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27-01-2009
Donde los principios van para morir
En Estados Unidos, decir la verdad implica poner fin a tu carrera
Paul Craig Roberts
CounterPunch
Traducido para Rebelión por S. Seguí
“Las pruebas están ahí, encima de la mesa. No hay manera de no ver que esto era tortura.”
Son las palabras de Manfred Nowak, funcionario de la ONU nombrado por la Comisión de
Derechos Humanos para estudiar los casos de tortura. Nowak ha llegado a la
conclusión de que el presidente Obama está legalmente obligado a procesar al ex
presidente George W. Bush y al ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld.
Si el equipo económico de banqueros del presidente Obama consigue acabar con lo que queda de
la economía estadounidense, Obama, con el fin de desviar la atención del
público de sus propios errores y de las crecientes dificultades de los
estadounidenses, podría cumplir con su responsabilidad de procesar a Bush y
Rumsfeld. Pero, por el momento, la pregunta pertinente es por qué los militares
de este país acataron órdenes ilegales.
En el número de diciembre de 2008 de CounterPunch, Alexander Cockburn, en su artículo sobre
un capítulo poco glorioso de la historia de la Harvard Law School (Facultad de
Derecho de la Universidad de Harvard), nos proporciona la respuesta. Dos
hermanos, Jonathan y David Lubell, ambos estudiantes de Derecho en Harvard, se
oponían activamente a la Guerra de Corea. Era la época de McCarthy, y ambos
fueron llamados a declarar [ante un comité del Congreso]. Se negaron a
colaborar, alegando que el procedimiento constituía una violación de la Primera
Enmienda de la Constitución.
Inmediatamente, la Harvard Law School comenzó a presionar a los estudiantes para que
colaborasen con el Congreso. El resto de los estudiantes les hicieron el vacío,
y las presiones del decano y del claustro se convirtieron en amenazas. Si bien
los Lubell se licenciaron cum laude, no se les incluyó en la Harvard Law
Review, y les quitaron sus becas. Una mayoría de la facultad de Derecho de
Harvard votó a favor de su expulsión (la expulsión exigía la aprobación de dos
tercios.)
¿Por qué la Harvard Law School traicionó a dos estudiantes de brillante expediente que
defendían la Constitución de Estados Unidos? Cockburn llega a la conclusión de
que el claustro de profesores de la facultad de Derecho de Harvard sacrificó
los principios constitucionales a fin de no poner en peligro la promoción en
sus carreras con una actitud poco grata hacia el gobierno (y también sin duda
hacia los donantes.)
Cada día asistimos a actos de cobardía personal de este tipo. Recientemente, hemos
tenido el caso del intelectual judío y crítico de Israel Normal Finkelstein,
cuyo nombramiento como profesor fue bloqueado por el cobarde presidente de la
Universidad DePaul, un hombre incapaz de defender a sus propios profesores ante
el lobby israelí. Éste consiguió imponer con éxito a una universidad católica
el principio de que ningún crítico de Israel puede alcanzar el profesorado
académico.
Este mismo cálculo del propio interés hace que los periodistas estadounidenses den curso a
la propaganda de los gobiernos israelí y estadounidense, y que el Congreso de
Estados Unidos dé su aprobación a crímenes de guerra que el resto del mundo
condena.
Cuando los militares estadounidenses vieron que la tortura era una política que venía
directamente del más alto nivel, eran conscientes de que cumplir con su deber
les costaría sus carreras, por lo que recogieron velas. Uno que no lo hizo fue
el general de división Antonio Taguba. En lugar de encubrir el escándalo de las
torturas de Abu Ghraib, el general Taguba redactó un honesto informe que puso
fin a su carrera.
A pesar de la existencia de legislación que protege a los que denuncien las violaciones de la
ley, es siempre el denunciante, no el infractor, quien paga las consecuencias.
Cuando por fin se hizo público que el gobierno de Bush infringía la legalidad
del país cuando utilizaba la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para espiar a
los estadounidenses, el Departamento de Justicia (sic) persiguió al
denunciante, pero no movió un dedo contra los autores de estos delitos.
