EE.UU.: decreto sobre tortura desata polémica
Rebeca Logan
Washington D.C.
BBC
24 de abril de 2009
Manifestaciones contra funcionarios
estadounidenses involucrados en torturas se han desarrollado en EE.UU. |
Una de las primeras medidas de Barack Obama al asumir la presidencia de Estados Unidos, fue emitir una orden ejecutiva que
prohíbe la tortura, pero qué hacer con los que torturaron antes de la firma de
este decreto se está convirtiendo en uno de los temas más espinosos de sus
primeros cien días en la Casa Blanca.
A medida que se dan a conocer más detalles acerca de las
actividades de tortura de la administración Bush, crece en Washington el número
de voces que piden una investigación y exigen consecuencias para los que
participaron en estos operativos.
La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, dijo que se debería crear
"algún tipo de comisión de la verdad para ver que fue lo que sucedió... No
creo que se debe dar inmunidad a todo el mundo de una forma masiva", dijo
la líder demócrata en una conferencia de prensa en el Capitolio.
Y no sólo los demócratas están pidiendo una
investigación, el ex-gobernador republicano de Nueva Jersey, Tom Kean, quien
presidió la comisión especial que investigó los ataques del 9-11, dijo que se necesita
una investigación exhaustiva que le rinda cuentas al público.
"Siempre he pensado que eso (ahogamiento simulado)
es... y desde la inquisición española, siempre se ha considerado tortura, y
siempre he pensado que es tortura y es algo que los estadounidenses no deben
hacer", afirmó Kean en una entrevista con la cadena NBC.
¿Investigación necesaria o distracción política?
Pelosi cree que se debe establecer
una comisión de la verdad. |
La idea de una comisión especial no ha generado ningún
entusiasmo en la Casa Blanca. En una reunión privada con un grupo de
congresistas el jueves en la noche, Obama indicó que no quería un comité
especial, ya que esto podría robarle ímpetu a su agenda de cambio y podría
generar una distracción enfocada en el pasado.
Obama dijo en una visita reciente a la CIA que su
administración no tiene intenciones de presentar cargos contra los agentes que
llevaron a cabo estos interrogatorios, pero no ha descartado la posibilidad de
acciones judiciales contra quienes dieron la autorización legal para
implementar estas tácticas.
El líder demócrata del Senado, Harry Reid, también
descartó la creación de una comisión de la verdad, "por ahora".
"Creo que sería muy imprudente, desde mi punto de
vista, comenzar a crear comisiones, juntas, tribunales, hasta que tengamos
todos los hechos ante nosotros", aseguró Reid, quien agregó que está a la
espera de un informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre el asunto,
antes de tomar cualquier acción.
"Hasta que no tengamos ese informe, creo que debemos
relajarnos, entendiendo que esto es algo difícil", agregó el senador en
una rueda de prensa.
Exigen un fiscal especial
Reid, líder demócrata, descartó crear una comisión "por ahora". |
Pero para un creciente número de activistas y
organizaciones de derechos humanos, no se debe esperar más, ya que consideran
que existe suficiente evidencia para iniciar un proceso legal contra quienes
participaron en ciertos programas antiterroristas de la administración Bush.
Una coalición de organizaciones nacionales ya presentaron
más de 250 mil firmas al fiscal general, Eric Holder, exigiendo la designación
de un fiscal especial para investigar los interrogatorios realizados durante la
pasada administración Bush, en base a varios documentos oficiales sobre estos procedimientos
dados a conocer recientemente.
Los folios detallan el trato a los presos sospechosos de
terrorismo incluyendo golpes, la privación del sueño, sometimiento a posturas
físicas dolorosas, la manipulación de la alimentación y el "ahogamiento
simulado" que fue aplicado cerca de 226 veces a dos presos en un mes.
"La tortura es un crimen. Es el trabajo del fiscal
general asegurar que se de una investigación para determinar exactamente quien
autorizó, sancionó y implementó estas actividades para que esas personas asuman
las consecuencias", dijo Caroline Fredrickson, directora de la oficina
legislativa de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), entidad que es parte de
este esfuerzo.
Más evidencia
Organizaciones de EE.UU. le han pedido al Fiscal General que designe a un fiscal especial. |
"La evidencia que está saliendo exige la necesidad
inmediata de un fiscal especial", dijo a BBC Mundo, Michael Ratner,
presidente del Centro de Derechos Constitucionales.
Según Ratner, abogado experto en derechos humanos, el
programa de tortura de la administración Bush fue autorizado e implementado al
más alto nivel y se debe enjuiciar al ex-secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld, la ex-secretaria de Estado Condoleeza Rice, el ex-director de la CIA,
George Tenet, y el ex-fiscal general, Alberto Gonzales, entre otros, ya que
existe "amplia evidencia" en su contra.
Ratner, quien fue uno de los abogados que argumentó, y
ganó el caso, a favor de los derechos legales de los detenidos en Guantámano
ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, aseguró que para estos
programas de interrogación no debe existir el "borrón y cuenta nueva"
que ha mencionado el presidente Obama.
"Tenemos que enviar el mensaje de que si torturas,
serás enjuiciado. No estamos hablando de retribución o venganza tiene que ser
claro de que si violas la ley y torturas, serás perseguido, que no depende de
quien es el presidente de turno", argumentó Ratner y señaló que la imagen
y autoridad moral de Estados Unidos sufre si no hay consecuencias para quienes
violan la ley.
El jurista agregó que en las próximas semanas saldrá a la
luz mucha más evidencia, incluyendo material gráfico, que harán imposible
ignorar el creciente llamado a verdaderas sanciones para los involucrados.
El público también está dividido
Mientras sigue el debate en Washington, las encuestas
indican que el público también está dividido sobre el tema.
Una encuesta reciente de la firma Gallup, reveló que
aunque el 62% está a favor de "algún tipo" de investigación sobre el
posible uso de la tortura para interrogar sospechosos de terrorismo, el 38%
apoya una investigación criminal, o sea una investigación con penalidades
legales. El 34% se opone a los dos tipos de panel investigativo.
Y tal vez Obama se esté fijando en otra encuesta de la
Prensa Asociada que dice que por primera vez en años, un alto porcentaje de los
estadounidenses cree que el país en general "va en la dirección
correcta".
Según el sondeo, el 48% está optimista acerca del futuro
del país, en comparación al 17% que pensaba lo mismo en octubre del 2008 en los
últimos meses de la administración Bush.
Y por si acaso, el 90%, un número récord, estima que la
economía es un asunto de suma importancia nacional.
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