Una exigencia dañina
La Administración Bush ya ha demostrado con sus acciones que la ofensiva
contra los indocumentados no respeta empleos, hogares, horarios del día,
unidades familiares, ni protecciones legales ante la ley. También utiliza normas
burocráticas que desangran económicamente a los estados con el potencial de
perjudicar la atención médica de ciudadanos y residentes legales.
Este es el caso de la amenaza del gobierno federal a California de quitarle
más de $315 millones del programa Family PACT hasta que no cuente con exactitud
el número de indocumentadas que atiende. El programa es responsable de evitar
anualmente más de 200 mil embarazos no intencionados en mujeres de bajos
recursos con métodos contraceptivos que excluyen el aborto. Por ley a los
indocumentados no les corresponde este beneficio.
El programa calcula que el 14% de sus beneficiarios son indocumentados y por
eso nuestro estado recibe menos dinero de los $432 millones anuales que cuesta
Family PACT. Ahora la Administración Bush, a pocos meses de terminar su gestión,
rechaza ese estimado y exige que se verifique persona por persona el estado
migratorio de cada beneficiaria. California ofreció elevar el porcentaje al
17.4% pero el gobierno federal rechazó la idea.
En resumen, para cumplir la exigencia de la Casa Blanca California debe
contratar 2,800 empleados adicionales en el departamento de Servicios de Salud
estatal y la investigación de cada beneficiario aumentará el 40% del costo del
programa. Esto es absurdo para un programa exitoso como Family PACT que ahorra a
largo plazo al estado miles de millones de dólares en futuro servicios sociales.
La legislatura federal debe actuar para, al menos, congelar esta exigencia
administrativa dañina de un desprestigiado gobierno saliente.
La Opinión
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