Estados Unidos debe investigar a Bush y a otros altos funcionarios por torturas
Indagar sobre solo dos muertes bajo custodia de la CIA es insuficiente
HRW
11 de julio de 2011
George Bush
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Donald Rumsfeld
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Dick Cheney
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George Tenet
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Torturas
impunes - Resumen, Recomendaciones
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Getting Away with Torture
Hay razones sólidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por
autorizar actos de tortura y crímenes de guerra. El presidente Obama ha
considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en
lugar de crímenes. Su decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos
podría ser revertida fácilmente, a menos que se restablezca claramente la
prohibición legal contra la tortura.
Kenneth Roth, director ejecutivo
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(Washington, DC)
- Las pruebas contundentes que implican al gobierno de Bush en torturas obligan
al presidente Barack Obama a ordenar una investigación penal de las denuncias
sobre abusos a detenidos autorizados por el ex presidente George W. Bush y
otros altos funcionarios, señaló Human Rights Watch en un informe que se
divulgó el día de hoy. El gobierno de Obama no ha cumplido las obligaciones
asumidas por Estados Unidos, conforme a la Convención contra la Tortura, de
investigar actos de tortura y otros malos tratos a detenidos, afirmó Human
Rights Watch.
El informe de 107
páginas, "Getting Away with
Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees"
["Torturas
impunes: El gobierno de Bush y el maltrato de detenidos"], presenta
suficiente información para justificar una investigación penal de Bush y varios
altos funcionarios de gobierno, incluidos el ex vicepresidente Dick Cheney, el
secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Director de la CIA George Tenet, por
haber ordenado prácticas como asfixia por inmersión (waterboarding),
el uso de cárceles secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países donde
fueron torturados.
"Hay razones solidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por autorizar actos de
tortura y crímenes de guerra", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de
Human Rights Watch. "El presidente Obama ha considerado estos actos de
tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes. Su
decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos podría ser revertida
fácilmente, a menos que se restablezca claramente la prohibición legal contra
la tortura".
Human Rights Watch señaló que si el gobierno de Estados Unidos no impulsa
investigaciones penales creíbles de estos hechos, otros países deberían juzgar
a los funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos, de
acuerdo a la legislación internacional.
"Estados Unidos tiene una obligación jurídica de investigar estos
delitos", afirmó Roth. "Si no toma medidas al respecto, otros países
deberían hacerlo".
En agosto de 2009, el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder,
designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso
de detenidos, pero limitó la indagación a los actos "no autorizados".
Como resultado, la investigación podría no examinar actos de tortura, como las
prácticas de asfixia por inmersión, ni otros malos tratos autorizados por
abogados del gobierno de Bush, pese a que estos actos son contrarios al derecho
interno e internacional. El 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de
Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo
custodia de la CIA ocurridas, según informes, en Irak y Afganistán. Human
Rights Watch dijo que el limitado alcance de la investigación de Durham no
aborda la naturaleza sistemática de los abusos.
"El patrón de abusos del Gobierno de Estados Unidos a lo largo de varios países no fue el
resultado de acciones de individuos que rompieron las reglas", dijo Roth.
"Fue consecuencia de decisiones hechas por altos funcionarios
estadounidenses que decidieron estirar o ignorar las reglas"
Con respecto a los cuatro máximos funcionarios del gobierno de Bush, Human Rights Watch
expresó lo siguiente:
El presidente Bush admitió públicamente haber aprobado en dos oportunidades el uso
de prácticas de asfixia por inmersión, que consisten en someter a una persona a
un simulacro de ejecución por ahogamiento, y que tradicionalmente han estado penadas
en Estados Unidos como una forma de tortura. Bush también autorizó los
programas secretos de detención y entregas extraordinarias de la CIA, que
permitían mantener incomunicados a los detenidos y, en muchos casos,
trasladarlos a países como Egipto y Siria, donde posiblemente serían
torturados.
El vicepresidente Cheney fue el impulsor de la adopción de políticas ilícitas
sobre detención e interrogatorios, y presidió varias reuniones claves en las
cuales se discutieron operativos específicos de la CIA, como la decisión de
someter a asfixia por inmersión a un detenido, Abu Zubaydah, en 2002.
El secretario de Defensa Donald Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales
durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al-Qahtani,
sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en
Guantánamo que, considerados en conjunto, podrían ser considerados actos
torturas.
El director de la CIA George Tenet autorizó y supervisó el uso por parte de la CIA de
prácticas de asfixia por inmersión, posturas obligadas que causan estrés,
hostigamiento con fuertes ruidos y luces, privación del sueño y otros métodos
abusivos durante los interrogatorios, además del programa de entregas
extraordinarias de la CIA.
En entrevistas con los medios de comunicación, Bush ha intentado justificar su decisión de
autorizar las prácticas de asfixia por inmersión y señaló que abogados del
Departamento de Justicia habían afirmado que eran lícitas. Si bien Bush debería
haber advertido que las prácticas de asfixia por inmersión constituyen torturas
sin necesidad de consultar a un abogado, existe también información
significativa que indica que altos funcionarios gubernamentales, entre ellos
Cheney, intentaron influir en la opinión de los abogados, señaló Human Rights
Watch.
"Los más altos funcionarios del gobierno de Bush no deberían armar a medida y elegir las
opiniones legales según su conveniencia, y luego ampararse en tales opiniones
como si hubieran sido proporcionadas en forma autónoma", indicó Roth.
Human Rights Watch también exigió que se examine penalmente el proceso de preparación de los
memorandos del Departamento de Justicia que se utilizaron para justificar el
trato ilícito dado a los detenidos.
Human Rights Watch señaló asimismo que las víctimas de tortura deberían recibir una
reparación justa y adecuada, como lo exige la Convención contra la Tortura.
Tanto el gobierno de Bush como de Obama han forzado el alcance de doctrinas
jurídicas como el secreto de Estado y la inmunidad oficial y han logrado que la
justicia penal ordinaria no examine los méritos de las denuncias sobre
torturas.
Debería crearse una comisión independiente no partidaria, similar a la Comisión del 11 de
septiembre, que examine los actos del poder ejecutivo, la CIA, las Fuerzas Armadas
y el Congreso en relación con las políticas y prácticas aplicadas durante el
gobierno de Bush que permitieron el abuso de personas detenidas, expresó Human
Rights Watch. Esta comisión debería emitir recomendaciones a fin de asegurar
que los abusos sistemáticos del gobierno de Bush no se repitan en el futuro.
En febrero de 2011, Bush canceló un viaje a Suiza, debido a que un grupo de víctimas de
torturas habrían intentado presentar una querella en su contra en ese país.
También se encuentra en curso en España una investigación para determinar la
participación de funcionarios estadounidenses en torturas. Una serie de
documentos divulgados por Wikileaks revelaron que durante el gobierno de Obama
continuaron las presiones del gobierno estadounidense para que las autoridades
españolas decidieran abandonar la investigación.
Human Rights Watch señaló que la decisión del gobierno estadounidense de no investigar la
participación de sus funcionarios en hechos de tortura y maltrato de detenidos
podría frustrar las acciones de Estados Unidos en el exterior que buscan
conseguir justicia por violaciones de derechos humanos.
"Estados Unidos hace lo correcto cuando exige que se juzguen delitos internacionales
graves cometidos en lugares como Darfur, Libia y Sri Lanka, pero no debería
aplicarse un doble criterio", indicó Roth. "Cuando el gobierno
estadounidense protege a sus propios funcionarios e impide que sean
investigados y juzgados, contribuye a que otros países ignoren los esfuerzos
internacionales por juzgar a quienes han cometido crímenes graves".
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