Estados Unidos: Las políticas de inmigración causan más de 6.000 separaciones de
familias en cuatro meses
Amnistía Internacional
11 de octubre de 2018
“El gobierno de Estados Unidos ha adoptado deliberadamente unas políticas y prácticas de inmigración
que han causado un daño catastrófico a miles de personas que buscan seguridad
en Estados Unidos, incluida la separación de más de 6.000 unidades familiares
en cuatro meses, cifra mayor que la revelada con anterioridad por las
autoridades”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“Tú no tienes ningún derecho
aquí”: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos
tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos revela
el precio brutal de los esfuerzos de la administración Trump para debilitar y
desmantelar el sistema de asilo estadounidense en violación flagrante de la
legislación de Estados Unidos y del derecho internacional. Las crueles
políticas y prácticas documentadas incluyen expulsiones ilegales en frontera de
solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, miles de
separaciones ilegales de familias y detenciones cada vez más arbitrarias e
indefinidas de solicitantes de asilo, a menudo sin posibilidad de libertad condicional.
“La administración Trump está llevando a cabo una campaña
deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las
personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México,
y disuadirlas”, dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La intensidad, escala y alcance de los abusos contra quienes buscan asilo es realmente indignante. El
Congreso y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos
deben realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para
exigir cuentas al gobierno y garantizar que esto no vuelve a ocurrir nunca”.
En 2017 y 2018 se ha separado aproximadamente a 8.000 unidades familiares
El mes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló a Amnistía Internacional que
solamente entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018 había separado
forzosamente a más de 6.000 unidades familiares (término que utilizan las
autoridades estadounidenses de forma contradictoria para referirse tanto a
familias enteras como a miembros individuales de una familia): más que lo que
las autoridades habían admitido con anterioridad. La CBP confirmó que esta
cifra seguía excluyendo un número no revelado de familias cuyas separaciones no
se registraron debidamente, como en los casos de abuelos y abuelas o de otros
miembros de la familia no inmediata cuyas relaciones las autoridades clasifican
de “fraudulentas” y no incluyen en sus estadísticas. En total, la
administración Trump ha reconocido ahora que ha separado aproximadamente a
8.000 unidades familiares desde 2017.
“Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión
pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron
con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes
judiciales para poner fin a las separaciones familiares”, afirma Erika Guevara Rosas.
“El Congreso debe actuar de inmediato para investigar y establecer
un registro exhaustivo de separaciones familiares realizadas por las
autoridades estadounidenses, y aprobar una ley que prohíba la separación y
detención indefinida de menores de edad y familias”.
El sufrimiento extremo que las autoridades estadounidenses han infligido deliberadamente al separar
familias constituye malos tratos y, en algunos casos, tortura.
Amnistía Internacional entrevistó a 15 padres, madres y tutores separados de sus hijos e hijas por las
autoridades fronterizas y de inmigración de Estados Unidos, 13 de los cuales se
habían presentado en pasos fronterizos oficiales. Esas separaciones familiares
causaron angustia extrema y, en algunos casos, traumas a largo plazo a personas
adultas y niños y niñas por igual.
En un centro de detención para inmigrantes de Texas, Valquiria, una madre brasileña de 39 años, contó a
Amnistía Internacional que agentes de la CBP la habían separado de su hijo de
siete años sin darle ninguna explicación al día siguiente de solicitar asilo en
un punto de entrada oficial, en marzo de 2018.
“Me dijeron: ‘Tú no tienes ningún derecho aquí, y tampoco tienes ningún derecho a quedarte con tu hijo’”,
dijo Valquiria. “Me quise morir. Habría preferido caerme muerta [...] Sin saber
dónde estaba mi hijo, lo que estaría haciendo. Es la peor sensación que puede
tener una madre. ¿Cómo no va a tener derecho una madre a estar con su hijo?”
Expulsiones ilegales en frontera y detención arbitraria
En 2017 y 2018, la CBP aplicó una política de facto de
devolver a miles de personas que buscaban asilo en pasos oficiales situados a
lo largo de toda la frontera con México.
“Todo ser humano en el mundo tiene derecho a pedir asilo frente a la persecución o un daño grave, y a
pedir protección en otro país”, dice Erika Guevara Rosas.
“Las autoridades fronterizas estadounidenses están violando flagrantemente la legislación sobre
asilo de Estados Unidos y el derecho internacional de refugiados al devolver a
personas a México sin inscribirlas ni estudiar su solicitud de asilo. Las
personas devueltas a México podrían ser objeto de abusos directos allí o ser
expulsadas y correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en su
país de origen”.
Desde 2017, las autoridades de Estados Unidos aplican también una política de detención obligatoria e
indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante
la tramitación de sus solicitudes. Esto constituye detención arbitraria y viola
la legislación estadounidense y el derecho internacional.
Amnistía Internacional entrevistó a personas solicitantes de asilo que se hallaban detenidas indefinidamente
tras haber solicitado protección, entre ellas personas separadas de sus
familias, ancianas o con problemas agudos de salud y necesidades médicas.
La organización documentó asimismo los casos de 15 personas solicitantes de asilo transgénero y
homosexuales que estuvieron detenidas entre varios meses y casi tres años sin
libertad condicional, a dos de las cuales se les denegó la libertad condicional
a pesar de haber sufrido agresiones sexuales bajo custodia. En varios casos,
sus experiencias de detención indefinida constituyeron malos tratos.
“Es sencillamente cruel que las autoridades estadounidenses detengan sin necesidad y traumaticen a personas
que han llegado para pedir protección de la persecución o la muerte”, dice
Erika Guevara Rosas.
“El Congreso debe intervenir ya para acabar de una vez por todas con la detención de menores de
edad y de familias y financiar alternativas como el Programa de Gestión de
Casos de Familias, que ha demostrado ser un 99% efectivo para ayudar a familias
solicitantes de asilo a comprender y cumplir los requisitos de su audiencia de inmigración”.
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