EEUU a Maher Arar: 7 años de rendición, tortura y negación de justicia
Kenneth J. Theisen
5 noviembre 2009
El 2 de noviembre de 2009, el Tribunal Estadounidense de Apelaciones del Circuito Segundo de New
York rechazó, en una decisión de 7-4, la demanda del ciudadano canadiense Maher
Arar a varios oficiales estadounidenses por su actuación ilegal al enviarlo a
Siria para ser torturado e interrogado por un año. Arar es una víctima más del programa gubernamental estadounidense
de secuestros y tortura conocidos como rendición extraordinaria. Ahora también es una víctima de la “justicia
americana.”
El tribunal de apelación estableció que Arar no puede utilizar los tribunales para sus
reclamos legales contra el gobierno a menos que el poder legislativo apruebe
una ley que le permite eso y que, además, explica de forma detallada cómo
proceder en un caso tan único como el de Arar y señala los recursos legales
disponibles. El tribunal sostuvo que escuchar ese caso sería “ofender la separación de poderes e aniquilar la
política extranjera de este país.” Dijo además que no crearía “ningún recurso nuevo para daños que el Congreso no
habría aprobado… Incluso investigar estos asuntos conllevaría el riesgo de que
otros países llegaran a estar menos deseosos de cooperar con Estados Unidos al
compartir recursos de inteligencia para contrarrestar el terrorismo.”
Así el tribunal falló efectivamente que la justicia para el individuo es supeditada a las
necesidades del imperialismo estadounidense. Además sostuvo que el gobierno tiene el derecho de decidir quién lo
pueda demandar en casos de violación de los derechos del individuo y en que
oficiales estadounidenses violan la ley. Irónicamente, el gobierno puede determinar quién y cuándo alguien lo
puede demandar. ¿Y eso es justicia?
Arar está representado por el Centro pro Derechos Constitucionales (CCR), el cual ha
acudido a la corte repetidamente para desafiar las acciones del gobierno
estadounidense en su guerra ilegal de terror. El tribunal de apelación concluyó que el caso de Arar saca a relucir
demasiados temas delicados de política exterior y de secretos para permitir
cualquier desagravio judicial – en otras palabras expondría los crímenes del
gobierno estadounidense a los ojos del mundo. La decisión del tribunal deja libres a los funcionarios federales
involucrados en el abuso a Arar de cualquier responsabilidad legal por los
crímenes que cometieron.
Maher Arar escribió la siguiente declaración en respuesta a la decisión del tribunal:
“Después de siete años de dolor y de lucha dura, mi esperanza era que la corte
escuchara mi petición y actuara como un cuerpo independiente del poder
ejecutivo.
Desafortunadamente, esta reciente decisión y las decisiones tomadas en otros casos similares
demuestran que el sistema judicial de Estados Unidos ha llegado a ser
básicamente una herramienta que el poder ejecutivo puede manipular con
facilidad a través de alegatos sin fundamento y de sembrar el miedo. En todo caso, esta decisión es una pérdida
para todos los estadounidenses y para el imperio de la ley.”
Bajo Obama, el Departamento de Justicia (DOJ) ha acudido a las cortes en repetidas ocasiones
con el fin de solapar y defender las acciones del régimen de Bush en la guerra
de terror estadounidense. Este caso es
simplemente uno de los más recientes de una larga lista de casos de “seguridad
nacional” en que la administración Obama ha promovido la trayectoria fascista
política que comenzó con Bush.
David Cole, profesor de leyes de la Universidad Georgetown y colaborador del CCR quien
argumentó el caso Arar, declaró: “Esta decisión dice que los funcionarios
estadounidenses pueden enviar intencionadamente a un hombre para ser torturado
en el extranjero, prohibir su acceso a los tribunales al hacerlo, y al final
evitar cualquier responsabilidad legal después. Efectivamente la decisión coloca a los funcionarios ejecutivos
por encima de la ley, incluso cuando se los acusa de conspirar conscientemente
para torturar. Si es que el imperio de la ley significa algo, debe significar que los tribunales pueden escuchar la
protesta de un hombre inocente sujeto a una tortura que viola nuestros
compromisos constitucionales más básicos.” Pero ahí está el problema – el imperio de la ley no significa nada para
el gobierno estadounidense si impide los intereses de los imperialistas
estadounidenses. Usan la ley cuando conviene a sus propósitos y la pasan por alto cuando presenta obstáculos.
María LaHood, abogada superior del CCR, dijo: “Con esta decisión, hemos perdido mucho más que
el caso de Maher Arar contra la tortura – hemos perdido el imperio de la ley,
la nobleza moral, la independencia de nuestro sistema jurídico y nuestro
compromiso con la Constitución de los Estados Unidos.”
El caso Arar se escuchó nuevamente ante doce jueces del Segundo Circuito después de la decisión
poco común en agosto de 2008 de escucharlo sua sponte, o sea, por decisión propia, incluso antes de que Arar solicitara
una segunda audiencia. Esta fue una decisión política para prevenir nuevas revelaciones de crímenes del gobierno
estadounidense, pues el caso ya ha sacado a luz más vilezas de las que el
gobierno habría deseado que el público supiera jamás.
