Hospital en líos por ‘deportar’ a paciente
Ha sido demandado por un pariente del joven guatemalteco que recibía atención en Florida
Luis Jiménez, en una imagen de 2003, cuando era atendido en el Martin Memorial Medical
Center, de Florida, por lesiones cerebrales tras un accidente. [Foto: AP]
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STUART, Florida.— Todos concuerdan en un aspecto del extraño caso de un paciente guatemalteco con
graves lesiones cerebrales que fue deportado secretamente por un hospital del
sur de Florida.
Temprano en una mañana de julio de 2003, el Martin Memorial Medical Center colocó a Luis
Jiménez, de 37 años de edad, en un avión alquilado y lo envió de vuelta a
Guatemala, sin avisarle a sus parientes de Estados Unidos ni a las autoridades
guatemaltecas. Ni siquiera al custodio legal del centroamericano, que intentó
desesperadamente impedir el traslado.
A partir de ese momento, todo se complica. El custodio, un primo de Jiménez, demandó al
hospital, al que acusa de haber deportado al enfermo, quien estaba en el país
ilegalmente. El hospital, que gastó más de un millón y medio de dólares en la
atención de Jiménez durante tres años, afirma que el paciente quería volver a
su país.
El tema de fondo es qué debe hacer un hospital con un paciente que requiere atención a largo
plazo, que no tiene medios para cubrir los gastos ni tiene acceso a beneficios
del gobierno por ser indocumentado. El caso es seguido de cerca por expertos en
cuestiones de salud y de inmigración, pues podría establecer importantes
precedentes. Los abogados de Jiménez dicen que ésta podría ser la primera vez
que se ventila un caso de este tipo.
Al presentar sus argumentos finales en el juicio, el abogado de Gaspar y Jiménez dijo ayer que
el hospital envió al paciente de regreso a Guatemala para detener lo que
hubiese sido un proceso de apelación largo y costoso.
El plan fue diseñado para de una sola vez "detener los gastos... para parar el caso antes de
que llegase hasta la Suprema Corte, pues Luis Jiménez ya no estaba", dijo
Jack Hill ante una corte atestada de gente en Stuart, un poblado tranquilo en
el sur de Florida, justo al norte de la exclusiva comunidad de Palm Beach.
Scott Michaud, el abogado del hospital, dijo que la institución quedó en una situación muy
difícil, pero que al final fue un juez y no el hospital el que decidió que
podían enviar a Jiménez de vuelta a Guatemala. Michaud agregó que el centro
médico le salvó la vida a Jiménez y le proporcionó atención médica gratuita
durante tres años, sólo para terminar siendo demandado injustamente.
"Llamando a Alicia en el país de las Maravillas, donde arriba es abajo y abajo es arriba, y
las buenas obras son castigadas", dijo el abogado ayer.
El caso de Jiménez también invita a preguntarse quién debe decidir cuándo deportar a
alguien, si el hospital o una corte. Este poder ha sido ejecutado por el
gobierno federal por mucho tiempo.
"Sea cual sea la decisión [de la corte], hará que los hospitales de todo el país estén
más pendientes. La próxima vez que consideren enviar a un paciente a otro país,
van a tener que pensar bien las cosas porque podrían exponerse a demandas y cuestionamientos",
declaró Steve Larson, subdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Pennsylvania y director de una clínica sin fines de lucro que atiende a
inmigrantes hispanos.
Linda Quick, presidenta de la Asociación de Hospitales y Centros de Salud del Sur de Florida
(South Florida Hospital & Healthcare Association), sostuvo que los
hospitales podrían mostrarse renuentes a ofrecer atención prolongada a
inmigrantes que no tienen seguro médico.
Los hospitales ya atienden a unas 47 millones de personas sin seguro. Se calcula que los
indocumentados representan un 15% de esa cifra, según el Centro Hispano Pew.
"Seguramente seguirán las recomendaciones de los médicos, pero buscarán formas de darlo de
alta", señaló.
EL ACCIDENTE
Luis Jiménez fue sacado de
EEUU hacia Guatemala en un avión, alquilado por el hospital donde convalecía en
Florida.[Foto: AP] |
Jiménez vino a Estados Unidos a trabajar como jornalero y enviaba dinero a su esposa e hijos
en Guatemala. En el año 2000, un conductor ebrio estrelló su vehículo contra la
camioneta que manejaba el guatemalteco y lo dejó parapléjico. Estuvo más de un
año en estado vegetativo, hasta que comenzó a mostrar síntomas de recuperación,
alcanzando un nivel cognitivo de cuarto grado. El hospital lo envió a un centro
de atención a largo plazo, pero el paciente regresó al hospital porque
necesitaba más cuidados. El nosocomio consiguió entonces una carta del
Ministerio de Salud guatemalteco, según la cual ese país estaba en condiciones
de hacerse cargo de Jiménez, y lo envió de vuelta a su patria.
Dado que Jiménez no estaba en condiciones de tomar decisiones, su primo Gaspar Montejo fue
designado su custodio. Montejo apeló el fallo de un juez que aprobó el
traslado. Un tribunal de apelaciones anuló ese fallo, dictaminando que los
juzgados estatales no pueden decidir casos de inmigración. A esa altura, sin
embargo, Jiménez ya se encontraba en Guatemala, con su madre, en una casa de un
ambiente en el estado de Huehuetenango, a 12 horas de auto de la capital. No
hay calles pavimentadas en la zona, por lo que a la madre le resultará
imposible conseguir ayuda en casos de emergencia.
Un sacerdote católico de Florida que visitó a Jiménez en Guatemala describió así su
situación en un correo electrónico a la AP: "Estaba limpio, contento de
recibir mi visita y por momentos hizo comentarios sensatos", señaló el
reverendo Frank O’Laughlin. "Parecía estar cooperando con la persona que
lo cuida y que sobrevivirá, por lo menos hasta que sufra su primera
neumonía".
O’Laughlin dijo que no estaba seguro de si lo mejor sería que Jiménez fuese traído de vuelta
"para recibir atención médica de extraños en la Florida".
Pero considera que la demanda es importante porque no se puede permitir que los hospitales
deporten a la gente.
El sacerdote y Larson afirman que un país que depende de una fuerza laboral extranjera barata
para todo, desde la agricultura hasta la confección de ropa y la construcción,
debe tomar previsiones para responder a lesiones catastróficas sufridas por
quienes ofrecen esos servicios básicos. Esos gastos, dicen, deben ser cubiertos
por el empleador o por hospitales públicos.
Carla Luggiero, directora adjunta de la Asociación Nacional de Hospitales (American Hospital
Association), destacó que los casos como el de Jiménez son poco frecuentes y
que la mayor parte de las veces los hospitales y las familias consiguen
tratamientos aceptables. Acotó que las familias rara vez cuentan con un abogado
que las representa, sin cobrar, como ocurre con Jiménez.
"Es un tema muy complejo. Sin llegar a la repatriación, el tema de
los indocumentados es una granada, lo mismo que su atención médica",
manifestó Larson. "Cuando se los combina, es un asunto muy delicado".
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