Donde la tortura comienza y termina
La tortura no empieza en alguna celda remota, oscura y subterránea, donde encapuchan a los
prisioneros y sus interrogadores se enmascaran. La tortura surge del temor que
opaca la visión y empieza con documentos, con líderes gubernamentales y
militares bien vestidos y uniformados reunidos en sesiones a puerta cerrada
ejecutando justificaciones defectuosas, realizando autorizaciones secretas y
cometiendo abusos de poder.
Los ataques del 11 de septiembre no sólo desataron un gran trauma sobre nuestra
nación; también se les explota para presentar un sentido distorsionado de la
seguridad nacional – al punto que llega a proponer que la manera de proteger la
libertad y la democracia es violando la libertad y la democracia.
En los años desde los ataques, hemos tenido debates de distracción en torno a la
definición de lo que es tortura para merodear alrededor de lo que se ha
permitido durante el gobierno de Bush: violaciones a los derechos humanos.
Desde Abu Ghraib hasta el rechazo de Alberto Gonzales a las protecciones de la
Convención de Ginebra a la entrega a terceros países y de “sitios ocultos”,
hasta las descripciones de los detenidos por EE.UU. aterrorizados con perros,
golpeados y quemados, y peor, a interrogatorios de tortura disfrazada para
"no dejar marcas”, a los líderes del gobierno no se les ha llamado a
responder sobre estos abusos.
Estos funcionarios son parte del mismo gobierno que ha estancado el suministro de
información al público. En virtud a una orden judicial, el gobierno federal
pronto tendrá que producir notas sobre ‘waterboarding’ y otros métodos de
tortura utilizados por la CIA o explicar por qué deben mantenerse en secreto.
La orden es en respuesta a una demanda de la Unión Americana de Libertades
Civiles presentada para solicitar registros sobre el tratamiento de los
detenidos.
Para las víctimas de tortura, no hay día de juicio. ¿Adónde está el recurso para
personas como Khaled el-Masri, un ciudadano alemán presuntamente secuestrado y
torturado por agentes de los Estados Unidos? La Corte Suprema le negó la
oportunidad de incluso presentar su caso.
Hoy, en nuestras columnas de invitados, campeones de los derechos humanos hablan de
los peligros que se corren al no hacer que el gobierno se responsabilice de las
violaciones a los derechos humanos. Y pronto, el Centro de Derechos
Constitucionales (CCR por sus siglas en ingles) presentará sus recomendaciones
para restaurar la reputación internacional de los Estados Unidos como un estado
democrático y constitucional.
La restauración que el próximo presidente y el Congreso, con la presión del
pueblo, debe incluir la derogación de la Ley de Comisiones Militares. Esta ley,
al reconocer pruebas obtenidas mediante tortura que un sinnúmero de expertos
han dicho no es fiable, deja espacios abiertos para más violaciones a los
derechos humanos.
El año pasado, el Presidente Bush emitió una orden ejecutiva que interpreta los
artículos de la Convención de Ginebra. Esta orden no aclara en qué técnicas
puede o no participar legalmente la CIA. Esta orden también debe ser derogada.
El próximo Presidente y al Congreso también deben cambiar una cultura que sirve al
presidente a una que protege los derechos constitucionales y los humanos.
La eliminación de la falsa fachada de la justificación de la tortura debe ser una
alta prioridad. Y lo mismo debe hacerse en la rendición de cuentas. Tiene que
haber una investigación completa sobre las violaciones a los derechos humanos y
tal como todos los demás delincuentes, los infractores deben ser llevados ante
la justicia.
El pueblo tiene que decirle no a la tortura y sí a la rendición de cuentas y esto
le incumbe y le incluye a usted, el lector. La presión del público tiene
ejercerse sobre los legisladores que permanecen pasivos frente a la peligrosa e
insidiosa dirección que este gobierno ha impulsado. Nadie está por encima de la
ley.
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