EE.UU.: decreto sobre tortura desata polémica
Rebeca Logan
Washington D.C.
BBC
24 de abril de 2009
Manifestaciones contra funcionarios estadounidenses involucrados en torturas
se han desarrollado en EE.UU. |
Una de las primeras medidas de Barack Obama al asumir la presidencia de
Estados Unidos, fue emitir una orden ejecutiva que prohíbe la tortura, pero qué
hacer con los que torturaron antes de la firma de este decreto se está
convirtiendo en uno de los temas más espinosos de sus primeros cien días en la
Casa Blanca.
A medida que se dan a conocer más detalles acerca de las actividades de
tortura de la administración Bush, crece en Washington el número de voces que
piden una investigación y exigen consecuencias para los que participaron en
estos operativos.
La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, dijo
que se debería crear "algún tipo de comisión de la verdad para ver que fue lo
que sucedió... No creo que se debe dar inmunidad a todo el mundo de una forma
masiva", dijo la líder demócrata en una conferencia de prensa en el
Capitolio.
Y no sólo los demócratas están pidiendo una investigación, el ex-gobernador
republicano de Nueva Jersey, Tom Kean, quien presidió la comisión especial que
investigó los ataques del 9-11, dijo que se necesita una investigación
exhaustiva que le rinda cuentas al público.
"Siempre he pensado que eso (ahogamiento simulado) es... y desde la
inquisición española, siempre se ha considerado tortura, y siempre he pensado
que es tortura y es algo que los estadounidenses no deben hacer", afirmó Kean en
una entrevista con la cadena NBC.
¿Investigación necesaria o distracción política?
Pelosi cree que se debe establecer una comisión de la
verdad. |
La idea de una comisión especial no ha generado ningún entusiasmo en la Casa
Blanca. En una reunión privada con un grupo de congresistas el jueves en la
noche, Obama indicó que no quería un comité especial, ya que esto podría robarle
ímpetu a su agenda de cambio y podría generar una distracción enfocada en el
pasado.
Obama dijo en una visita reciente a la CIA que su administración no tiene
intenciones de presentar cargos contra los agentes que llevaron a cabo estos
interrogatorios, pero no ha descartado la posibilidad de acciones judiciales
contra quienes dieron la autorización legal para implementar estas tácticas.
El líder demócrata del Senado, Harry Reid, también descartó la creación de
una comisión de la verdad, "por ahora".
"Creo que sería muy imprudente, desde mi punto de vista, comenzar a crear
comisiones, juntas, tribunales, hasta que tengamos todos los hechos ante
nosotros", aseguró Reid, quien agregó que está a la espera de un informe del
Comité de Inteligencia del Senado sobre el asunto, antes de tomar cualquier
acción.
"Hasta que no tengamos ese informe, creo que debemos relajarnos, entendiendo
que esto es algo difícil", agregó el senador en una rueda de prensa.
Exigen un fiscal especial
Reid, líder demócrata, descartó crear una comisión "por
ahora". |
Pero para un creciente número de activistas y organizaciones de derechos
humanos, no se debe esperar más, ya que consideran que existe suficiente
evidencia para iniciar un proceso legal contra quienes participaron en ciertos
programas antiterroristas de la administración Bush.
Una coalición de organizaciones nacionales ya presentaron más de 250 mil
firmas al fiscal general, Eric Holder, exigiendo la designación de un fiscal
especial para investigar los interrogatorios realizados durante la pasada
administración Bush, en base a varios documentos oficiales sobre estos
procedimientos dados a conocer recientemente.
Los folios detallan el trato a los presos sospechosos de terrorismo
incluyendo golpes, la privación del sueño, sometimiento a posturas físicas
dolorosas, la manipulación de la alimentación y el "ahogamiento simulado" que
fue aplicado cerca de 226 veces a dos presos en un mes.
"La tortura es un crimen. Es el trabajo del fiscal general asegurar que se de
una investigación para determinar exactamente quien autorizó, sancionó y
implementó estas actividades para que esas personas asuman las consecuencias",
dijo Caroline Fredrickson, directora de la oficina legislativa de la Unión de
Libertades Civiles (ACLU), entidad que es parte de este esfuerzo.
Más evidencia
Organizaciones de EE.UU. le han pedido al Fiscal General que designe a un
fiscal especial. |
"La evidencia que está saliendo exige la necesidad inmediata de un fiscal
especial", dijo a BBC Mundo, Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos
Constitucionales.
Según Ratner, abogado experto en derechos humanos, el programa de tortura de
la administración Bush fue autorizado e implementado al más alto nivel y se debe
enjuiciar al ex-secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, la ex-secretaria de
Estado Condoleeza Rice, el ex-director de la CIA, George Tenet, y el ex-fiscal
general, Alberto Gonzales, entre otros, ya que existe "amplia evidencia" en su
contra.
Ratner, quien fue uno de los abogados que argumentó, y ganó el caso, a favor
de los derechos legales de los detenidos en Guantámano ante la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos, aseguró que para estos programas de interrogación no
debe existir el "borrón y cuenta nueva" que ha mencionado el presidente
Obama.
"Tenemos que enviar el mensaje de que si torturas, serás enjuiciado. No
estamos hablando de retribución o venganza tiene que ser claro de que si violas
la ley y torturas, serás perseguido, que no depende de quien es el presidente de
turno", argumentó Ratner y señaló que la imagen y autoridad moral de Estados
Unidos sufre si no hay consecuencias para quienes violan la ley.
El jurista agregó que en las próximas semanas saldrá a la luz mucha más
evidencia, incluyendo material gráfico, que harán imposible ignorar el creciente
llamado a verdaderas sanciones para los involucrados.
El público también está dividido
Mientras sigue el debate en Washington, las encuestas indican que el público
también está dividido sobre el tema.
Una encuesta reciente de la firma Gallup, reveló que aunque el 62% está a
favor de "algún tipo" de investigación sobre el posible uso de la tortura para
interrogar sospechosos de terrorismo, el 38% apoya una investigación criminal, o
sea una investigación con penalidades legales. El 34% se opone a los dos tipos
de panel investigativo.
Y tal vez Obama se esté fijando en otra encuesta de la Prensa Asociada que
dice que por primera vez en años, un alto porcentaje de los estadounidenses cree
que el país en general "va en la dirección correcta".
Según el sondeo, el 48% está optimista acerca del futuro del país, en
comparación al 17% que pensaba lo mismo en octubre del 2008 en los últimos meses
de la administración Bush.
Y por si acaso, el 90%, un número récord, estima que la economía es un asunto
de suma importancia nacional.
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