Por qué llevo a los tribunales a Barack Obama
Chris Hedges
20 de enero de 2012
En mi nombre, el viernes último, y ante la Corte de los Estados Unidos del Distrito Sur de la
Ciudad de New York, los abogados Carl J. Mayer y Bruce I. Afran accionaron mi
querella como demandante en contra de Barack Obama y el Secretario de Defensa
Leon Panetta, recusando la legalidad de la Autorización para el Uso de la
Fuerza Militar incluida en la última versión de la Ley de Autorización de la
Defensa Nacional (National Defense Authorization Act), firmada por el
presidente el 31 de diciembre.
En el Título X, Subtítulo D, con el epígrafe
"Contra-Terrorismo", la ley autoriza al ejército - por primera vez en
más de doscientos años - a ejecutar acciones de vigilancia interna. Según este
proyecto de ley, que empezará a regir desde el tres de marzo, el ejército podrá
detener indefinidamente y sin juicio a cualquier ciudadano de los Estados
Unidos bajo la sospecha de ser un terrorista o de ser cómplice del terrorismo.
Igualmente, los sospechosos podrán ser llevados por el ejército a nuestra
colonia penal de ultramar en la bahía de Guantánamo y ser retenidos allí
"hasta el final de las hostilidades". Esto es una catastrófica
cachetada a las libertades civiles.
Yo viví muchos años en países donde el ejército
tenía el poder de arrestar y retener sin cargos a los ciudadanos. He estado en
algunas de sus cárceles. He tenido amigos y colegas que han
"desaparecido" dentro de los gulags militares. He conocido las
consecuencias del poder policíaco irrestricto de aplastar que se le ha dado a
las fuerzas armadas de algunas naciones. Y aunque mi batalla parecerá
quijotesca, es una que debe llevarse a cabo si es que tenemos alguna esperanza
de sacar al país del fascismo corporativo.
La sección 1031 del proyecto de ley define a una
"persona encubierta" - un sujeto para el arresto - como "una
persona que fue parte de o haya apoyado substancialmente a al-Qaeda, a los
Taliban, o a las fuerzas asociadas que estén involucradas en hostilidades en
contra de los Estados Unidos o de sus socios de coalición, e incluye a
cualquier persona que haya cometido un acto de beligerancia o haya apoyado
directamente las hostilidades en auxilio de dichas fuerzas enemigas".
El proyecto de ley, sin embargo, no define los términos
"haya apoyado substancialmente", "haya apoyado
directamente" o "las fuerzas asociadas".
Regularmente tuve encuentros con líderes de
Hamas y de la Jihad Islámica en Gaza. En Túnez, tuve por costumbre visitar a
los líderes de la Organización de Liberación de Palestina, incluyendo a Yasser
Arafat y a Abu Jihad, cuando eran estigmatizados como terroristas
internacionales. En Irán, pasé el rato con la Guardia Revolucionaria, y con los
combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak
y en el sureste de Turquía. Todas estas entidades fueron o están etiquetadas
como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué
estará diciendo este proyecto de ley acerca de si se ha estado en el lugar
cuando - en los 80 - yo y otros gringos hicimos giras al lado de las unidades
armadas de los sandinistas en Nicaragua y de las guerrillas del Frente de
Liberación Nacional Farabundo Martí de El Salvador? ¿Qué dirá de aquellos de
nosotros que estuvimos con los insurgentes sureños durante la guerra civil de
Yemen o con los rebeldes del sur de Sudán? Más veces de las que puedo contar,
he cenado con personas a las que se les pone el sello de terroristas en nuestro
país. Pero eso no me convierte en uno.
Una vez que un grupo esté señalado de ser una
organización terrorista, sea este una asociación de caridad palestina o un
elemento del movimiento independentista uighur, el ejército, según este
proyecto de ley, podrá arrestar al ciudadano estadounidense que haya apoyado a
las asociaciones de caridad relacionadas con el grupo o que, sin saberlo, haya
enviado dinero o suministros médicos a grupos de fachada. Ya hemos visto la
persecución y clausura de organizaciones islámicas de caridad que apoyaban a
los palestinos. Ahora los miembros de estas organizaciones pueden ser tratados
como portadores de la tarjeta de "terroristas" y enviados a
Guantánamo.
Pero yo sospecho que el verdadero propósito de
este proyecto de ley es silenciar a los movimientos internos, nacionales, que
amenazan al estado corporativo. La definición de un terrorista es tan
insubstancial bajo la Ley Patriota (Patriot Act) que, probablemente, hay
unos cuantos millones de estadounidenses que califican para ser investigados o
encerrados. Considere usted los criterios arcanos que pueden convertirlo en
sospechoso dentro de nuestro nuevo estado militar-corporativo. El Departamento
de Justicia lo considerará digno de ser investigado si usted ha perdido unos
cuantos dedos, si usted tiene municiones a prueba de agua, si usted es dueño de
armas de fuego o si usted tiene almacenados en su casa alimentos para más de
siete días. Añadir unas cuantas tácticas obstruccionistas del movimiento Ocupad
a esta lista, sería un procedimiento sin cosidos. Por puro capricho del
ejército, un sospechoso de ser "terrorista" que, ciertamente, también
es ciudadano estadounidense, podría sufrir una extraordinaria capitulación: Ser
secuestrado y abandonado para que se pudra en uno de nuestras zonas de
conflicto "hasta que finalicen las hostilidades". Puesto que se trata
de una guerra interminable, la estadía sería muy larga.