El Sr. Arar, nacido en Siria pero naturalizado canadiense, fue detenido en el aeropuerto JFK
[Nueva York] en septiembre de 2002 mientras transbordaba de avión en ruta a
Canadá. El régimen de Bush lo tildó
como miembro de Al Qaeda y lo envío contra su voluntad, no a Canadá, su país de
residencia y de ciudadanía, sino a las autoridades de inteligencia sirias, muy
conocidas por sus métodos de tortura. Fue torturado, interrogado, y detenido en una pequeña celda bajo tierra
por casi un año antes de que el gobierno sirio lo dejara libre, declarando que
no había encontrado conexión con ninguna organización o actividad criminal o
terrorista.
Irónicamente, Siria estaba en la lista de países que el Departamento de Estado estadounidense
dice que apoyan al terrorismo y en otra de países que violan los derechos
humanos al torturar. Tanto el régimen
de Bush como el gobierno de Obama han declarado repetidamente que no envían
“sospechosos de terrorismo” a otros países para ser torturados y, además, que
reciben una promesa del país que recibe a los sospechosos de que no los
torturará. Sin embargo, esa es una más
de las muchas mentiras que ambas administraciones han dicho.
En enero 2004, tres meses después de regresar a su casa en Canadá tras su dolorosa
experiencia, el CCR entabló una demanda en nombre de Arar contra el entonces
secretario de Justicia John Ashcroft y otros funcionarios estadounidenses, el
primer caso que desafía la política del gobierno de la “rendición
extraordinaria,” conocida también como la “tercerización de la tortura.”
El gobierno canadiense realizó una exhaustiva investigación pública que determinó que el
Sr. Arar no tenía conexiones con el terrorismo y, en enero 2007, le pidió
disculpas por la actuación de Canadá en su rendición y le pagó una
indemnización multimillonaria. Pero en
Estados Unidos, tanto el poder ejecutivo como el judicial han bloqueado
cualquier investigación del caso y rehúsan responsabilizar a nadie por arruinar
la vida de un hombre inocente.
Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha sido del todo exitoso en evitar que el caso esté
bajo la lupa.
El caso de Arar se trató en dos audiencias del Congreso en octubre de 2007. El 18 de octubre de 2007, el Sr. Arar dio
testimonio vía video al Comité Mixto de la Cámara de Representantes que se
había convocado para discutir su rendición de Estados Unidos a Siria para ser
interrogado mediante la tortura. Durante esa audiencia – la primera vez que se le permitió al Sr. Arar
dar testimonio ante un organismo del gobierno estadounidense – uno
representantes individuales se disculparon públicamente con él, pero el
gobierno estadounidense todavía no ha presentado ninguna disculpa formal. La semana siguiente, el 24 de octubre, la
secretaria de Estado Condaleezza Rice tuvo que admitir durante una audiencia
del Comité de Asuntos Extranjeros que el gobierno estadounidense no manejó bien
el caso. Su verdadero lamento es que el
caso llegó a la atención pública.
El caso de Arar no es el único caso de rendición extraordinaria visto en los tribunales
estadounidenses en los cuales el DOJ de Obama ha acudido a la corte con la
intención de suprimir la verdad. La ACLU
ha entablado una demanda contra el subsidiario de Boeing, Jeppesen DataPlan
Inc., por su actuación en el programa de rendición. Jeppesen contribuyó de una manera critica, al planificar los
vuelos y proveer apoyo logístico a los aviones y los tripulantes que la CIA
empleaba para hacer desaparecer forzosamente a las personas con el propósito de
detenerlas e interrogarlas. En ese caso, el DOJ está argumentando que ver el caso pondrá en peligro la seguridad
nacional, al divulgar “secretos de estado.” El caso Jeppesen está en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno.
En abril de este año, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno
anuló la desestimación de esta demanda que hizo un tribunal más bajo. El caso
de Jeppesen trata de cinco hombres que fueron secuestrados, desaparecidos a la
fuerza y transferidos secretamente a prisiones bajo el mando de Estados Unidos
o a agencias extranjeras de inteligencia, donde fueron interrogados mediante la
tortura. La administración de Obama está apelando esa decisión [que dice efectivamente que el caso puede seguir
adelante] y un panel “en “banc” de 11 jueces decidirá sobre la
apelación. Irónicamente, uno de los jueces del circuito noveno es Jay Bybee. El juez Bybee tuvo que inhibirse [inhabilitarse] del caso.
¿Por qué? Porque Bybee fue uno de los abogados del DOJ bajo el régimen de Bush que escribió memos legales que
justifican la tortura, la rendición y varios crímenes del régimen. Bybee fue el supervisor de John Yoo.
Por su participación en esos crímenes, se le nombró a un puesto vitalicio en el tribunal federal
Dice mucho acerca de la justicia estadounidense cuando los jueces deben inhibirse por su
complicidad en los meritos crímenes sobre los cuales deben decidir. ¿Hay alguna duda sobre por qué vemos fallos
escandalosos como el del caso de Arar?
Los abogados del CCR dicen que es probable que apelen el último veredicto en el caso de
Arar. El Mundo No Puede Esperar continuará reportando sobre este y otros casos de “seguridad nacional.”
Para ver más sobre el caso Arar, véase: http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/arar-v.-ashcroft
Para más información acerca del caso de ACLU y Jeppesen, véase: http://www.aclu.org/safefree/torture/29921res20070530.html
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
