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Una juez federal suspende la detención indefinida de los ciudadanos bajo la NDAA

Glenn Greenwald
Global Research
22 de mayo de 2012
http://tribunahispanausa.com

Una juez del Distrito Federal del Sur de Nueva York, Katherine Forrest, recientemente nombrada, emitió (el pasado 16 de mayo) una sorprendente decisión: una que prohíbe preliminarmente la aplicación de altamente polémica y controversial detención indefinida de los ciudadanos de los Estados Unidos, que está incluida en el Acta de la Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), decretada por Congreso y firmada como ley por el presidente Obama el pasado 31 de diciembre.

La decisión tuvo lugar como parte de una demanda presentada por siete disidentes —incluyendo Chris Hedges, Dan Ellsberg, Noam Chomsky, y Birgitta Jonsdottir— que alega que la NDAA viola “el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre asociación garantizados por la Primera Enmienda, así como el derecho a un proceso judicial debido garantizado por la Quinto Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.

La decisión es una victoria contundente para los demandantes, pues rechaza cada uno de los tres argumentos del Departamento de Justicia (DOJ) de Obama: (1) A causa de que ninguno de los demandantes ha sido detenido indefinidamente, ellos aún carecen de una “situación” para desafiar el estatuto; (2) Incluso si estuvieran en dicha situación, la carencia de una inminente aplicación en contra de ellos hace que la prescripción de un alivio sea innecesaria; y (3) la NDAA no crea ninguna nueva poder de detención más allá de los ya proporcionados por el AUMF del 2001.

Miedo razonable

En cuanto al primer argumento del DOJ primer —la falta de una situación (estar arrestado, por ejemplo)— la corte encontró que los demandantes ya están sufriendo un miedo razonable de que podrían ser detenidos indefinidamente bajo la Sección 1021 de la NDAA como resultado de sus actividades protegidas constitucionalmente. Como la corte explicó (h/t Charles Michael):

    En apoyo a su moción, los demandantes afirman que el § 1021 ya ha afectado sus actividades de asociación y expresión, y continuaran afectándolos, y que el § 1021 es incierto hasta tal punto que provoca miedo de que algunas de sus actividades de expresión y asociación podrían estar sujetas a la detención militar indefinida o prolongada.

La corte encontró que los demandantes “han demostrado un miedo real de que sus actividades de expresión y asociación” podrían ser sujetos de la detención indefinida bajo ley, y que “cada uno de ellos ha propuesto evidencias concretas e incontrovertibles —no hipotéticas— de las maneras en las cuales la presencia de la legislación ha afectado ya esas actividades de expresión y asociación” (solamente como un ejemplo, Hedges presentó evidencia de que sus “actividades periodísticas anteriores referentes a ciertas organizaciones tales como al-Qaeda y el Talibán” prueban que “él tiene un real  miedo de que esas actividades lo sujetarán a la detención bajo la §1021”). Así, concluye la corte, estos demandantes tienen el derecho a desafiar la constitucionalidad del estatuto a pesar del hecho de que todavía no han sido detenidos bajo el mismo; eso es porque sus amplios poderes, amenazándolos con la detención, ya los están dañando en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Es interesante mencionar que, en este punto, la corte le dijo en varias ocasiones al DOJ que podría omitir la “situación” de los demandantes si estaban dispuestos a indicar claramente que ninguna de las conductas periodísticas y de libre discurso, en los cuales estaban involucrados los demandantes, podrían llevarlos a una detención indefinida. Pero el gobierno rechazó responder al cuestionamiento. Así, concluye la corte, los “demandantes han establecido un reclamo más que plausible de que el estatuto usurpa inorportunamente sus derechas bajo la primera enmienda”.