Y, por si fuera poco, Bush y el Departamento de Justicia (sic) siguieron afirmando que
“somos un Estado de derecho.”
El gobierno de Bush estuvo fuera de la ley, lo que hace difícil que el de Obama sea
legítimo. Una investigación de las torturas conduciría naturalmente a una
investigación sobre crímenes de guerra. El general Taguba afirmó que el
gobierno de Bush cometió crímenes de guerra. El presidente Obama actuó como un
criminal de guerra el tercer día de su mandato, cuando dio la orden de que
aviones no tripulados cruzasen la frontera con Pakistán y asesinasen 20
personas, entre ellas tres niños. El bombardeo y ametrallamiento de hogares y
poblaciones de Afganistán a manos de fuerzas de Estados Unidos y de sus aliados
títeres de la OTAN son también crímenes de guerra. Obama no puede hacer cumplir
la ley, porque él mismo la ha violado ya.
Durante décadas, la postura del gobierno estadounidense ha sido que la expansión
territorial de Israel no se halla sometida a ninguna ley internacional. El
gobierno de Estados Unidos es cómplice de los crímenes de guerra de Israel en
Líbano, Gaza y Cisjordania.
Todo el mundo sabe que Israel es reo de crímenes de guerra, y que el gobierno de EE UU hizo
posibles esos crímenes al facilitar sus armas y apoyo diplomático. Lo que
Israel y EE UU hicieron en Líbano y Gaza no difiere de los crímenes que llevaron
a los nazis ante el Tribunal de Nuremberg. Los israelíes lo saben, y el
gobierno israelí está actualmente preparando su defensa, que dirigirá el
ministro de Justicia (sic) de Israel, Daniel Friedman. El enviado especial de
la ONU para los derechos humanos en Palestina, Richard Falk, ha comparado la
masacre que ha perpetrado Israel en Gaza con el cerco por hambre y la masacre
de judíos del gueto de Varsovia. Por su parte, Amnistía Internacional y la Cruz
Roja han pedido que Israel sea inculpado de crímenes de guerra. Incluso ocho
grupos israelíes de derechos humanos han pedido una investigación de los
crímenes de guerra de Israel.
La orden presidencial de cerrar el penal de Guantánamo tiene poco valor. Básicamente, se
trata de una medida de relaciones públicas. El proceso judicial ya había sido
terminado por los tribunales estadounidenses y por abogados militares, que se
negaron a enjuiciar los montajes que les presentaban. La gran mayoría de
prisioneros eran infelices capturados por los señores afganos de la guerra y
vendidos a los estúpidos estadounidenses como “terroristas.” La mayor parte de
los prisioneros, que el gobierno de Bush nos vendió como “los hombres más
peligrosos del mundo”, ya han sido liberados.
La orden de Obama no dice nada del cierre de las cárceles secretas de la CIA, o de poner
fin a la práctica ilegal de las “entregas”, por las que la CIA secuestra a
personas y las envía a países del Tercer Mundo, como por ejemplo Egipto, para
que sean torturadas.
Obama debería tomar riesgos que los políticos oportunistas nunca toman, si desea que Estados
Unidos se convierta en un Estado de derecho en lugar de un país en el que los
intereses especiales se sitúan por encima de la ley.
La verdad es impronunciable en Estados Unidos. Es impronunciable en las universidades; es
impronunciable en los medios de comunicación; y es impronunciable en los
tribunales, que es la razón por la que los abogados han renunciado pleitear y
aceptan acusaciones por delitos inferiores que nunca sucedieron.
Nunca pronuncia la verdad el Gobierno. Como Jonathan Turley dijo recientemente,
Washington es el lugar “donde los principios van para morir.”
Fuente: http://www.counterpunch.com/roberts01262009.html
Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en el gobierno de Ronald Reagan. Es
coautor del libro The Tyranny of Good Intentions (La tiranía de las buenas
intenciones). Puede contactarse en: paulcraigroberts@yahoo.com
S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y
Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de
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