Tres mitos sobre EL PROYECTO DE LEY de detenciones de Obama
HIZO CAMPAÑA PROMETIENDO EL CIERRE DE GUANTÁNAMO
FIRMA LEY QUE PERMITE LA DETENCIÓN INDEGINIDA DE CIUDADANOS ESTADOUNIDENSE
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20 de diciembre de 2011
Glenn Greenwald
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
4 de enero de 2012
La condena al Presidente Obama es intensa, y está creciendo, como resultado
de su anunciado intento de firmar la ley de detención indefinida dentro del
Acta de Autorización de defensa nacional del 2012 (NDAA por sus siglas en
inglés).
Estas denuncias no vienen sólo de los líderes de grupos de libertades
civiles y derechos
humanos, sino también de la página editorial del periódico pro-Obama New
York Times, que tiene una mordaz Editorial
describiendo la posición de Obama como un “completo suicidio político, que
refuerza la impresión de una presidencia torpe” y lamentando que “el proyecto
de ley tiene muchos otros aspectos cuestionables que no podemos analizar” así como
los portavoces de los que apoyan a Obama, como Andrew Sullivan, que escribió
que este episodio es “otra señal de que su promesa electoral de ser vigilante
de las libertades civiles en la guerra contra el terror era mentira.” En modo
“control de daños”, los grupos
aliados a la Casa Blanca están yendo al rescate mediante ataques a la Unión
americana de libertades civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y con evasivas
empequeñeciendo los peligros de la reforma.
Por esta razón, vale la pena examinar brevemente – y desmontar las
falsedades – los tres principales mitos que están siendo difundidos por los que
apoyan esta reforma, y para hacerlo de manera muy simple: citando los
principales argumentos de la reforma,
así como los pasajes relevantes del informe original del 2001 “Autorización
para el uso de la fuerza militar” (AUMF por sus siglas en inglés), para que
todos pueden juzgar por sí mismo lo que este proyecto de ley incluye (más allá
de la evidencia que junté para escribir
sobre la ley ayer.)
Mito 1: Esta reforma no conlleva la detención indefinida.
La sección 1021 de la NDAA del gobierno, como su título dice, “Autoridad de
las Fuerzas Armadas para detener personas con orden de captura al amparo de la
AUMF.” La primera - sección (a) –
explícitamente “afirma que la autoridad del Presidente” bajo la jurisdicción de
la AUMF “incluye la autoridad para las
fuerzas armadas de Estados Unidos para detener personas bajo su
jurisdicción.” En la siguiente sección, (b), define “personas bajo su
jurisdicción” - por ejemplo, esas que pueden ser detenidas por los militares de
EEUU – como “una persona que en parte o sustancialmente apoyaba al-Qaeda, los
Talibanes, o fuerzas aliadas que llevaban a cabo hostilidades contra los
Estados Unidos o sus aliados.” Al respecto de esos “individuos bajo su
jurisdicción,” este es el poder delegado en el Presidente en la siguiente
sección, (c):
(c) Disposición
bajo la ley marcial. - La disposición de una persona bajo ley marcial como se
describe en la subsección (a) puede incluir lo siguiente:
1. Detención bajo la ley marcial sin
juicio hasta el fin de las hostilidades autorizadas por la “Autorización
del uso de la Fuerza Militar”.
No puede estar más claro dentro de los límites del inglés, que esta reforma
regula la potestad para detener indefinidamente. Expresamente capacita al
presidente – con respecto a cualquiera acusado
de los actos de la sección (b) – para detenerles “sin juicio o hasta que
terminen las hostilidades.” Esta es la verdadera definición de “detención
indefinida”, y no podría ser más claro que el estatuto regula este poder.
Cualquiera que diga que esta reforma no regula la detención indefinida debería
ser obligado a explicar cómo pueden afirmar eso ante algo que está más claro
que el agua.
Es verdad, como he señalado repetidamente, que tanto las administraciones
de Bush como las de Obama han sostenido que la AUMF del 2001 implícitamente
(o sea, en silencio) ya otorga al Presidente la potestad para detener
indefinidamente, y prestigiosos tribunales después del 11 de septiembre han
aceptado ampliamente esta visión (igual que el Departamento de Justicia durante
Bush defendió que el AUMF del 2001 implícitamente
(o sea, en silencio) les permitió hacer escuchas ilegales a americanos sin las
garantías requeridas por ley). Eso es por lo que la “Ley de autorización de
Defensa Nacional” (NDAA por sus siglas en inglés) puede afirmar que no se
pretende expandir la AUMF del 2001 mientras se está consiguiendo exactamente
eso: porque la interpretación ejecutiva y judicial dada al AUMF del 2001 es ya
mucho más amplia que lo que su texto indica.
