Guerra contra terrorismo: revelaciones y debate por investigaciones en EEUU
13/02/2009
Varias organizaciones estadounidenses publicaron cientos de páginas de documentos
revelando de nuevo la implicación del Pentágono en los excesos de la guerra
contra el terrorismo de George W. Bush y alimentando el debate sobre la
búsqueda de responsabilidades penales.
Tras más de cuatro años de esfuerzos jurídicos, el Centro para los derechos constitucionales,
Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Humanos de la Universidad
de Nueva York obtuvieron cientos de páginas de documentos oficiales gracias a
la ley estadounidense sobre libertad de información (FOIA).
Estos documentos confirman la existencia de prisiones secretas de la CIA en Irak y Bagram, en
Afganistán.
También muestran los lazos del Pentágono con la CIA en el "programa secreto de detención,
transferencia y tortura", del cual el ex presidente estadounidense George
W. Bush reconoció la existencia en 2006.
Por ejemplo, el Pentágono no registraba a sus prisioneros para que un tribunal militar decida
si su detención era legítima hasta 14 días después de su arresto, dejándoles en
un vacío jurídico durante ese tiempo.
Por otra parte según un correo interno fechado el 17 de febrero de 2006, una transferencia de
detenidos a la prisión de la base naval de Guantánamo fue retrasada 45 días
para que "las cosas se calmen, sino los detenidos podrían ser recibidos
como héroes a su llegada".
A propósito de ese correo, un portavoz del Pentágono, Jeffrey Gordon, estimó el jueves que esto
"no corresponde a la política oficial del Departamento de Defensa",
ya que forma parte de un proceso de comunicación interna.
Durante una conferencia de prensa, las tres organizaciones recordaron que estos documentos
no eran más que "la punta del iceberg".
"Queremos saber quién sabía qué de este programa y cuando, quién autorizó qué y cuando, y
queremos también saber quien desapareció en el marco de este programa",
declaró Margaret Satterthwaite, directora del Centro para los Derechos Humanos
de la Universidad de Nueva York.
Por su parte la ACLU, organización de defensa de las libertades civiles, obtuvo, también por la
ley FOIA, documentos que atestiguan la existencia de investigaciones del
Departamento de Defensa sobre torturas, malos tratos y a veces muertes de
detenidos durante interrogatorios en Bagram y en varias prisiones de Irak.
El comportamiento del personal militar era "claramente excesivo y no conforme a las reglas
de interrogatorio en vigencia", asegura el Pentágono en un reporte.
Estas revelaciones, que se suman a varias ya conocidas, surgen cuando un sondeo publicado el jueves
en el periódico USA Today muestra que dos tercios de los estadounidenses están
a favor del inicio de una investigación criminal, realizada por una comisión
independiente.
Se trata de determinar responsabilidades en el seno de la administración Bush en la
práctica de tortura, las escuchas telefónicas sin autorización judicial tras
los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sobre la utilización del Departamento
de Justicia con fines políticos.
"Si se cometieron crímenes, y hay abundancia de pruebas, entonces las personas que
cometieron esos crímenes deberían ser llevados a la Justicia, es tan simple
como eso", estimó Michael Ratner, presidente del Centro para los derechos
constitucionales en un comunicado.
El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama repitió a la prensa: "mi posición
general es de decir: (...) demos vuelta la página", pero no lanzó
investigaciones judiciales en casos de crímenes comprobados.
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