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Leyes federales y locales aprueban desemplear, criminalizar y expulsar a indocumentados
EU intensifica medidas contra inmigrantes a todos los niveles
Se multiplican las redadas y las deportaciones y cientos de niños quedan en el abandono
DAVID BROOKS (CORRESPONSAL)
Líderes
de grupos defensores de inmigrantes protestaron el pasado sábado en Los
Angeles, California, por la deportación de la mexicana Elvira Arellano,
quien fue separada de su hijo Saúl, de 8 años, ciudadano estadunidense
Foto: Ap
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Nueva York, 26 de agosto. Una mujer es rodeada por 15 agentes en una esquina
de Los Angeles, mientras su hijo de 8 años llora asustado, es
deportada; políticos denuncian que un triple homicidio en Newark es
resultado de la presencia de indocumentados en este país, pueblos
aprueban medidas para expulsar y criminalizar a inmigrantes, el
gobierno federal implementa reglas para desemplear a quienes no tienen
papeles, construye más centros de detención, contrata a más agentes de
la migra y amenaza con más redadas, todo es parte de una intensificación de acciones antimigrantes en Estados Unidos.
No pasa un día aquí en que no se hable de alguna iniciativa, medida o
política antimigrante que promueven tanto el gobierno federal como las
autoridades estatales y locales en este país.
La semana pasada la procuradora general de Nueva Jersey, Anne Milgram,
ordenó a las agencias de seguridad pública locales (la policía, sobre
todo) determinar la condición migratoria de sospechosos de crímenes y
notificar a las autoridades federales si sospechan que algún detenido
está en el país “ilegalmente”.
Esta acción fue anunciada después que un triple homicidio en la ciudad de
Newark, ocurrido el 4 de agosto, detonó un debate estatal y hasta
nacional sobre el crimen y los indocumentados. Uno de los principales
sospechosos del crimen, José Lachira Carranza, es un indocumentado
peruano, y varios políticos han criticado el hecho de que nadie
verificó su condición migratoria, a pesar de tres arrestos anteriores,
por lo que el delincuente pudo permanecer en las calles para cometer
otro delito más. “Hay una necesidad que se presentó ante todos nosotros
recientemente con los eventos trágicos de Newark para una política
uniforme en el estado, afirmó la procuradora Milgram. La agencia
federal de inmigración (conocida por sus siglas en ingles, ICE), dio la
bienvenida a esta “nueva ampliación de la cooperación” del estado.
El caso nutrió un creciente debate nacional en torno al papel de las
agencias de seguridad pública locales y estatales en actividades de
control migratorio. Algunos alcaldes y jefes de policía se oponen a
participar en asuntos de migración señalando que necesitan la
cooperación de la comunidad, incluyendo inmigrantes legales e
indocumentados, para realizar sus labores. De hecho, los alcaldes y
autoridades de ciudades como Nueva York, Los Angeles y Chicago han
mantenido políticas que prohíben que sus policías y trabajadores
municipales indaguen sobre la condición migratoria de sus residentes.
Estos son criticados por otros de que han convertido a sus ciudades en
“santuarios para los que violan la ley” y/o insisten que a falta de una
política nacional coherente, las autoridades locales y estatales tienen
que asumir el papel de control de migración.
El candidato presidencial republicano, Mitt Romney, cuando era gobernador
de Massachussets, firmó un acuerdo con las autoridades federales en el
que otorgó a policías estatales seleccionados el poder de implementar
las leyes migratorias federales (aunque el nuevo gobernador anuló el
acuerdo). En Kentucky, el procurador general notificó a las policías
locales que consulten un banco de datos federal para verificar la
condición migratoria de la gente que arresten y reportar a los
indocumentados con las autoridades federales.
Las legislaturas de los 50 estados han considerado medidas sobre migración
este año, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas
Estatales; por lo menos mil 400 proyectos de ley, y 170 de éstos
promulgados en leyes en 41 estados. Aunque estas incluyen medidas de
todo tipo, entre ellas algunas diseñadas para beneficiar a migrantes,
la mayoría incorporan algún tipo de medida antimigrante.
Además, los gobiernos de más de 100 ciudades y condados por todas partes de
Estados Unidos han considerado resoluciones y nuevas ordenes contra
indocumentados. Estas incluyen desde proclamaciones del inglés como el
“idioma oficial” hasta prohibiciones sobre la renta de vivienda, el
cese de contratos públicos con empresas que emplean a indocumentados y
la negación de servicios públicos.
A nivel federal, las acciones incluyen más redadas, más detenciones de
“fugitivos” de órdenes de deportación, y más detenidos. El 10 de agosto
el gobierno de George W. Bush anunció 17 iniciativas de control
migratorio, incluyendo la de la implementación más agresiva de un
sistema para obligar a patrones a cesar a indocumentados. El gobierno
anunció que enviará cartas a empleadores con listas de los trabajadores
cuyos números de Seguro Social no corresponden a su identidad. Después
de un plazo de 90 días el gobierno obligará a los patrones a cesar a
todo empleado que no haya logrado comprobar un error. Potencialmente,
eso podría implicar millones de desempleados (se calcula que hay
aproximadamente 12 millones de indocumentados en el país).
A la vez, el gobierno también anunció planes para detener, encarcelar y
deportar a más inmigrantes incrementando su capacidad carcelaria para
migrantes a más de 31 mil.
La semana pasada Elvira Arellano, al salir de una iglesia en el centro de Los
Angeles, fue detenida después que varios autos no identificados como
oficiales rodearon la camioneta en que viajaba con su hijo Saúl de 8
años y otros activistas de defensa de migrantes. El operativo,
con unos 15 agentes de migración, parecía diseñado para tomar por
asalto a un criminal, comentaron testigos. Pocas horas después fue
deportada por ser considerada “una fugitiva” de la ley, violando una
orden de salir del país por el grave delito de haber trabajado sin
papeles en un aeropuerto. Su hijo es ciudadano estadunidense.
El diario Los Angeles Times
reporta que la detención de indocumentados “fugitivos” se ha acelerado
a unos 675 por semana, junto con más redadas en sitios de trabajo y
otras medidas de “control” de la inmigración “ilegal” en el país.
A la vez, este tipo de arrestos y redadas han dejado abandonados y
traumatizados a cientos de niños, que de repente son informados que sus
padres han sido detenidos, encarcelados y hasta deportados. Estos casos
han ocurrido en Massachussets, Colorado y varias entidades más por el
país como resultado de estas acciones. El Pew Hispanic Center calcula
que hay unos 3.1 millones de menores de edad en este país cuyos padres
(por lo menos uno) son indocumentados.
Mueren en los centros de reclusión de la migra
Por otro lado, el Washington Post
reportó recientemente que más de 60 migrantes detenidos han perecido
desde 2004 mientras estaban en poder de las autoridades de migración.
Casos recientes incluyen la muerte de Rosa Isela Contreras Domínguez,
una mexicana embarazada en un centro de detención en El Paso, Victoria
Arellano de 23 años mexicana que padecía sida en un centro de detención
en San Pedro California, y un brasileño Edgar Alves Araujo. Todos
fueron declarados como “incidentes tristes” por las autoridades
migratorias. A la vez, muchos detenidos padecen de condiciones médicas
que no reciben atención satisfactoria, o nada.
De hecho, miles de inmigrantes –con papeles o sin papales– son detenidos y
encarcelados, a veces durante meses y hasta años, bajo una ley federal
que permite que cualquier no ciudadano sea arrestado para ser deportado
si ha cometido un delito en Estados Unidos en cualquier momento, aunque
haya sido hace años y aunque haya cumplido una condena penal.
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