Pero esta es la primera vez que esta autoridad para detener indefinidamente
está siendo expresamente expuesta en un estatuto (no hay ni una palabra sobre
la autoridad para detener en la AUMF del 2001). De hecho, como la ACLU y los
Observadores de Derechos Humanos (HRW por sus siglas en inglés) indicaban, es
la primera vez que tales poderes están siendo plasmados en un estatuto desde la
ley de Seguridad Interna de McCarthy en 1950, sobre lo que ya
escribí.
Segundo mito: La reforma no aumenta el
objetivo de la Guerra contra el Terror tal como se define en la AUMF del 2001.
Este mito es muy fácil de desmontar. El objetivo de la guerra, tal como se
define en el original AUMF del 2001 era, al menos con respecto a esta nueva
reforma, bastante específico y concreto. Aquí está todo el texto original del
AUMF en el que se regulaban las facultades:
(a) EN GENERAL- Que el Presidente está autorizado para usar toda la fuerza
necesaria y apropiada contra todas aquellas naciones, organizaciones o personas
que él determine que hayan planeado, autorizado, cometido o ayudado a los ataques terroristas que ocurrieron el 11
de septiembre de 2001, o dado refugio tales organizaciones o personas, de manera
que se pueda prevenir en el futuro actos de terrorismo internacional contra los
Estados Unidos por dichas naciones, organizaciones o personas.
Bajo el claro lenguaje de la AUMF del 2001, la autorización al Presidente
para el uso de la fuerza estaba explícitamente confinado a aquellos que (a)
ayudaron a perpetrar el ataque del 11/9 o (b) albergaron a los responsables.
Eso es todo. Ahora miren qué amplia es la NDAA con respecto a quién puede ser
objetivo:
(b) Personas amparada. – Una persona amparada
bajo esta sección es cualquier persona como sigue:
(1) Una persona que planeó, autorizó, cometió
o ayudó a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001,
o albergaron a los responsables de esos ataques.
(2) Una persona que formó parte o sustancialmente apoyó a
al-Qaeda, los talibanes, o fuerzas asociadas que están implicadas en
hostilidades contra los Estados Unidos o sus aliados, incluyendo cualquier
persona que ha cometido un acto beligerante o directamente ha apoyado tales
hostilidades en ayuda a dichas fuerzas enemigas.
La sección (1) es básicamente una reproducción de la AUMF del 2001. Pero la
sección (2) es una adición totalmente nueva. Permite al presidente señalar como
objetivo no sólo a aquellos que ayudaron a cometer los ataques del 11/9 o a los
que los acogieron, sino también: a cualquiera que “apoya sustancialmente” tales grupos y/o a “fuerzas relacionadas.” Esos son términos extremadamente
vagos, sujetos a niveles de abuso amplios y obvios, (ver lo que el profesor de
derecho Jonathan Hafetz me
dijo en una entrevista la semana pasada sobre los peligros de tales
términos). Esta es una importante escalada legal de la Guerra contra el Terror
y la autoridad del presidente bajo la misma, y ocurre más de 10 años después
del 11/9, con Osama bin Laden muerto, y con el gobierno de EEUU jactándose
de que prácticamente todos los líderes de Al Qaeda han sido eliminados y la
organización original (la acusada de perpetrar el ataque del 11/9) se ha vuelto
inoperable.
Es verdad que tanto la administración de Bush como la de Obama han estado
mucho tiempo discutiendo que el original AUMF debería ser ampliamente
“interpretado” para que así se autorice el uso de la fuerza contra un abanico
más amplio de individuos, a pesar de la total ausencia de ese lenguaje en el
original del AUMF. Así es como la administración de Obama justifica los
bombardeos que se están llevando a cabo en Yemen y Somalia y los muertos
consecuencia de ellos basados en la afirmación de que ellos apoyan a grupos ni siquiera existían en el tiempo del 11/9 –
es decir, argumentan: que esos nuevos grupos pos-11/9 que estamos señalando son “fuerzas asociadas” a Al Qaeda y los
individuos que estamos matando “apoyan de manera importante” a dichos grupos. Pero
esta es la primera vez que el congreso ha puesto sobre el papel una definición
amplia del “Enemigo en la Guerra contra el Terror”. Y lo que cualquiera tiene
que hacer para ver esto es comparar el viejo AUMF con el nuevo en la NDAA.
Mito número 3: los ciudadanos estadounidenses están excluidos de este nuevo proyecto de ley.
Esto es sencillamente falso, al menos cuando se expresa de manera taxativa
y sin salvedades. El proyecto de ley es intencionalmente confuso en esta
cuestión y esto es lo que facilita la falsedad.
Hay dos disposiciones separadas en cuanto a la detención militar
indefinida. La primera, en el apartado 1021, autoriza la detención indefinida
para las “personas afectadas por la ley”, una definición muy amplia, discutida
más arriba en el anterior punto. Y en ese mismo apartado dice que “Nada en este apartado será interpretado de
manera que afecte una ley existente o autoridad para la detención de ciudadanos
estadounidenses, extranjeros legalmente residentes en los EEUU, o cualquier
otra persona capturada o arrestada en los Estados Unidos”.
