Embarazada y encadenada: Justicia dura para los inmigrantes en Arizona
Valeria Fernández
New America Media, News Feature
26 de enero de
2010
PHOENIX, Ariz.—Miriam Mendiola-Martinez, una inmigrante indocumentada
detenida por cargos de robo de identidad para obtener empleo, dio a luz a un
niño el 21 de diciembre en el Centro Médico de Maricopa. Después de tener una
cesárea, pasó dos días encadenada a la cama del hospital. No se le permitió
amamantar a su bebé. La inmigrante mexicana fue escoltada a pie y encadenada al
salir del centro médico, sin saber que sería de su bebé recién nacido.
Al igual que a Mendiola-Martinez, a todas las mujeres embarazadas que llegan
a la cárcel del Condado Maricopa se les niega el derecho a fianza cuando son
inmigrantes indocumentadas.
En algunos casos, las mujeres indocumentadas son encadenadas mientras las
transportan a un hospital que tiene contrato por servicios con la cárcel y son
encadenadas antes y después de dar a luz.
Las autoridades del hospital no son las que dictan este tipo de prácticas
sino la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO). El personal médico que
estuvo involucrado en estos casos no quiso dar entrevistas al respecto.
Todos los prisioneros hospitalizados son tratados de la misma forma en que lo
fue Mendiola-Martinez, dijo el teniente Brian Lee, vocero de MCSO. Lee agregó
que se uso un “grillete blando” asegurado a una pata de la cama para prevenir
que la detenida intentara escaparse.
El grillete resultó ser una cadena de 12 pies de largo.
“Apenas podía caminar, no creo que podía escaparme no me hubiera atrevido a
correr. No había necesidad de que hicieran eso,” dijo la inmigrante de 34 años
de edad.
Mendiola-Martinez dijo que fue encadenada también durante los dos últimos
meses de su embarazo. Cada vez que tenía una cita para el cuidado pre-natal de
su bebé, la hacían esperar en una celda sin ventilación junto a otras 20
mujeres. Muchas veces le tocaba sentarse en el suelo. Las cadenas eran pesadas y
le hacían doler la cintura.
Mendiola-Martinez lloró seguido durante ese tiempo. Y sintió miedo de que su
tristeza pudiera causarle daño al bebé.
Justicia Desigual
La historia de Mendiola hubiese sido muy diferente si ella no fuese una
inmigrante indocumentada. Podría haber tenido a su bebé afuera de la cárcel si
le hubieran permitido salir bajo fianza, porque cometió un delito menor, de
acuerdo a David Black, un abogado de defensa criminal que aceptó su caso sin
cobrarle.
Pero en noviembre de 2006, los arizonenes votaron por una ley para negarle el
derecho a fianza a los inmigrantes indocumentados. La Proposición 100 fue creada
por el legislador Russell Pearce, R-Mesa, como una forma de impedir que
inmigrantes indocumentados que fueron acusados de un “crimen serio” salieran en
libertad bajo fianza.
La Legislatura de Arizona incluyó dentro de la lista de delitos serios,
ofensas de carácter menor como la posesión de un documento falso, que muchos
inmigrantes indocumentados utilizan para trabajar.
Le ley, que es única en todo el país, es objeto de una demanda por la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU) ante la Corte Federal del Distrito de
Arizona. ACLU alega que es anticonstitucional porque niega el derecho de un
grupo específico de personas a tener una audiencia justa. La demanda no incluye
casos de mujeres embarazadas.
“Pienso que la Proposición 100 pone a las mujeres migrantes en desventaja y
hace que sean tratadas de forma injusta,” dijo Bob McWhirter, abogado de la
Oficina del Defensor Legal de Maricopa.
