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ESTADOS UNIDOS:
Rumsfeld al banquillo, pide Human Rights Watch
Por William Fisher
NUEVA YORK, 25 abr (IPS) - El
gobierno de Estados Unidos debe designar un fiscal independiente para que
investigue la responsabilidad de militares de alto rango y autoridades civiles
en las torturas cometidas en el marco de la ”guerra contra el terrorismo”,
afirmó la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
”Crece
la evidencia de que altos líderes civiles y militares estadounidenses,
incluyendo al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el ex director de la CIA
(Agencia Central de Inteligencia), George Tenet, el ex comandante en jefe de las
tropas en Iraq, Ricardo Sánchez, y el ex comandante del campamento de
prisioneros en la base militar de Guantánamo, Cuba, Geoffrey Millar, tomaron
decisiones que facilitaron y propagaron las violaciones de la ley”, alegó ese
grupo estadounidense. El informe ”¿Tortura sin castigo? Responsabilidad
de mando por el maltrato de Estados Unidos a detenidos” salió a la luz este
lunes, tres días antes de que se cumpla el primer año de la divulgación mundial
de una serie de fotografías documentando torturas cometidas por soldados de
Estado Unidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib. HRW sostuvo que, un
año después, ”un muro de impunidad aún rodea a los arquitectos de las políticas
responsables de los abusos”. El presidente del independiente Centro por
los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, Michael Ratner, apoyó el
pedido de HRW. ”Hay una conspiración de las autoridades que aprobaron y
colaboraron con la tortura para ocultarla”, dijo a IPS. El ejército
estadounidense anunció la semana pasada que exoneró a Sánchez de toda
responsabilidad por las torturas cometidas en Abu Ghraib, que causaron la
indignación mundial el año pasado. Por su parte, el Departamento de
Defensa señaló que Rumsfeld nunca autorizó ni condonó los malos tratos.
HRW instó al procurador general, Alberto Gonzales, a que ”designe un
fiscal especial para investigar a cualquier autoridad estadounidense, sin
importar su rango ni posición, que pudiera haber participado, ordenado o tenido
cualquier responsabilidad de mando por los crímenes de guerra, torturas u otros
abusos cometidos a prisioneros bajo custodia estadounidense”. La
doctrina de la responsabilidad de mando hace que los superiores den cuenta por
los abusos cometidos por sus subordinados, si no tomaron las medidas mínimas
para detenerlos. HRW sostiene que hay suficiente evidencia de que eso
ocurrió en relación con los abusos de Abu Ghraib y Guantánamo, aunque la
práctica de torturas era conocidas por los superiores. Por otra parte,
la organización defensora de los derechos humanos pidió que las investigaciones
queden fuera del ámbito del Departamento de Justicia, pues Gonzales fue uno de
los que aprobó las técnicas de interrogatorio aplicadas en Iraq y que violaron
la ley internacional. Gonzales, ”como jefe del Departamento de Justicia,
estuvo muy involucrado en las políticas que derivaron en los crímenes
denunciados, y por eso no debería estar en un conflicto de intereses, pues él
también podría tener un grado de responsabilidad”, sostuvo HRW. Las
normas del Departamento de Justicia exigen la designación de un fiscal
independiente cuando existe un conflicto de intereses. HRW también
recomendó al Congreso la creación de una comisión especial para investigar las
torturas, como lo hizo para analizar los pasos del gobierno tras los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. La
organización acusó a Rumsfeld y otras autoridades de haber aprobado métodos
coercitivos como obligar a los prisioneros a desnudarse y a colocarse en
posiciones humillantes, y someterlos a intimidaciones con perros. Ese
tipo de torturas, inicialmente ideadas para el centro de detención en
Guantánamo, se aplicó sin restricciones en Afganistán e Iraq, a pesar de las
condenas de Washington a tales prácticas por parte de otros gobiernos, señaló el
grupo. HRW también denunció la ”desaparición” de detenidos que estaban
bajo custodia estadounidense y condenó la prolongada incomunicación en lugares
secretos de sospechosos acusados de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda (La
Base), a la que Washington considera resposnable de los atentados de septiembre
de 2001. ”Las autoridades condenaron las torturas, subrayaron el
compromiso de Estados Unidos en el respeto a los derechos humanos y abrieron la
puerta a una serie de investigaciones por los crímenes cometidos contra los
prisioneros en Afganistán e Iraq. Sin embargo, hasta ahora, sólo soldados de
bajo rango y sargentos han sido llamados a declarar”, señaló la organización.
El grupo reconoció que el Departamento de Defensa ordenó al menos siete
investigaciones por lo ocurrido en Abu Ghraib, pero subrayó que ninguna contó
con la independencia necesaria para ir hasta el fondo. ”Para los
investigadores del Pentágono (Departamento de Defensa), el tratamiento que
siguió a políticas y técnicas de interrogatorio aprobadas no pudo, por
definición, haber sido tortura. Con este razonamiento, se consideraron incapaces
de encontrar cualquier conexión entre las políticas aprobadas por las
autoridades y los malos tratos. Pero esto no significa que las torturas no
existieron”, señaló HRW. (FIN/2005)
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