Con la economía en picado, el Gobierno insiste en la guerra de desgaste contra los indocumentados
28 de octubre de 2008
El secretario de Seguridad Nacional quiere
obligar a las empresas a comprobar el estatus migrartorio de sus empleados. EFE
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Washington, 28 octubre 2008 (EFE).- El Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) ha renovado sus esfuerzos por exigir que las
empresas despidan a quienes no puedan comprobar su estatus migratorio en EEUU,
en momentos en que el país afronta grandes presiones por el peligro de
recesión.
El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, ha dejado en claro que su agencia divulgará en las
próximas semanas el reglamento "definitivo" para obligar a las
empresas a corregir las discrepancias en los documentos de Seguro Social de sus
empleados.
El reglamento original, presentado en agosto de 2007 y modificado en marzo pasado, ha sido objeto de
críticas de grupos empresariales y activistas pro-inmigrantes, y de demandas
aun pendientes en los tribunales.
En vez de afrontar el prolongado proceso de apelaciones, Chertoff ha optado por incorporar nuevas modificaciones
al reglamento.
Según explicó el secretario la semana pasada, el reglamento "definitivo" responde a las objeciones
que surgieron en los tribunales y será publicado en el diario oficial del
Gobierno (Federal Register) en las próximas semanas.
Esas modificaciones reflejan, por ejemplo, el análisis económico que hizo el DHS sobre el reglamento y los
procedimientos del Departamento de Justicia para quienes violan la ley, pero no
altera el alcance y contenido del programa anunciado en 2007.
La idea de Chertoff es que los jueces levanten la suspensión vigente para que el DHS pueda aplicar el
reglamento "de inmediato".
Así, el Gobierno comenzaría a emitir cartas sobre la "incompatibilidad" de los datos, conocidas en
inglés como "no-match letters", a miles de empresas para que
corroboren el número de Seguro Social de sus empleados o corrijan cualquier
error o discrepancia.
Tal como estuvo previsto, las empresas tendrán un plazo de 90 días para contestar a las cartas de advertencia
que reciban por de la Administración del Seguro Social.
Si, por el contrario, las empresas deciden tirar la carta al basurero, afrontarán la pesadilla de fuertes
multas y posibles acciones legales en su contra.
Se calcula que unas 140.000 empresas en todo el país podrían recibir las cartas, lo que afectaría a unos
ocho millones de trabajadores.
Para Chertoff, con el nuevo reglamento las empresas "ya no podrán esconder la cabeza en la arena, sino
que tendrán que tomar medidas para asegurar que están cumpliendo con las
leyes".
Aún con la posibilidad de que el reglamento afronte una nueva ronda de demandas, Chertoff ha advertido a los
empresarios de que el DHS continuará investigando y haciendo auditorías de los
negocios, y recurriendo a informantes para detectar la contratación de
indocumentados.
En muchos casos, las redadas tienen su origen en alguna llamada anónima recibida de empresas rivales o de empleados
legales resentidos por la competencia de trabajadores "sin papeles".
Las leyes federales prohíben la contratación de personas que no tienen permiso legal para trabajar en EEUU, y
el DHS se ha dado a la tarea de castigar -principalmente mediante multas y
redadas- a las empresas que continúan contratándolas.
"Si se trata de un error inocente, tiene que ser corregido... pero si no hay una explicación inocente y
alguien está usando documentos falsos y no está autorizado para trabajar,
entonces tienes que asegurarte de que estás cumpliendo con la ley",
explicó Chertoff.
Es un eufemismo para el despido de las personas que no pueden comprobar su estatus legal en el país.
El reglamento afronta la férrea oposición del empresariado y de grupos como la Cámara de Comercio de EEUU, que
alegan que el reglamento tendrá un impacto negativo en sus negocios.
Un editorial del diario "Miami Herald" indicó hoy que la insistencia del DHS en poner en
marcha el reglamento tendrá un efecto devastador para millones de trabajadores
inmigrantes en los sectores agrícola, de construcción y de servicios, "en
un momento en que la economía estadounidense no se puede dar el lujo" de
perder empleados.
Pero el Gobierno de Washington, y grupos conservadores afines, consideran que, al secarse las fuentes de
trabajo, los extranjeros "sin papeles" no tendrán más remedio que
regresar voluntariamente a sus países de origen.
En general, las cartas del Seguro Social siempre se utilizaron para verificación de ingresos y nunca antes
contra la inmigración ilegal.
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