Revolución #114, 30 de diciembre de
2007
ENTREVISTA DE REVOLUCIÓN
Los peligros del proyecto de ley sobre “crímenes de pensamiento”
Entrevista al profesor de derecho Peter Erlinder
La entrevista de Revolución es una sección especial
para que nuestros lectores se familiaricen con las opiniones de importantes
figuras del arte, la música y la literatura, la ciencia, el deporte y la
política. Los entrevistados expresan sus propias opiniones, naturalmente, y no
son responsables de las ideas que aparecen en otras páginas de este periódico o
la página web.
El 23 de octubre, con pocas noticias en la prensa, la Cámara de
Representantes aprobó un proyecto de ley llamado “Ley de Prevención de
Radicalización Violenta y Terrorismo Interno del 2007” (HR 1955). Este proyecto
de ley es una enmienda a la Ley de Seguridad de la Patria del 2002, que permitió
la mayor reorganización del gobierno federal desde la II Guerra Mundial y
aumentó dramáticamente sus poderes represivos. El proyecto de ley ha pasado al
Senado. Hace poco Revolución entrevistó a Peter Erlinder, profesor de
derecho de la Facultad de Derecho William Mitchell de St. Paul, Minnesota, y ex
presidente del Gremio Nacional de Abogados, sobre este proyecto de ley y sus
implicaciones.
Revolución: Usted y otros han dado la alarma sobre
el proyecto de ley de “Prevención de Radicalización Violenta y Terrorismo
Interno”. ¿Qué tiene de peligroso este proyecto de ley?
Peter Erlinder: Una congresista de nombre
Harman, una demócrata conservadora de California, propuso el borrador del
proyecto de ley, y la dirección de la Cámara de Representantes lo aceptó como
una medida no polémica. Por tanto, los demócratas y republicanos lo aprobaron
con un voto de 404 a favor y 6 en contra y sin mucha discusión o debate. Eso es
comprensible porque se llama la “Ley de Prevención de Radicalización Violenta y
Terrorismo Interno”, y hace dos cosas. Una es que le da fondos al Departamento
de Seguridad de la Patria para llevar a cabo una especie de investigación
académica sobre “la radicalización violenta y el terrorismo interno”. Y quizás
eso cae en el ámbito del gobierno.
El problema es que la definición que da de “radicalización violenta y
terrorismo interno” es tan amplia que podría someter a prácticamente todo
activista político o grupo de activistas políticos a la investigación de una
comisión legislativa, que es otra cosa que establece el proyecto de ley. El
problema con la comisión legislativa —por lo menos de la manera que la describe
el proyecto de ley— es que no deja en claro qué precisamente serán sus poderes
inherentes. Por tanto, lo peligroso del proyecto de ley no es obvio a quien lo
lea por primera vez y no recuerde la historia.
La definición que el proyecto de ley da para “terrorista interno” es
cualquier persona que “intimida o coacciona al gobierno de Estados Unidos, la
población civil... o una parte de estos, para apoyar creencias políticas o
sociales”. Esto abarca, o podría abarcar, a los estadounidenses que organizan
marchas masivas en Washington, D.C., con el fin de coaccionar cambios en la
política gubernamental. La definición que da de “radicales violentos” (tanto
ciudadanos como no ciudadanos que residen en Estados Unidos) es “promover un
sistema de creencias extremistas con el propósito de facilitar la violencia
basada en la ideología para fomentar el cambio político, religioso o social”.
Mejor dicho, esto se aplica a estadounidenses que no han hecho nada ilegal, pero
que los miembros de la comisión piensan que tienen ideas que podrían conducir a
la violencia. El proyecto de ley no ataca a todos los pensamientos o sistemas de
creencias que podrían conducir a la violencia, sino solo los que podrían
recurrir a la fuerza o la violencia para promover creencias políticas,
religiosas o sociales. Y esto es precisamente el tipo de violencia que podría
darse como resultado de una manifestación a favor o en contra de asuntos
importantes. Por ejemplo, la protesta contra la Organización Mundial del
Comercio en Seattle cabe en esta definición.
El proyecto de ley dice que la comisión durará 18 meses, realizará audiencias
por todo el país e informará cada seis meses sobre lo que ha concluido con
respecto a las personas “peligrosas” que viven entre nosotros. Eso quiere decir
que prácticamente todas las personas o grupos que son activistas políticos,
sociales o religiosos podrían ser el blanco de investigación de la comisión para
determinar quién es o no es el “enemigo escondido”. El problema es que a los
testigos que se niegan a dar testimonio los podrían acusar de desacato al
Congreso, como se están enterando ahora unos ex funcionarios del gobierno de
Bush, como Harriet Miers y otros. Y si dan testimonio y dicen cosas que a los
miembros de la comisión y sus asesores les parecen que no son ciertas, se los
podría acusar de perjurio o de mentirle a un funcionario federal, como le pasó a
Scooter Libby. En todo caso, requiere que hablen de sus asociaciones políticas y
sus creencias so pena de ir a la cárcel si no acceden.
Revolución: Ha comparado estas
audiencias al Comité de la Cámara de Representantes sobre Actividades
Antiamericanas (HUAC).
