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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

¡NO MAS!
¡Ningún ser humano es ilegal!

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EEUU: anticipan problemas para verificar estatus de empleados

Por SUZANNE GAMBOA
The Associated Press
WASHINGTON
30 de mayo 2007

Los empleadores dicen que si el Congreso aprueba una ley que exige demostrar a través de bancos de datos que todos sus empleados residen legalmente en Estados Unidos, habrá una enorme sobrecarga en el sistema capaz de inutilizarlo.

En la actualidad, 16.727 empleadores revisan los antecedentes de sus trabajadores mediante el Sistema de Verificación Electrónico del Empleador. A través de ese sistema, han sido examinados los antecedentes de 1,77 empleados, según los Servicios de Naturalización e Inmigración, una agencia que opera bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Interior.

La actual ley de inmigración deja en manos de los empleadores verificar si contratan a trabajadores con residencia legal. Pero la ley, que fue aprobada en 1986, no ha sido aplicada de manera estricta.

(Foto AP/Tony Gutiérrez)
Di Ann Sánchez, vicepresidenta de recursos humanos del aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth posa en su oficina en Irving, Texas, el viernes 25 de mayo de 2007. Sánchez cree que habrá un cuello de botella enorme cuando el aeropuerto deba asegurarse que sus 1.700 empleados tienen la residencia legal.

Un proyecto de ley de inmigración que debe ser votado en el Senado exige que números de la Seguridad Social, datos de identidad y otros elementos presentados por todos los trabajadores en Estados Unidos sean examinados por el sistema electrónico. Si la propuesta se transforma en ley, los empleadores deberán revisar los datos de todos los nuevos contratados en un lapso de 18 meses después de la promulgación de la ley, y examinar el estatus del resto de sus empleados en un lapso de tres años.

Eso significa que millones más de empleadores deberán registrarse en un sistema que, por ahora, se encuentra en desarrollo.

"No creo que sea un enfoque realista", dijo Susan R. Meisinger, presidenta de la empresa Society for Human Resource Management, una asociación de expertos en recursos humanos que tiene su sede en un área suburbana de Washington. Para obtener datos de todos los contratados en un año, dijo, el Departamento de Seguridad Interior tendrá que registrar unos 20.000 empleadores por día.

Se estima que hay entre siete y ocho millones de empleadores en Estados Unidos, y 140 millones de trabajadores, de acuerdo a cifras de sindicatos y de entes empresariales. Según la propuesta presentada en el Senado, los empleadores que hayan contratado a indocumentados podrían enfrentar multas de entre 5.000 y 75.000 dólares por empleado, y de seis meses de cárcel por trabajador.

Pero el sistema de examen de empleados no puede verificar la exactitud de la información presentada ante el empleador. Eso incluye licencias de conducir y tarjetas de identidad obtenidas a través de certificados de nacimiento robados u obtenidos mediante préstamo.

Jock Scharfen, subdirector de los Servicios de Naturalización e Inmigración, dijo el mes pasado al Congreso que un reciente estudio determinó que el sistema no podía confirmar la verdadera identidad de ocho de cada 100 personas examinadas.

No todos aquellos cuya confirmación fue inicialmente imposible de verificar eran indocumentados. En ocasiones el sistema ponía en entredicho el estatus legal de ciudadanos naturalizados cuyo estatus no había sido actualizado, o de mujeres que no cambiaban sus apellidos en los registros de la Seguridad Social tras casarse.

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En la internet:

Departamento de Seguridad Interior: http://www.dhs.gov

American Civil Liberties Union: http://www.aclu.org


 

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