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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
03-15-11

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Embarazadas tienen riesgos en prisiones

Grupos presionan para que no les pongan grilletes por el alto peligro que corren ellas y sus bebés

  • Valeria Fernández / New American Media |
  • 2010-01-27
  • | La Opinión

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

PHOENIX, Arizona.— La Oficina del Sheriff no cuenta con una normativa determinada en cuanto al encadenamiento de mujeres embarazadas. Aaron Douglas, un vocero de esa agencia, dijo que no tienen intención de modificar sus prácticas. Cuando el sheriff Joe Arpaio fue cuestionado directamente sobre estos casos por New America Media dijo que todo se había hecho "legalmente".

Sin embargo, agregó que podría considerar una revisión de la forma en la que se trata a las embarazadas que dan a luz en su custodia.

Aun así, algunos críticos señalan que las embarazadas que han sido convictas por un crimen en las cárceles del estado son tratadas mucho mejor que las que esperan su sentencia en la cárcel del condado Maricopa.

El Departamento de Correccionales de Arizona, que administra las prisiones estatales, inició una política en 2003 que prohíbe el encadenamiento de embarazadas. La norma no sólo se extiende al momento en que las mujeres dan a luz sino también cuando éstas son transportadas, y antes y después del parto.

En 2008, el Buró Federal de Prisiones prohibió el encadenamiento de embarazadas en las cárceles federales con la excepción de casos en los que existen riesgos de seguridad. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) carece de una regulación sobre la práctica. Pero grupos que abogan por los derechos de las mujeres como The Rebecca Project, que forma parte de una coalición nacional en contra del uso de grilletes en embarazadas, han iniciado un diálogo con ICE para que escriba una política en contra.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos desaprueba el uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas. Se trata de una práctica que pone en riesgo tanto la salud de la mujer como la de su niño, asegura esta institución.

El trato que reciben las embarazas en el condado Maricopa no es inusual. De hecho, sólo seis estados en todo el país tienen leyes que regulan el uso de grilletes en embarazadas. Estos son: California, Illinois, Nuevo México, Nueva York, Texas y Vermont.

Varios defensores de los derechos de las mujeres quieren que Arizona se sume a la lista.

Rosie Villegas-Smith, directora del grupo Voces por la Vida, encabeza un movimiento para el estado aprueba una ley contra el encadenamiento de embarazadas en las cárceles.

"Las mujeres indocumentadas son las más vulnerables porque no tienen derecho a salir bajo fianza", dijo la activista.

Villegas-Smith dijo que los legisladores en Arizona están anteponiendo la salud de las mujeres y sus hijos en nombre de la lucha contra la inmigración indocumentada.

"Creo que hay que hacer una distinción y poner un poco de humanidad en las leyes del condado Maricopa, para permitir que las madres [indocumentadas] que están amamantando a sus bebés, así como las embarazadas, puedan tener a sus hijos en libertad", dijo Delia Salvatierra, la abogada que representa a Mendiola ante Inmigración.

La representante Martha García, D-Phoenix, dijo que intentaría presentar una legislación en contra del encadenamiento de embarazadas, cuando fue contactada por New America Media en referencia al tema.

"Mi principal preocupación es que las mujeres son traumatizadas al ser encadenadas y lo que esto causa a sus hijos", dijo la legisladora. García forma parte del programa educativo de salud para embarazadas latinas Healthy Mothers, Healthy Babies.

"Me encoleriza saber que esto está pasando en Arizona porque siento que aquí los inmigrantes son tratados peor que en cualquier otra parte", agregó.

La propuesta pudiera enfrentar numerosas barreras en la Legislatura estatal de Arizona donde existe un clima antiinmigrante.

Durante los últimos cinco años, el sector conservador republicano ha apoyado una serie de leyes con el fin de crear un ambiente hostil para que los indocumentados se vayan del estado.

Una de las leyes más recientes obliga a los empleados estatales a denunciar con las autoridades de migración a cualquier inmigrante indocumentado que solicite beneficios públicos.

La HB2008 tomó a muchos activistas pro inmigrantes por sorpresa, puesto que fue aprobada como parte de las negociaciones sobre el presupuesto del estado en una sesión especial. La ley ha causado que muchas inmigrantes embarazadas sientan temor de solicitar servicios de atención prenatal y de salud, aun cuando estos son gratuitos.

Inmigración le da trato humanitario

El 24 de diciembre, Mendiola-Martínez ingresó a la corte en una silla de ruedas para ser sentenciada. Sus manos y sus pies estaban encadenados.

"Nunca fue mi intención causarle daño a la víctima. Por favor, perdóneme y déjeme regresar con mis hijos", suplicó al juez. El magistrado la sentenció a dos años de libertad condicional y le exoneró de pasar tiempo en la cárcel a cambio de los 60 días que estuvo detenida.

Aunque Mendiola-Martínez es indocumentada, ICE decidió dejarla en libertad por "razones humanitarias", dijo Vincent Picard, vocero de esa agencia federal.

En Navidad, Mendiola-Martínez pudo volver a tener a su hijo en brazos. La felicidad de estar a su lado le ayuda a olvidarse lo vivido en la cárcel. A veces lo mira incansablemente buscando alguna señal en su rostro que pueda servirle de aviso de que algo no está bien. Se pregunta si la depresión que ella sufrió pudo dañarlo cuando estaba en su vientre.

Sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses, pero el futuro de Mendiola-Martínez en el país donde ha vivido por 15 años es incierto.

"Ojalá cambiaran las cosas", dice sobre las leyes de migración. "Porque cuando nos hacen esto [daño] a nosotros, se lo están haciendo a nuestros hijos".


 

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