Cerca de unas 1,500 mujeres embarazadas son encarceladas anualmente en la
Cárcel Estrella del Condado Maricopa. En el 2009, 35 mujeres dieron a luz
mientras estaban en custodia de MCSO, de acuerdo a datos del Centro Médico de
Maricopa. Más de un 70 por ciento de las mujeres que se encuentran detenidas en
las cárceles del condado fueron acusadas por un delito menor y no han sido
condenadas. Alrededor de un 11 por ciento son inmigrantes indocumentadas.
Las autoridades de salud y del Condado Maricopa no llevan un registro del
estatus migratorio o etnicidad de las mujeres embarazadas que dan a luz cuando
están en custodia del sheriff.
En octubre de 2008, un juez federal declaró que las condiciones de las
cárceles del Condado Maricopa, administradas por el sheriff Joe Arpaio, eran
anticonstitucionales y ponían en riesgo la salud y seguridad de los
prisioneros.
El juez dictaminó que las autoridades de la cárcel debían asegurarse de
proveer tratamiento medico adecuado, medicinas y comida nutritiva según
estipulan los estándares federales. Ese mismo año la Comisión Nacional de
Cuidado de Salud en las Correccionales dijo que la cárceles no estaban
cumpliendo con las normativas federales, puesto que sus administrativos no
sometieron reportes sobre las condiciones en los reclusorios.
Otros casos de abuso
Aunque la historia de Mendiola-Martinez no es la única, no es posible
determinar cuántas mujeres han compartido la misma experiencia debido a que
muchas de ellas acaban siendo deportadas. Sin embargo, otras mujeres que han
sido detenidas han dado testimonio del maltrato que sufren las embarazadas
dentro de las cárceles.
En octubre de 2008, Alma Chacón, una inmigrante indocumentada que fue
arrestada por un alguacil por deber multas, dio a luz a su bebé encadenada,
según registros del Centro Médico del Condado Maricopa. Chacón dijo que tuvo que
dar a luz encadenada de pies y manos. La inmigrante mexicana no pudo amamantar a
su bebé o sostenerla en sus brazos sino hasta 70 días después, cuando las
autoridades de migración la dejaron salir en libertad.
El caso de Chacón llamó la atención del Departamento de Justicia, quien se
encuentra actualmente realizando una investigación sobre la violación de
derechos civiles por parte de los alguaciles de Arpaio.
La Oficina del sheriff no cuenta con una normativa determinada en cuanto al
encadenamiento de mujeres embarazadas. Aaron Douglas, un vocero para esa
agencia, dijo que no tienen intención de modificar sus prácticas. Cuando el
sheriff Joe Arpaio fue cuestionado directamente sobre estos casos por New
America Media dijo que todo se había hecho “legalmente.” Si bien, agregó, que
podría considerar hacer una revisión de la forma en la que se trata a las
embarazadas que dan a luz en su custodia.
Aun así algunos críticos señalan que las embarazadas que han sido convictas
por un crimen en las cárceles del estado, son tratadas mucho mejor que las que
esperan su sentencia en la cárcel del Condado Maricopa.
El Departamento de Correccionales de Arizona, que administra las prisiones
estatales inició una política en el 2003 que prohíbe el encadenamiento de
embarazadas. La normativa no sólo se extiende al momento en que las mujeres dan
a luz sino también cuando estas son transportadas, y antes y después del
parto.
En el 2008, el Buró Federal de Prisiones prohibió el encadenamiento de
embarazadas en las prisiones federales con la excepción de casos en los que
existen riesgos de seguridad. El Control de Inmigración y Aduanas (ICE) carece
de una regulación sobre la práctica. Pero grupos que abogan por los derechos de
las mujeres como “the Rebecca Project” que forma parte de una coalición nacional
en contra del uso de grilletes en embarazadas, han iniciado un dialogo con ICE
para que escriba una política en contra.
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos desaprueba el uso de
grilletes y esposas en mujeres embarazadas. Se trata de una práctica que pone en
riesgo tanto la salud de la mujer como la de su niño, asegura esta
institución.