Estatuto incierto

Independientemente, la corte encontró que los demandantes tendrán un probable éxito en su demanda de que la NDAA viola sus derecho a un debido proceso de la quinta enmienda, porque el estatuto es tan incierto que es virtualmente imposible saber qué conducta podría estar sujeta a la detención indefinida. Específicamente, la corte se enfocó en la autorización del NDAA de detener indefinidamente no sólo a miembros de Al Qaeda, sino también a los miembros de supuestas “fuerzas asociadas” y/o cualquier persona que “apoya substancialmente” tales fuerzas, y observó:

    Los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito en su desafío a la vaguedad (de la NDAA). Los términos sobre los cuales ellos se enfocaron en la audiencia se relacionan a quién es una “persona abarcada” (por las definiciones de la ley y pueda ser arrestada) . En ese aspecto, los demandantes señalaron la carencia de la definición y la claridad con respecto a quién constituye una “fuerza asociada” y qué significa “substancialmente” o “directamente” “ayuda” a tales fuerzas o, Al-Qaeda o al Talibán…

    El gobierno fue incapaz de definir exactamente qué significa que es ”directo” o “ayuda” “substancial”…  Así, un individuo podría correr el riesgo de apoyar substancialmente o directamente a una fuerza asociada sin estar incluso enterado de que él o ella lo está haciendo.

Quizás más importante, la corte rechazó categóricamente la defensa central de la odiosa ley de la administración de Obama y de sus defensores: a saber, no hacía nada más que lo que la AUMF 2001 ya hacía y que realmente no ampliaba el poder del gobierno sobre la detención indefinida. La corte citó tres razones por las que el NDAA amplía claramente el poder de detención del gobierno más allá del AUMF 2001.

Primero, “por sus términos, el AUMF está ligado directa y únicamente a aquellos implicados en los acontecimientos del 9/11”, mientras que el NDAA “tiene una definición no específica de la persona ‘abarcada’ que alcanza más allá de los implicados en los ataques del 9/11 por sus mismos términos.” En segundo lugar, “los individuos o los grupos sujetos en el AUMF son también más específicos que aquellos en el §1021 del NDAA″; eso es porque el AUMF cubrió a aquellos “implicados directamente en los ataques de 9/11, mientras que en el §1021 [del NDAA] son grupos específicos y ‘fuerzas asociadas’”. Por otra parte, “el gobierno no ha proporcionado un sistema concreto, cognoscible de organizaciones o individuos que constituyen ‘fuerzas asociadas’, prestando una indeterminación adicional al § 1021”. Tercero, el AUMF es mucho más específico sobre cómo uno es culpable de “apoyar” a los grupos terroristas encubiertos, mientras que el NDAA es increíblemente amplio y no específico en ese aspecto, llevando así a que la corte crea que incluso las actividades legítimas podrían llevar a una persona a la detención indefinida.

Rechazo a una declaración firmada por Obama

La corte también rechazó decisivamente el argumento de que una declaración firmada del presidente Obama —expresando los límites de cómo él se prepone ejercitar los poderes de detención del NDAA— soluciona cualquiera de estos problemas. Esto es porque, dijo la corte, la declaración de firma “no indica que el § 1021 del NDAA no será aplicado al libre discurso protegido por la Primera Enmienda ni él da ninguna definición concreta a los términos vagos usados en el estatuto”.

La corte concluyó tomando nota de lo que es en verdad la naturaleza extraordinaria de su decisión, pero lo explicó esta manera:

    Esta corte está muy consciente de que una imposición preliminar a un acto del Congreso se debe hacer con gran precaución. Sin embargo, es la responsabilidad de nuestro sistema judicial proteger al público contra los actos del Congreso que infringen sobre las derechas constitucionales.

Yo he sido muy crítico de la judicatura federal en el último año debido a su vergonzosa y sumisa deferencia al poder ejecutivo en el mundo post-9/11 y, especialmente, a sus intentos de procesar a musulmanes con acusaciones de terrorismo. Pero esto es definitivamente una excepción a esa tendencia. Esta es una decisión extraordinaria y alentadora. Aunque todas las advertencias usuales se aplican: esto es solamente una decisión preliminar (aunque la juez de la corte hizo claro que ella cree que los demandantes  prevalecerán en última instancia). Ciertamente será apelado y puede ser invertido. Todavía hay otras autoridades (incluyendo AUMF) que el DOJ puede utilizar para afirmar el poder de la detención indefinida. No obstante, este es un raro y significativo límite puesto al gobierno de los EE.UU. sobre su capacidad para adquirir cada vez más amplios poderes, como la detención sin acusación, y está exactamente en los terrenos de los principios del derecho constitucional: uno que las cortes federales y la Rama Ejecutiva han estado ignorando voluntariamente en la pasada década.

Texto original:http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30910
Traducción: A. Mondragón


 

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