Irak: Ciudadanos vulnerables en riesgo
Ocho años después de la invasión
estadounidense, la vida en Irak está de hecho empeorando para las mujeres y las
minorías, mientras que los periodistas y los detenidos enfrentan a graves
violaciones de sus derechos. Hoy, Irak se encuentra en una encrucijada – o
acoge el debido proceso y los derechos humanos o se arriesga a convertirse de
nuevo en un Estado policía.
Joe Stork, subdirector de Oriente Medio de Human Rights Watch
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Ocho años después de la invasión, mujeres, periodistas, detenidos y grupos marginados siguen bajo amenaza
Human Rights Watch
21 de febrero de 2011
(Beirut) – Los derechos de los ciudadanos más vulnerables de Irak, especialmente las mujeres y
los detenidos, son frecuentemente violados con impunidad, señaló Human Rights
Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch llevó a cabo una
investigación en siete ciudades de todo el país durante 2010 y descubrió que,
más allá de la continua violencia y crímenes en Irak, los abusos contra los
derechos humanos son cotidianos.
El informe de 102 páginas, “At a Crossroads: Human Rights in Iraq Eight Years After the
US-led Invasion” (“En la encrucijada: Los derechos humanos en Irak ocho años
después de la invasión liderada por Estados Unidos”), hace un llamado al
Gobierno para que proteja los derechos de los grupos vulnerables y modifique su
código penal y demás leyes que discriminan a las mujeres y violan la libertad
de expresión. El informe también insta a Bagdad a abrir una investigación
independiente e imparcial de todas las denuncias de abusos contra detenidos,
minorías y periodistas.
“Ocho años después de la invasión estadounidense, la vida en Irak está de hecho empeorando
para las mujeres y las minorías, mientras que los periodistas y los detenidos
enfrentan a graves violaciones de sus derechos”, dijo Joe Stork, subdirector de
Oriente Medio de Human Rights Watch. “Hoy, Irak se encuentra en una encrucijada
– o acoge el debido proceso y los derechos humanos o se arriesga a convertirse
de nuevo en un Estado policía”.
La invasión de 2003 y el caos que desencadenó cobraron una enorme factura a los ciudadanos de
Irak. El deterioro de la seguridad ha hecho que reaparecieran ciertas prácticas
tradicionales de justicia y el extremismo político de carácter religioso, lo
cual ha tenido un efecto perjudicial sobre los derechos de la mujer, tanto
dentro como fuera del hogar, concluyó Human Rights Watch.
Milicias que promueven ideologías misóginas se han centrado en mujeres y niñas como blancos
de asesinato, y las intimidan para impedir que participen en la vida pública.
Cada vez más, mujeres y niñas son víctimas en sus propios hogares por lo que se
percibe como una variedad de transgresiones contra la familia y el honor de la
comunidad. El tráfico de mujeres y niñas dentro y fuera del país con fines de
explotación sexual es generalizado.
“Las mujeres y las niñas de Irak han soportado la mayor carga de este conflicto y la
inseguridad resultante”, señaló Stork. “Para las mujeres iraquíes, que
disfrutaron de algunos de los niveles más altos de protección de los derechos y
participación social en la región antes de 1991, esto supone un trago muy
amargo”.
Aunque las mejoras en seguridad han reducido desde 2008 la tasa de asesinatos de
trabajadores de los medios de comunicación, el periodismo sigue siendo una
profesión peligrosa en Irak, afirmó Human Rights Watch. Los extremistas y los
agresores no identificados matan a periodistas y bombardean sus oficinas. Cada
vez más, los periodistas se ven acosados, intimidados, amenazados, detenidos, y
físicamente asaltados por fuerzas de seguridad asociadas a las instituciones
gubernamentales o los partidos políticos. Figuras políticas de alto nivel se
apresuran a la hora de demandar a periodistas y sus publicaciones por la
aparición de artículos poco halagadores.
“Viendo lo que pasó en las calles de Egipto y Túnez, el Gobierno de Irak
debería tomar medidas significativas para proteger la libertad de expresión”,
añadió Stork.
Human Rights Watch también constató que los interrogadores iraquíes abusan
rutinariamente de los detenidos, independientemente de cuál sea su secta,
normalmente para coaccionarlos a confesar. A pesar de la existencia de un
riesgo claro de tortura, las autoridades de Estados Unidos transfirieron a
miles de detenidos iraquíes a oficiales de Irak, los cuales han perpetuado una
tradición de tortura que fue característica del régimen de Saddam Hussein y las
fuerzas de la coalición.
Si bien el Gobierno ha aprobado leyes para proteger a algunas de sus
comunidades marginadas, y en algunos casos ha establecido importantes programas
de asistencia, sigue sin atender a algunos de sus ciudadanos más vulnerables,
dijo Human Rights Watch. Los desplazados dentro del país, las minorías y las
personas con discapacidad se encuentran entre quienes enfrentan mayores
riesgos. Muchos de los programas gubernamentales de asistencia y protección son
incompletos e insuficientes para llegar a quienes más lo necesitan.
Más de 1.5 millones de iraquíes huyeron de sus barrios a medida que la
violencia sectaria destruyó sus comunidades en 2006 y 2007. Miles de personas
desplazadas internas viven ahora en asentamientos ilegales, sin acceso a
necesidades básicas como agua potable, electricidad y saneamiento adecuado,
señaló Human Rights Watch.
Grupos armados que proclaman ideologías intolerantes atacan a las comunidades
minoritarias, causando graves daños a las poblaciones indígenas de Irak y
obligando a miles de personas a huir sin planes para volver. El Gobierno no ha
logrado detener los ataques contra mandeos sabeanos, cristianos y yazidis,
entre otras minorías.
Además, los miles de amputados heridos durante los años de conflicto armado se encuentran
relegados a los márgenes de la sociedad: no pueden encontrar trabajo, recibir
atención médica adecuada, ni obtener nuevas prótesis o sillas de ruedas,
concluyó Human Rights Watch.
“El futuro de Irak como una sociedad democrática basada en el respeto de los
derechos humanos dependerá en gran parte de si las autoridades iraquíes
defenderán adecuadamente esos derechos”, señaló Stork. “Para ello, las
autoridades iraquíes necesitan establecer un sistema de justicia penal creíble
que cumpla las normas internacionales con respecto a la tortura, la libertad de
expresión y la violencia contra las mujeres y otras personas vulnerables en la
sociedad iraquí”.
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