisis" legal preparado por un grupo conocido por sus
posturas anti inmigrantes: la Federación para una Reforma Migratoria
Estadounidense (FAIR) al que el Southern Poverty Law Center designó como una
organización que promueve el odio racial.
Las tácticas de Arpaio han resultado en 3,500 demandas en su contra
y una investigación
por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia. Mientras tanto, miles de órdenes
de arresto por delitos serios se siguen acumulando en el condado.
Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America’s Voice, declaró que “a Arpaio hay que
frenarlo, no reautorizarle acuerdos”.
“La capacidad de las agencias del orden público de reducir la criminalidad se afecta cuando
grandes segmentos de la población temen y desconfían de las autoridades.
Arpaio, basándose en los consejos legales de una organización anti inmigrante
extremista, ha desvirtuado este principio fundamental de la vigilancia
comunitaria. En el mundo de Arpaio, los latinos, las mismas personas que pueden
colaborar con las autoridades para identificar a verdaderos criminales, se
convierten en blanco de sus tácticas. Esperemos que el Departamento de Justicia
intervenga y haga lo que el DHS no ha hecho para ponerle punto final a este
reino de terror”, declaró Sharry.
Los operativos en los vecindarios del condado de Maricopa, por cierto, han resultado en sólo 294
detenciones de indocumentados en los pasados dos años. Mientras tanto, en las
cárceles del condado han identificado 33,000 indocumentados en el mismo periodo
de tiempo.
Las leyes federales de inmigración deben ser aplicadas por el gobierno federal, aunque en
este caso se requiere una reforma de esas leyes porque las actuales simplemente
no funcionan y resultan en situaciones como la de Arpaio: aterrorizando
comunidades enteras en nombre de presuntamente ejercer mano dura contra los
indocumentados aunque en el proceso se lleven por delante a ciudadanos y
residentes legales y se violenten los derechos civiles indiscriminadamente.
Aparentemente al gobierno del cambio eso no le perturba.
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