Por lo que este apartado contiene una exención con respecto a la intención
de ampliar la autoridad para detener a ciudadanos estadounidenses, pero es sólo
para la autoridad conferida por ese apartado específico. Y aún más importante,
la exclusión parece que es sólo extensivo
a los ciudadanos estadounidenses “capturados y arrestados en los Estados
Unidos” – lo que quiere decir que la autoridad para la detención indefinida
conferida en este apartado aplica a los
ciudadanos estadounidenses capturados en cualquier parte en el extranjero
(existen algunas imprecisiones
gramaticales en este punto, pero muy al final, hay un argumento válido: que
la potestad para detener a ciudadanos estadounidenses capturados en el exterior
aplica en este apartado).
Pero el siguiente apartado, Sección 1022, es otra historia. Este apartado
específicamente se ocupa de una categoría más pequeña de gente que el grupo más
amplio amparado en el 1021: a saber, cualquiera que el Presidente determine
como “un miembro de, o parte, de al-Qaeda o una fuerza asociada” y “que
participara en el proceso de planear o llevar a cabo un ataque o intento contra
los Estados Unidos o sus aliados.” Para esas personas, la sección (a) no sólo
autoriza, sino que requiere (no hay
una renuncia del Presidente), que sean mantenidos “bajo custodia militar
pendiente de disposición a la ley militar.” El título del apartado es “Custodia
militar para Terroristas de Al Qaeda extranjeros,” pero la definición de quién
está amparado no excluye a ciudadanos estadounidenses ni incluye ningún
requerimiento de extranjería.
Este apartado – 1022 – no contiene la amplia exención con respecto a los
ciudadanos estadounidenses que contiene la 1021. Sin embargo, simplemente dice
que el requerimiento de detención militar no aplica a los ciudadanos
estadounidenses, pero no excluye a los ciudadanos estadounidenses de la
autoridad, la opción, para mantenerlos bajo custodia militar. Aquí está lo que
dice:
(b) Aplicabilidad para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros legalmente residentes.
(1) Ciudadanos estadounidenses – El requerimiento para detener a una persona bajo
custodia militar en este apartado no se extiende a los ciudadanos de Estados Unidos.
La única disposición por la que los ciudadanos estadounidenses están aquí
exentos es el requisito de la
detención militar. Para extranjeros acusados de ser miembros de Al Qaeda, la
detención militar es obligada, para los ciudadanos estadounidenses, es opcional.
Este apartado no exime a ciudadanos estadounidenses de la potestad presidencial
de la detención militar: sólo del requisito de la detención militar.
El punto más importante en este tema es el mismo que se subraya en los dos
puntos anteriores: el “compromiso” alcanzado por el Congreso incluye un
lenguaje que conserva el status quo. Eso es porque la administración Obama ya
plantea que el original AUMF del 2001 los autoriza a actuar contra ciudadanos
estadounidenses (obviamente, si ellos creen que tienen la competencia
para asesinar a ciudadanos estadounidenses declarados objetivos, entonces
creen que tienen el poder para detener ciudadanos estadounidenses como
combatientes enemigos). La prueba de que esta reforma no exime expresamente a
los ciudadanos estadounidenses o aquellos capturados en suelo de EEUU es que
las enmiendas impulsadas por el senador Feinstein que se referían expresamente
a esa prerrogativa fueron rechazadas. El “compromiso” fue preservar el
status quo incluyendo la disposición de que la reforma no pretendía cambiar
nada con respecto a los ciudadanos americanos, pero eso es porque los que proponen la amplia potestad para detener
están confiados en que el status quo ya les permite tales detenciones.
Incluso si fuera verdad que esta reforma no cambia nada cuando se la
compara con cómo el brazo ejecutivo ha venido interpretando y llevando a cabo
las prerrogativas de la vieja AUMF, hay peligros y perjuicios serios por poner
todo el peso institucional y estatutario del Congreso – con patrocinadores
bipartidistas, por los Demócratas del Senado y por la mayoría Republicana en el
Cámara de Representantes bajo atribuciones previamente reclamadas y utilizadas
por el Presidente sólo. Esta codificación afianza dichas atribuciones. Como
dice la editorial del New York Times: la reforma de la ley contiene “nuevas
medidas terribles que harán la detención indefinida y los tribunales militares un parte permanente de la ley americana.”
Lo particularmente irónico (y revelador) de todo esto es que el ex abogado
de la Casa Blanca Greg Craig aseguró a Jane Mayer del New Yorker, en febrero
del 2009, que era“difícil imaginar a
Barack Obama como el primer Presidente de los Estados Unidos que introduce una
ley de detención preventiva.” Cuatro meses más tarde, el Presidente Obama
propuso exactamente dicha ley – que The New York Times describió como un
“alejamiento del modo en el que el país se ve a sí mismo, como un lugar donde
la gente en manos del gobierno puede o enfrentarse a cargos criminales o ir
libre” – y ahora él convertirá ese plan en una ley.
Este artículo apareció originalmente en Salon.
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