Guantánamo: saldo por liquidación
Alberto Piris
La Estrella Digital
22 de julio de 2009
Cuando el Gobierno de España está estudiando cómo ayudar a Obama para poner fin a esa
ignominia internacional que ha sido -y todavía es- el presidio militar de
Guantánamo, acogiendo para ello en territorio español a algunos de los allí
ahora detenidos, conviene prestar atención a todo lo relacionado con esa
peculiar cárcel.
Cuatro tunecinos y un yemení son, por el momento, los posibles huéspedes de nuestro
Gobierno, sobre los que se han difundido informaciones contradictorias. Según
una reciente encuesta, cerca de un 60% de los entrevistados españoles se opone
a la acogida de presos guantanameros. Hay quien se expresa así en la página web
de un diario nacional: "La mayoría de estos presos son [...] de países que
entrenan y exportan terroristas islámicos, que es lo mismo que delincuentes
comunes. Es por tanto a estos países donde deben volver estos vagos",
reflejando el sentir de cierta parte de la población, aunque no se entienda la
razón para tacharles de "vagos", sobre todo tras haber soportado
varios años de brutal confinamiento, ni la de equiparar a los terroristas con
delincuentes comunes, en lo que no estarán de acuerdo las fuerzas de seguridad
del Estado.
El apasionamiento, tan habitual en bastantes opinantes españoles, ciega con facilidad. No todos
los presos de Guantánamo son terroristas. Algunos han sido detenidos
injustamente, han visto violados sus más esenciales derechos humanos y han
sufrido la humillación y la violencia de la tortura. Tal es el caso del
ciudadano británico Binyam Mohamed. Apresado en Pakistán en el 2002, fue
entregado primero a Marruecos, luego enviado a Afganistán y por último
encerrado en Guantánamo. Cabe sospechar que en ninguna de las escalas
intermedias fue objeto de las atenciones que los convenios de Ginebra exigen
tener con los prisioneros de guerra.
Sin pruebas que pudieran fundamentar una acusación, fue liberado tras siete años de
cautiverio y retornó al Reino Unido en febrero pasado. Ahora ha iniciado un
proceso legal para obtener las pruebas de su tortura. Consisten éstas en unas
fotografías que le hicieron, tras ser apaleado por sus guardianes, y que se
adhirieron a la puerta de su celda con el fin de poder identificarlo visualmente,
porque después del "interrogatorio" al que la CIA le sometió su
rostro había quedado irreconocible. Esas fotos, según la legislación de EEUU,
han de ser destruidas, junto con las demás pruebas presuntamente acusatorias,
desde el momento en que el detenido es puesto en libertad sin cargos.
Mohamed desea recuperar esas fotografías para demostrar que fue torturado, lo que se niega
oficialmente, y demandar a EEUU por los delitos de tortura y detención ilegal.
Las fotos fueron tomadas en el año 2006: "... tras haberme pateado y
golpeado, los guardianes me retorcieron los brazos esposados. Abrieron mis
puños cerrados doblando hacia atrás los dedos, uno a uno". Le
fotografiaron cuando estaba tendido en el suelo e inmovilizado por los
vigilantes: "Me arrojaron a mí y a mi Corán contra la valla. Cuando
protesté, volvieron a hacerlo. Entonces me encadenaron a una silla y me
cortaron la mitad de la barba. Luego me humillaron con una 'búsqueda en la
cavidad anal', cuando era evidente que yo nada podía ocultar allí".
Mohamed razona así su empeño: "Las autoridades han negado sistemáticamente que yo
haya sido torturado, y por eso deseo recuperar las fotografías para demostrar
que yo digo la verdad y ellos mienten".
Otro que demandará a EEUU por haber sufrido detención ilegal y torturas es un periodista
de la cadena Al Yazira, con el apoyo de la organización "Centro de
Justicia de Guantánamo", creada en Ginebra (Suiza) por antiguos
prisioneros de la base estadounidense. En el diario británico The Guardian
se explica que las acciones legales contra los antiguos miembros del Gobierno
de Bush se inspiran en la causa abierta por Baltasar Garzón contra Augusto
Pinochet, por el presunto asesinato de españoles en Chile durante su dictadura.
El hito que esto supuso en la práctica jurídica internacional no podrá ser
olvidado fácilmente, por molesto que resulte para algunos gobernantes de
sinuosa moral.
Aunque Obama, poco después de asumir la presidencia, firmó una orden paralizando los juicios
contra los detenidos en Guantánamo, éstos han continuado. Desarrollados por las
llamadas "Comisiones militares", se han disfrazado bajo el nombre de
"audiencias administrativas", como la que tuvo lugar la semana pasada
para procesar a cinco sospechosos de colaborar en los atentados del 11-S. Numerosos
incidentes la hicieron inútil, como cuando a un procesado le fue denegada la
petición de interrogar a uno de los testigos, al que acusaba de falsedad.
Se entiende que Obama busque ayuda en los países aliados para resolver la enrevesada
situación que heredó de su antecesor, y es también obligado que éstos busquen
el mejor modo de hacerlo, aunque sólo fuese para agradecerle que nos haya
evitado la pesadilla de una Casa Blanca encabezada por John McCain y Sarah
Palin. Pero habrá que comprobar que en este saldo por liquidación y cierre del
negocio no nos den gato por liebre.
http://www.estrelladigital.es/ED/diario/187319.asp
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