GUANTÁNAMO: A falta de Obama, bueno es Garzón
William Fisher
IPS Noticias
20 Abril, 2009
NUEVA YORK, 20 abr (IPS) - Activistas por los derechos humanos que criticaron
la decisión del presidente estadounidense Barack Obama de no juzgar a agentes de
la CIA por torturas elogiaron la intención del juez español Baltasar Garzón de
investigar a seis ex funcionarios de la administración George W. Bush
(2001-2009).
Esos funcionarios proveyeron el marco legal para que la CIA (Agencia Central
de Inteligencia) aplicara sus “técnicas de interrogatorio mejoradas”, como el
“submarino” (simulación de ahogamiento), golpes, privación prolongada de sueño y
encierro del detenido en habitaciones con insectos, contra sospechosos de
terrorismo recluidos en la base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba.
La semana pasada, el fiscal general español Cándido Conde-Pumpido le
recomendó al juez Garzón –famoso mundialmente por haber ordenado el arresto del
ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998– que desechara la demanda,
presentada por grupos de derechos humanos. No obstante, al día siguiente, el
juez resistió la presión y decidió proceder con el caso.
Según informó la cadena británica BBC, Conde-Pumpido sostuvo que la propuesta
investigación penal de Garzón contra los ex funcionarios de Bush por posibles
violaciones al derecho internacional “no tenía mérito”.
Los seis funcionarios en la mira de Garzón son Alberto Gonzales, ex fiscal
general de Estados Unidos, John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia,
Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa, David Addington, ex jefe del
gabinete de la Vicepresidencia, Jay S. Bybee, ex funcionario del Departamento de
Justicia, y William Haynes, ex abogado del Pentágono.
Estos fueron señalados por proveer la argumentación legal que utilizó el
gobierno de Bush para ignorar las Convenciones de Ginebra, referidas a los
tratos a los detenidos.
Bajo la ley española, una vez que un juez recibe la opinión de un fiscal,
puede desechar la querella o abrir una completa investigación que podría llevar
a una acusación. Es en este caso el juez, no el fiscal, el que presenta las
acusaciones penales.
La ley española le da a los tribunales jurisdicción fuera de fronteras
nacionales en casos de torturas o crímenes de guerra, basándose en la doctrina
conocida como “justicia universal”.
Gonzalo Boye, uno de los abogados defensores de los derechos humanos que
presentó el caso ante Garzón, explicó a la agencia AP que el reclamo de
jurisdicción española se fortalece por el hecho de que cinco de los detenidos en
Guantánamo son ciudadanos o residentes de España.
Pero este caso, si avanza, tendría implicaciones mucho más allá de España,
porque las eventuales órdenes de arresto serían vinculantes para todos los 27
miembros de la Unión Europea (UE).
La mayoría de los seis hombres señalados no han hecho comentarios. Solo Feith
rechazó enérgicamente las acusaciones y sostuvo que España no tenía
jurisdicción. Además, sostuvo que el caso era “un insulto nacional con dañinas
implicaciones”.
El gobierno de España, que ha intentado mejorar sus relaciones con
Washington, insistió en que sus tribunales son independientes y que la rama
ejecutiva no tiene dominio sobre sus decisiones.
Grupos de derechos humanos apoyaron en forma unánime la iniciativa de
Garzón.
El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés),
que representa a varios de los detenidos en Guantánamo, elogió la decisión del
juez español.
“La importancia de esta investigación no puede ser subestimada.
Contrariamente a las declaraciones de algunos, las investigaciones españolas no
son simbólicas. Si se emiten órdenes de arresto, todos los países de la UE
estarán obligadas a cumplirlas. El mundo se está haciendo más pequeño para los
conspiradores de la tortura”, dijo el presidente del CCR, Michael Ratner.
El CCR, junto al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos
y la Federación Internacional de Derechos Humanos, había intentado en tres
ocasiones, dos en Alemania y una en Francia, presentar cargos en la UE contra ex
funcionarios de Bush. El caso alemán todavía está pendiente.
“La única razón por la cual España considera un juicio a estadounidenses por
tortura es porque Estados Unidos se niega a hacerlo. Eric Holder (el actual
fiscal general) debe cumplir las leyes estadounidenses e iniciar investigaciones
penales a los funcionarios de Bush que cometieron tortura y otros crímenes de
guerra”, dijo a IPS la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados,
Marjorie Cohn.
“Las consideraciones políticas no deben controlar nuestra obligación bajo la
Convención contra la Tortura de procesar o extraditar a crímenes de guerra”,
añadió.
Con ella coincidió Ben Wizner, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de
la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. “La idea de que España
investigue el trato dado por Estados Unidos a los detenidos es una vergüenza
para nosotros”, afirmó.
“Una vez éramos los campeones del mundo, no sólo en derechos humanos, sino en
rendición de cuentas. No deberíamos depender de otros países para limpiar
nuestro desorden”, añadió.
“Si la administración de Obama hiciera lo que requiere la ley (designar un
fiscal especial), veríamos a menos de nuestros aliados sintiendo que deben hacer
nuestro trabajo”, agregó.
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