Esta demencial "guerra contra el
terror" es tan indefinida y vaga como lo puede ser un conflicto en
cualquier estado totalitario. Disentir está incrementalmente considerado como
traición. Los enemigos supuestamente acechan en cada una de las organizaciones
que no canten los mantras patrióticos conque el estado les ha provisto. Y este
proyecto de ley está alimentando la paranoia estatal. Expande nuestra
permanente situación de guerra a todo los puntos del globo. Borra las
libertades constitucionales fundamentales. Ello significa que ya no podemos por
más tiempo describir nuestro sistema político con la palabra
"democracia".
El agachado y cobarde Partido Demócrata, que
habría fingido indignación si George W. Bush hubiese puesto en vigor esta ley,
se manifiesta voluntarioso, una vez más, para concederle el boleto a Obama. Lo
que él ha hecho es imperdonable, inconstitucional y excesivamente peligroso. La
amenaza y alcances de al-Qaeda - que yo estuve cubriendo en Europa y el Medio
Oriente para The New York Times - son marginales, pese a los ataques del 9/11.
El grupo terrorista no plantea una amenaza existencial para la nación. Está tan
desestabilizado y fraccionado que casi no funciona. Osama bin Laden fue muerto
a balazos por comandos y su cuerpo arrojado al océano. Incluso el Pentágono
dice que la organización está mutilada. ¿Por qué, entonces, una década después
del inicio de la llamada guerra contra el terror, hay necesidad de que estas
medidas draconianas se pongan en vigencia? ¿Por qué ahora los ciudadanos
estadounidenses necesitan ser específicamente singularizados mediante la
detención militar y la negación del debido proceso cuando ya, según la
Autorización del Uso de la Fuerza Militar del 2001, el presidente puede - en
apariencia - encontrar la cobertura legal para servir de juez, jurado y verdugo
en la muerte de ciudadanos estadounidenses, tal como lo hiciera con el
asesinato del clérigo Anwar al-Awlaki en Yemen? ¿Por qué es necesario este
proyecto de ley cuando el gobierno rutinariamente ignora nuestros derechos de
la Quinta Enmienda - "Ninguna persona será privada de la vida sin el
debido proceso de ley" - al igual que el derecho a la libre expresión de
la Primera Enmienda?
El miedo es el arma de poder preferido por los regímenes totalitarios. Siembra
el miedo entre las gentes. Oblígales a deponer sus derechos en nombre de la
seguridad nacional. Y luego liquida a los pocos que no estén suficientemente
atemorizados. Si esta ley no fuere revocada, nada nos hará diferentes de
cualquier dictadura militar. Su aplicación será un gigantesco salto hacia
adelante para las oligarquías corporativas que planean continuar con el saqueo
de la nación, utilizando al estado y a la seguridad militar para intimidar a
sus habitantes hasta el sometimiento total.
La parte más extraña de esta legislación es que el FBI, la CIA, el director de inteligencia nacional, el Pentágono y el Fiscal
General no la apoyan. El director del FBI Robert Mueller dijo que lo que él más
teme, en verdad, del proyecto de ley es que obstaculizaría la habilidad de la
oficina en la investigación del terrorismo, porque haría más difícil la
cooperación de los sospechosos retenidos por el ejército. "La posibilidad
hace más factible el que perdamos la oportunidades de conseguir la cooperación
de personas que en el pasado fuimos exitosos en ganar limpiamente",
manifestó ante el Congreso.
Pero, comoquiera que sea, la legislación se hizo. Y yo sospecho que se hizo porque las
corporaciones, viendo el malestar en las calles, sabiendo que las cosas se
pondrán peores y alarmadas porque el movimiento Ocupad se hará más grande, ya
no confían en que la policía las proteja. Lo que buscan es la competencia de
invocar al ejército. Y ahora ellas pueden.
- Traducción: Orontes H. Solís
Al original del artículo y al facsímil
de la querella, en inglés ambos, con este enlace http://www.truthdig.com/report/item/why_im_suing_barack_obama_20120116/
El columnista Chris Hedges escribe regularmente para
Truthdig.com. Hedges se graduó en Harvard Divinity School y por casi dos
décadas fue corresponsal extranjero de The New York Times. Es autor de muchos
libros, que incluyen: War Is A
Force That Gives Us Meaning, (La guerra es una fuerza que nos da
significado), What Every Person Should Know About War (Lo que toda persona debe saber de la guerra),
y American Fascists: The Christian Right and the War on America (Fascistas gringos: La derecha
cristiana y la guerra en los Estados Unidos). Su libro más reciente es Empire of Illusion: The End of
Literacy and the Triumph of Spectacle (El imperio de la ilusión: El fin del alfabetismo y el triunfo del espectáculo).
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