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Nada puede compararse en su monstruosidad, como comandante en jefe, con el
encarcelamiento de más 2.500 menores de edad, en general por más de un año y a
veces, durante más de cinco.
Dave Lindorff
Lunes, 2 de Jun de 2008.
Traducido del inglés para La Haine por Felisa Sastre.
Con seguridad, nada de lo que el presidente Bush ha hecho en sus dos
desgraciados mandatos- ni la invasión y destrucción de Irak; ni la abolición de
la larga tradición de cinco siglos del habeas corpus, ni su autorización y
aliento de la tortura, ni su campaña de espionaje en el interior- puede
compararse en su monstruosidad, como comandante en jefe, con el encarcelamiento
de más 2.500 menores de edad.
Según los propios datos del gobierno estadounidense, eso es lo ocurrido con
muchos chicos de 17 años, y más pequeños aún, que desde el año 2001 han estado
detenidos como “combatientes enemigos” – en general por más de un año y a veces
durante más de cinco. Al menos, ocho de esos muchachos, alguno según se sabe de
sólo 10 años, han estado prisioneros en Guantánamo.
Incluso han tenido allí un campo especial para ellos: Camp Iguana. Uno de ellos
se suicidó a los 21 años, tras cinco años de confinamiento en Guantánamo. (Es
una ironía y una tragedia que, precisamente esa víctima de la política criminal
del presidente, había sido declarada inocente por el Pentágono sólo dos semanas
antes de que se quitara la vida, pero nadie se molestó en comunicarle que iba a
ser liberado e iba a volver a su país, Afganistán.
Digo que el comportamiento de Bush es criminal porque desde 1949, y según las
Convenciones de Ginebra, firmadas y aceptadas por Estados Unidos, e
incorporadas al ordenamiento legal estadounidense, los muchachos menores de 15
años son considerados “personas protegidas”, e incluso si son capturados en
combate contra las fuerzas estadounidenses deben ser considerados víctimas y no
soldados. En 2002, el gobierno Bush firmó y puso al día ese tratado, elevando
la edad de las “personas protegidas” hasta los 18 años.
Los tratados no significan nada para este presidente, para el vicepresidente o
para el resto del Gobierno, pero deberían significar algo para todos nosotros.
Pero capturar y encarcelar a muchachos no es el peor de los crímenes de guerra
de este presidente cuando se trata del abuso de menores. Bajo el liderazgo de
Bush como comandante en jefe, el ejército estadounidense en Irak y Afganistán
ha estado considerando a cualquier niño iraquí a partir de los 14 años
potencial combatiente y lo ha tratado de acuerdo con ello: las tropas
estadounidenses los han tiroteado, encarcelado y sometido a tortura como
“combatientes enemigos”.
En el asalto a Faluya de los marines en 2004, los hechos fueron incluso peores.
Dexter Filkins, periodista del New York Times, informó de que antes de aquel
ataque, unos 20.000 marines cercaron la ciudad condenada, a la que la Casa
Blanca había decidido arrasar por ser refugio de un grupo de la resistencia que
había indignado a la opinión pública estadounidense al capturar, matar y
mutilar los cuerpos de cuatro mercenarios que trabajaban para las tropas de
EE.UU.
Los residentes de la ciudad de 300.000 habitantes fueron alertados del ataque
feroz y se permitió a las mujeres, niños y ancianos abandonar la ciudad y
atravesar el cordón de tropas. Pero Filkin informó de que a los varones
considerados en “edad de combatir”, que en este caso se estableció a partir de
los 12 años se les prohibió salir, y se les obligó a volver a la ciudad para
afrontar su destino.
En la carnicería que siguió, a causa de las bombas estadounidenses, el napalm,
el fósforo, las armas de fragmentación antipersona y una inimaginable cantidad
de ametralladoras y armas ligeras desplegadas contra la ciudad, está claro que
muchos de aquellos jóvenes murieron.
Aquello fue un triple crimen. En primer lugar, fue una caso de castigo
colectivo- una extendida práctica de los nazis en la Segunda Guerra Mundial,
prohibida por las Convenciones de Ginebra. La legislación internacional, así
mismo, garantiza el derecho a rendirse, de manera que a aquellos hombres y
muchachos que intentaban salir de la ciudad, incluso aunque se sospechara que
fueran combatientes enemigos, se les debería haber permitido rendirse y
haberlos mantenido prisioneros hasta que se pudiera establecer su inocencia.
Los menores de edad, por su parte, eran “personas protegidas” para las que la
ley estipula que sean tratados como víctimas de guerra y protegidas de todo
daño.
Pero fueron tratados con enemigos que había que destruir. Por esos crímenes, el
presidente debería ser procesado por el Congreso y comparecer ante un tribunal
como criminal de guerra.
Pero tras ver cómo este Congreso declina su responsabilidad de defender la
Constitución, tengo pocas esperanzas en que vaya a hacerlo. Pero no pierdo la
ilusión de que, una vez que Bush abandone la presidencia, algún juez de otro
país- quizás, España o Canadá o Alemania- haga uso de la doctrina de la
jurisdicción universal para acusarle de crímenes de guerra, y si abandonara el
país para dar alguna lucrativa conferencia, ordene su arresto, como ocurrió con
el ex dictador Augusto Pinochet, detenido a petición de un juez español
mientras visitaba el Reino Unido.
Por sus abusos, encarcelamiento y asesinato de niños, este presidente debería
comparecer ante un tribunal acusado de crímenes de guerra.
Dave Lindorff, es un periodista de Filadelfia. Su último libro es “The Case for
Impeachment” (St. Martin’s Press, 2006). Su obra es
accesible en www.thiscantbehappening.net.
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