Peter Erlinder: Sí, a HUAC. Es
prácticamente lo mismo, porque cuando establecieron HUAC en 1938, el propósito
original era investigar a los estadounidenses “peligrosos” de ese entonces. Al
Ku Klux Klan se lo nombró, pero una vez que empezaron las investigaciones,
obligó a comparecer ante las audiencias a personas que pensaba que sabían algo
sobre los comunistas o el comunismo. Y durante 40 años HUAC investigó a toda
clase de grupos e individuos, metió presos a los 10 de Hollywood cuando se
negaron a dar testimonio, puso en la lista negra a personas como Arthur Miller,
Paul Robeson, Pete Seeger, Richard Wright. Obligó a delatar a conocidos so pena
de que lo condenaran al ostracismo, que es precisamente el poder que tiene esta
comisión. George Santayana, el filósofo estadounidense del siglo 20, dijo: “Los
que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. Parece que los
congresistas que votaron a favor de esto se han olvidado de la historia. Otro
gran filósofo estadounidense, Yogi Berra, lo dijo mejor: “Es como volver a
repetir el deja vu”. Y eso es precisamente lo que es.
Revolución: ¿Nos podría decir más sobre los poderes
de esta comisión?
Peter Erlinder: Son los poderes que conlleva cualquier
cuerpo investigador legislativo. Eso quiere decir —y esto es inherente a
cualquier comité de investigación del Congreso— que tiene el poder de obligar a
comparecer a una persona a dar testimonio, y si no lo hace lo podría meter preso
por desacato al Congreso, que es lo que les está pasando a Harriet Miers y otros
miembros del gobierno de Bush que se han negado a comparecer ante comités del
Congreso. Además, si alguien jura que va a decir la verdad pero no lo hace, lo
pueden acusar de perjurio. Incluso si no da testimonio bajo juramento, hay una
ley que se ha hecho cumplir desde que se disolvió HUAC en 1975 que penaliza
mentirle a un funcionario del gobierno federal, o decir cualquier cosa que un
funcionario federal piensa que es una mentira. Así que la estructura
general inherente a esta comisión es obligar a comparecer y dar testimonio so
pena de ser acusado de desacato, y si uno da testimonio, corre el riesgo de que
lo acusen de perjurio o de mentirle a un funcionario federal, si los miembros de
la comisión o sus asesores piensan que no ha dicho la verdad. En todo caso, si
la comisión cumple con el mandato del Congreso, tendrá por necesidad que mandar
comparecer a personas que podrían tener información sobre estadounidenses que
según la comisión tienen “sistemas de creencias extremistas”, o que podrían
tener vínculos a individuos u organizaciones en los cuales podría haber personas
con “ideas violentas”. Por ejemplo, podrían obligar a comparecer a los miembros
de una mezquita para dar testimonio sobre lo que saben sobre los demás miembros
de la mezquita, o de una iglesia, o un grupo de activistas sociales o un grupo
político.
Revolución: Este proyecto de ley no cambia
específicamente las leyes existentes ni establece nuevos castigos. ¿Pero podría
ser la base para nuevas leyes represivas?
Peter Erlinder: Lo que hace es crear un blanco para
investigar. Y el blanco que establece es tan amplio que cualquier persona en
territorio estadounidense que haga más que mirar la televisión e ir a las urnas
podría ser blanco.
Revolución: Al principio mencionó el papel de los
demócratas y en particular de la congresista Jane Harman, que ha salido
últimamente en las noticias porque resulta que sabía de los videos de tortura de
la CIA desde el 2003. ¿Podría hablar un poco sobre el papel de los
demócratas?
Peter Erlinder: El voto fue tan desigual, según lo que me
han dicho unos congresistas de Minnesota, porque la dirección de la Cámara de
Representantes lo presentó como un proyecto de ley que no requería mucha
atención por no ser polémico. Y las personas que no han estudiado HUAC, aunque
solo se disolvió en 1975, ya hace 30 años y pico, esas personas que no están
familiarizadas con lo que hizo HUAC y el daño que causó, y porque el proyecto de
ley no menciona los poderes inherentes de la comisión, las personas a quienes
hubiera debido preocupar aparentemente decidieron no poner objeciones. Pero este
es, a todas luces, un proyecto de ley presentado por los demócratas y promovido
por la dirección de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y Cía.
Revolución: ¿Cómo ve este proyecto de ley en el
contexto del ambiente represivo general de este país, y las leyes y medidas de
Bush como la Ley Patriota, las intervenciones electrónicas, la legitimación de
la tortura y cosas por el estilo?
Peter Erlinder: Bueno, creo que muchos conocen la famosa
cita del pastor Niemoller: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije
nada porque yo no era comunista...”. Luego vinieron por los sindicalistas, y
luego vinieron por los judíos. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no
quedaba nadie que dijera nada. Esa es una descripción de la realidad política
que se está desenvolviendo y que podemos ver. Y eso sucede siempre que se le
acusa a un grupo de ser “el enemigo”. Inevitablemente, empiezan a borrarse los
lindes de esa mancha. Como hemos visto una y otra vez en nuestra historia, una
vez que empieza a rodar el proceso, lo que se requiere para pararlo es la
oposición política consciente.
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