Exigen prueba de ciudadanía en Ajo
Oscar González y su hermano Ofir frente a su casa móvil en Ajo, Arizona, nuestran su
pasaporte de EEUU. Aurelia Ventura/La Opinión
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Escuelas en distrito de Arizona se lo imponen a los méxico-americanos
- Claudia Núñez/ claudia.nunez@laopinion.com |
- 2010-08-24
- | La Opinión
A la humillación de que a sus hijos les prohibieran tomar
agua en la escuela, las madres de familia mexicanas con hijos estadounidenses
que residen la franja fronteriza de Sonoyta, en el estado mexicano de Sonora y
Lukeville, Arizona, deberán sumar ahora enviar a los menores con pruebas de su
ciudadanía y su residencia legal dentro del estado.
El Departamento de Educación de Arizona lanzó
indicaciones de que ningún menor abordará el autobús escolar a menos que
presente evidencias de que residen dentro del estado.
Libier Soto, madre de familia de tres estudiantes que
acuden al Distrito Escolar Unificado de Ajo, Arizona; a 38 millas de la ciudad
fronteriza de Sonoyta, calificó los requisitos de racistas y afirmó que ella,
como los padres de más de 80 niños méxico-americanos, han estado pagando
mensualidades de 250 dólares por la renta de viviendas móviles en terrenos del
estado de Arizona.
Con documentos en la mano, Soto mostró a este diario los
recibos mensuales y narró que el pasado año escolar sus hijos, junto a casi un
centenar de alumnos, estuvieron a punto de ser suspendidos de la escuela bajo
alegatos de que vivían en territorio mexicano y sólo cruzaban la frontera para
estudiar.
"Se van a México los fines de semana, pero de
cualquier manera aquí estamos pagando impuestos cada mes. Este el pago de mi
‘traila’. Nadie nos está regalando nada", dijo.
Los hermanos Oscar y Ofir González se acercan a su residencia, una casa móvil en la
periferia de Ajo, Arizona.
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"Lo que a mí más me dolió fue que de este problema
nos enteramos por carta. Ni siquiera tuvieron el valor de citarnos para una
reunión, nomás nos dijeron que nuestros hijos iban a quedar fuera y que el año
que cursaron no iba a existir. Tengo un niño de seis años que va en primer año
y llego diciéndome a la casa que ya no podía tomar agua, ¿cómo que no puedes
tomar?, y me dijo: ‘No porque nos dijeron que nosotros los que venimos en el bus
no podemos tomar agua’... Eso me partió el alma. Estos niños. hijos de padres
mexicanos son el futuro de EEUU, les guste o no", recalcó Soto.
María Barragán, quien encabeza un grupo de padres de
familia que están peleando la decisión del estado, dijo que si el Departamento
de Educación de Arizona insiste en presionar a los estudiantes
méxico-americanos realizarán una protesta masiva en el puerto fronterizo de
Sonoyta, México y Lukeville, Arizona,
"Haremos hasta lo que sea por defender sus derechos.
Esto es puro racismo", destacó Barragán.
A partir de esta semana los alumnos necesitarán un
certificado para subir al autobús, dijo Ricardo Hernández, director financiero
de las Escuelas del Condado de Pima, donde se ubica el Distrito Escolar
Unificado de Ajo.
Asimismo, Tom Horne, titular del Departamento de
Educación de Arizona, continuará con el proceso legal para buscar la
restitución de 1.2 millones de dólares que supuestamente pagó al Distrito
Escolar Unificado de Ajo para educar a 105 estudiantes de México desde el 2007.
Robert Dooley, superintendente del distrito, apuntó que
apelará la demanda del estado.
"Yo soy blanco y nunca tuve que probar que mis hijos
vivían en mi casa cuando fueron a una escuela en Phoenix. Este pleito me parece
una repugnante forma de desalentar a los niños de ascendencia mexicana. No creo
que es una coincidencia que esto esté pasando después de la SB 1070", dijo
Dooley en entrevista con La Opinión.
Los hijos de inmigrantes ilegales pueden asistir a
escuelas públicas de Arizona, siempre y cuando demuestren que residen en los
límites del estado.
Dooley informó que ofreció al estado una remuneración de
300 mil dólares, pero confirmó que será un descalabro fuerte para el distrito,
uno de los más pobres de Arizona.
Entre las estrategias para el pago está el despido de
cuatro profesores, aunados a los dos que ya fueron cesados de sus labores.
El Departamento de Educación rechazó la oferta del
distrito y solicitó por lo menos el pago de 700 mil dólares a fin de llegar a
un acuerdo.
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