El trato que reciben las embarazas en el Condado Maricopa no es inusual. De
hecho, sólo seis estados en todo el país tienen leyes regulando el uso de
grilletes en mujeres embarazadas. Estos son: California, Illinois, New Mexico,
New York, Texas y Vermont.
Varios defensores de los derechos de las mujeres quieren que Arizona se sume
a la lista.
Rosie Villegas-Smith, directora del grupo Voces por la Vida, encabeza un
movimiento para el estado aprueba una ley contra el encadenamiento de
embarazadas en las cárceles.
“Las mujeres indocumentadas son las más vulnerables porque no tienen derecho
a salir bajo fianza,” dijo la activista.
Villegas-Smith dijo que los legisladores en Arizona están anteponiendo la
salud de las mujeres y sus hijos en nombre de la lucha contra la inmigración
ilegal.
“Creo que hay que hacer una distinción y poner un poco de humanidad en las
leyes del Condado Maricopa, para permitir que las madres (indocumentadas) que
están amamantando a sus bebés y las embarazadas puedan tener a sus hijos en
libertad,” dijo Delia Salvatierra, la abogada que representa a Mendiola ante
Inmigración.
La representante Martha Garcia, D-Phoenix, dijo que intentaría someter una
legislación en contra del encadenamiento de embarazadas, cuando fue contactada
por New America Media en referencia al tema.
“Mi principal preocupación es que las mujeres son traumatizadas al ser
encadenadas y lo que esto causa a sus hijos,” dijo la legisladora. Garcia forma
parte del programa educativo de salud para embarazadas latinas “Healthy Mothers,
Healthy Babies”.
“Me encoleriza saber que esto está pasando en Arizona porque siento que aquí
los inmigrantes son tratados peor que en cualquier otra parte”, agregó.
La propuesta pudiera enfrentar numerosas barreras en la Legislatura estatal
de Arizona donde existe un clima antiinmigrante.
Durante los últimos cinco años, el sector conservador republicano ha apoyado
una serie de leyes con el fin de crear un ambiente hostil para que los
indocumentados se vayan del estado.
Una de las leyes más recientes obliga a los empleados estatales a denunciar
con las autoridades de migración a cualquier inmigrante indocumentado que
solicite beneficios públicos.
La HB2008 tomó a muchos activistas pro inmigrantes por sorpresa, puesto que
fue aprobada como parte de las negociaciones sobre el presupuesto del estado en
una sesión especial. La ley ha causado que muchas inmigrantes embarazadas
sientan temor de solicitar servicios de atención prenatal y de salud, aún cuando
estos son gratuitos.
Inmigración le da trato humanitario
El 24 de diciembre, Mendiola-Martinez ingresó a la corte en una silla de
ruedas para ser sentenciada. Sus manos y sus pies estaban encadenados.
“Nunca fue mi intención causarle daño a la víctima. Por favor perdóneme y
déjeme regresar con mis hijos,” suplicó al juez. El magistrado la sentenció a
dos años de libertad condicional y le exoneró de pasar tiempo en la cárcel a
cambio de los 60 días que estuvo detenida.
Aunque Mendiola-Martinez es indocumentada, ICE decidió dejarla en libertad
por “razones humanitarias,” dijo Vincent Picard, vocero de esa agencia
federal.
En Navidad Mendiola-Martinez pudo volver a tener a su hijo en brazos. La
felicidad de estar a su lado, le ayuda a olvidarse lo vivido en la cárcel. A
veces lo mira incansablemente buscando alguna señal en su rostro que pueda
servirle de aviso de que algo no está bien. Se pregunta si la depresión que ella
sufrió pudo dañarlo cuando estaba en su vientre.
Sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses, pero el futuro de
Mendiola-Martinez en el país donde ha vivido por 15 años es incierto.
“Ojala cambiaran las cosas,” dice sobre las leyes de migración. “Porque
cuando nos hacen esto (daño) a nosotros, se lo están haciendo a nuestros
hijos.”
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